La vicepresidenta llamó a un acuerdo interpartidario y plurisectorial sobre el dólar. Más allá de las consideraciones y elucubraciones que se pueden formular sobre el inesperado planteo –impropio de quien sistemáticamente fue reacia al diálogo-, el punto de partida es no sólo endeble, sino falaz. Porque el problema argentino no es el dólar, sino la enfermedad grave de su macroeconomía, comenzando por sus cuentas fiscales inveteradamente deficitarias. Es esa morbilidad la que nos colocó en este plano inclinado en el que penosamente nos deslizamos desde hace por lo menos medio siglo. El valor del dólar –o lo que es lo mismo, el disvalor del peso– es el termómetro que mensura esa decadencia. Claro está, no el excluyente medidor. Consecuentemente, el acuerdo deberá versar sobre las grandes reformas de las variables de la macroeconomía y no acerca de cómo controlar la temperatura, ni social ni económica.  

Hace muchas décadas que la Argentina fue atrapada por la estadolatría - la sacralización del Estado - y la exaltación casi hasta el paroxismo de las ‘políticas públicas’. Correlativamente, se fue execrando, cada vez más manifiestamente, a la empresa privada y ‘su afán de lucro’. Se diabolizó a la renta, aun proviniendo de la producción de bienes y servicios, algo que sólo podría verificarse hoy en Corea del Norte y casi en ninguna otra parte del globo. Con tal de no abordar la cuestión de raíz –la malsana macroeconomía y el sobredimensionamiento del Estado– se apeló a todo tipo de opciones, desde el cooperativismo hasta la economía popular, circular o colaborativa, pasando por las propuestas de un sistema de producción para la subsistencia, incluyendo hasta el trueque. Esto, en el contexto del reproche a la riqueza hasta el punto de condenar a la prosperidad como una expresión de la codicia. El arcaísmo ideológico hizo estragos en nuestra nación.  

Paralelamente, se fue operando algo perverso, el derrumbe paulatino de la cultura del trabajo. Es lógico, pues si el trabajo es esfuerzo, mérito, disciplina, método de vida, dignidad y legitimador del derecho de propiedad, todo eso es incompatible con el crecimiento del Estado como dador de beneficios, dones y bienes. Y como quien nos somete inclusive cual gleba electoral. Se mantiene el plan si ganamos, les dicen a miles de ciudadanos vulnerables. Más retrógrado imposible.  

La dolencia de nuestra economía –que el dólar se limita a reflejar– se puede sintetizar en unos datos básicos: en los 12 años y medio del gobierno kirchnerista el gasto público creció del 27,2% al 46,3% del PBI, la presión tributaria del 22,8% al 34,8% y los empleados públicos de 1.900.000 a casi 3 y medio millones. Un cuarto factor es el de la ayuda social – bajo cien modalidades, un dislate – que en 2015 alcanzaba a más de 7 millones y medio de personas y que hoy se ubica en casi 9 millones. Se trabaja menos de lo necesario – entre otros factores porque falta inversión que cree empleo – y se gasta mucho más que lo que producimos y consecuentemente que lo que recauda el fisco, a pesar de que el nivel de tributación es altísimo, sobre todo medido en las contraprestaciones que asegura el Estado en educación, salud, justicia, seguridad, defensa, infraestructura.  

Por otro lado, el país – y su economía – padecen gravísimas distorsiones: cualquiera puede inventar un juicio laboral, forzar a su presunto empleador a una conciliación obligatoria y a la postre como le irroga más gasto las pericias para demostrar el fraude procesal, el patrón termina aceptando una indemnización por una labor inexistente. Ni hablar cuando el trabajador efectivamente tuvo una relación laboral. Despedir puede significar hipotecar hasta el anillo de boda. So pretexto de amparar a los trabajadores, el fuero laboral ha devenido en un instrumento antitrabajo y por ende generador de precariedad, changas, vulnerabilidad, bajos salarios, espanto a las inversiones y toda una variopinta cantidad de anomalías.  

La concordancia que el país necesita es para favorecer la inversión, asegurar el derecho de propiedad, estimular a los emprendedores, modernizar los convenios laborales, reducir y simplificar impuestos, disminuir los empleados públicos y el gasto para así equilibrar las cuentas fiscales y apostar todas las fichas a la iniciativa privada aupada por la libertad, limitando el rol del Estado a una inteligente vigilancia, a una fina regulación y a una dinámica cada vez más desburocratizada.  

Un acuerdo tal sería histórico. Nos devolvería la confianza en nosotros mismos y por supuesto nos restauraría la soberanía monetaria.  

Necesitamos mucha valentía y enorme sinceridad. Y una dosis de patriotismo. Con ese trío en escena, el país entendería que para terminar con la declinación se requiere cirugía mayor a partir del concierto de ‘políticos y dirigentes cirujanos’ que cual junta médica concuerdan en que el paciente –la Argentina– no da para seguir tirando y estirando su patología.  

El problema gravísimo que nos agobia y desalienta hasta el tuétano es la enfermedad macroeconómica y sus efectos nocivos sobre todo el cuerpo nacional, no el termómetro que mide el valor del dólar y la consiguiente raída moneda nacional.