La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dictaminó un proyecto de ley que establece un protocolo de acompañamiento en el final de la vida para pacientes con Covid-19.

La iniciativa tiene el objetivo de proteger y garantizar especialmente el derecho a la salud en sentido integral, a la autonomía de la libertad con respecto a su salud y la dignidad de la persona con Covid-19 en la etapa final de su vida, y el respeto de sus derechos de conformidad con la Ley 26.529 y tratados internacionales de derechos humanos.

El texto prevé que se deberá brindar la atención médica centrada en la persona y la familia, con absoluto respeto hacia su libertad, autodesarrollo y dignidad humana.

La mendocina Claudia Najul, una de las impulsoras del proyecto, celebró el dictamen unificado y expresó que “cuando nos centramos en las personas nunca vamos a errar la decisión, respetando el enfoque de derechos y de no discriminación, con dignidad”.

La legisladora señaló que se trata de “recibir de las instituciones y de los médicos información clara, para poder tomar decisiones, respetando autonomía del paciente, facilitando el contacto con su familia, teniendo en cuenta medidas de cuidado, y garantizar ese derecho a la despedida en el proceso del final de la vida. La atención debe centrarse en las personas”.

Por su parte, el radical José Cano puso el acento en los traslados interjurisdicicionales. “Este tema, de planteo recurrente, a todos nos conmovió. Tenemos que entender que en la redacción de la norma, cuando el tránsito sea interjurisdiccional, la ley no garantiza eso, solo habla de las instituciones”, advirtió.

“Hubo gestiones de cuestiones puntuales que uno va resolviendo, pero a esta altura de la pandemia hay cuestiones irracionales sin sustento para que se condicione la libertad de las personas”, cuestionó y remarcó que “no tiene que ver con quién gobierna; no puede haber ningún impedimento para estas circunstancias”.

En tanto, el diputado Gonzalo del Cerro pidió dejar aclarado que en esta ley “no se explican las políticas restrictivas por cuestiones de protocolo”. Entonces, sugirió dar tratamiento en el COFESA (Consejo Federal de Salud) para que “esta ley no sea de difícil instrumentación”.

También recibió dictamen un proyecto referido a que las personas con discapacidad puedan decidir sobre su capacidad reproductiva -en relación a la anticoncepción quirúrgica-; y otra para regular el uso y la comercialización de pirotecnia, que deberá ser analizada además en las comisiones de Seguridad Interior e Industria.