Senadores buscan “agilizar” la restitución de los inmuebles usurpados

En la sesión de este jueves en el Senado bonaerense se votaría una reforma del Código Procesal Penal impulsada por JxC que apunta a la restitución de los inmuebles a los legítimos dueños sin necesidad de esperar el proceso de desalojo.

Tras los incidentes en el predio de Guernica, o incluso la situación que se da en el “tambo tomado” entre la ciudad de Guaminí y el Balneario Cochicó, del partido de Guaminí; las tomas de tierras, urbanas y rurales, continúan siendo una problemática en ascenso que necesitaría una rápida respuesta por parte del Gobierno provincial, según entienden los impulsores de las modificaciones.

En la principal fuerza de la oposición la que viene trabajando en la temática y ha logrado el consenso con el oficialismo para que en la sesión de este jueves se apruebe por unanimidad el proyecto presentado por los senadores Juan Pablo Allan y Leandro Blanco. Luego será el turno de Diputados para proseguir con el trámite parlamentario.

Ante la necesidad de corregir “la lentitud de los mecanismos procesales” y evitar que las usurpaciones “se consoliden”, es que se presentó esta iniciativa que propone modificar el artículo 231 del Código Procesal Penal.

Los legisladores entienden que en la normativa vigente se complejiza el modo en que se concretan las tomas de terrenos, y todas las medidas y acciones dilatorias, que

permiten una mayor permanencia y hasta la venta de tierra en forma irregular, “a las otras víctimas del mismo delito”.

A través de esta modificación, el fiscal, la víctima o el particular damnificado podrán solicitar al juez la restitución del inmueble y esto deberá resolver la restitución de la posesión o tenencia del inmueble cuando el derecho fuera verosímil, en un plazo de 72 horas.

Así, la norma cuya modificación se postula, prevé expresamente la restitución del inmueble en casos de usurpación, colocando bajo responsabilidad del juez competente la disposición del reintegro provisional e inmediato de la posesión o tenencia del bien inmueble que haya sido objeto del delito de usurpación.

También se señala que, más allá de los elementos aportados, los senadores estarían buscando dar “una señal clara a la Justicia y al Gobierno provincial en aras de proteger el derecho de propiedad, y desalentar a su vez que este delito siga en crecimiento”, en una provincia que sufrió usurpaciones de 4.300 hectáreas solamente entre los meses de julio y agosto.

El senador Leandro Blanco, autor del proyecto detalló que se “busca otorgarle a la Justicia las herramientas necesarias para que resuelva rápida y eficazmente las solicitudes de restitución de inmuebles”.

“Hay que ser categóricos: la usurpación es un delito y como tal exige que el Estado actúe; reconocemos que hay un problema habitacional, pero tolerar la toma de tierras no soluciona el problema, sino que lo agrava”.

Además, agregó que “asimismo, en muchos de esos lotes se iban a construir viviendas, urbanizaciones y espacios públicos, proyectos cercenados por las usurpaciones”.

“Es imposible pensar en una convivencia democrática en paz sin la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley”.

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