Las ONG que integran el colectivo Infancia en Deuda enviaron una nota a la bicameral presidida por Beatriz Mirkin, en alarma por la reciente renuncia del defensor adjunto, que denunció “sesgos partidarios y discrecionales”.
Organizaciones de la sociedad civil nucleadas en el colectivo Infancia en Deuda enviaron una nota a la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, presidida por Beatriz Mirkin (Frente de Todos), para advertir sobre la “gravísima situación” en la que se encuentra el organismo tras la renuncia del defensor adjunto Fabián Repetto.
La misiva fue firmada por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Aldeas Infantiles SOS Argentina, Che Pibe, CIPPEC, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), FEIM (Fundación para el Estuido e Investigación de la Mujer), Haciendo Camino, Fundación Kaleidos y Fundación Sur Argentina.
Además de la nota a la bicameral, las organizaciones enviaron otra dirigida a la propia Defensoría, encabezada por Marisa Graham desde febrero de este año, luego de más de 14 años de vacancia en el cargo.
En ambos casos, solicitaron que “se tomen todas las medidas para fortalecer la institucionalidad del organismo, garantizar una mayor transparencia y asegurar su correcto funcionamiento en el control y exigencia de las políticas públicas que cumplan con los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
El reclamo se originó debido a la reciente renuncia de Repetto, quien denunció que en la breve gestión de Graham la Defensoría adquirió “fuertes sesgos hacia un uso partidario y discrecional”.
“La gravedad de las razones que fundamentan la renuncia del defensor adjunto darían cuenta de que el recorrido de los primeros meses de la institución habría sido contrario al proceso que le dio origen y que podría haber obstaculizado la capacidad de control de la Defensoría”, advirtió el colectivo Infancia en Deuda.
Y agregó que “ello implicaría el peor de los escenarios posibles, es decir, una Defensoría formalmente en funciones, pero virtualmente incapaz de cumplir su mandato legal en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Por eso, las organizaciones exigieron que la Defensoría cumpla con los estándares de autonomía e independencia; que se realicen concursos públicos transparentes para la designación de funcionarios; que se transparenten todas las acciones llevadas adelante; y que la bicameral intensifique su rol de control.
“A tan solo ocho meses de su puesta en funcionamiento, la Defensoría enfrenta una crisis institucional que exige la priorización en el cumplimiento de las obligaciones referidas con urgencia”, concluyeron en la nota enviada a la comisión.
