Definen el índice para la movilidad jubilatoria antes del envío del proyecto del PEN

Este lunes se realizará una reunión virtual entre legisladores y funcionarios para terminar de definir las características de la norma que llegará al Congreso.

Concluido el trabajo grueso de la bicameral encargada de la redacción del proyecto de ley que definirá la nueva fórmula jubilatoria que deberá regir a partir de enero próximo, llega el momento de las definiciones. Por eso este lunes será un día clave en ese sentido, pues está prevista para las 18 una reunión por zoom a la que asistirán los miembros de la comisión bicameral que preside el entrerriano Marcelo Casaretto, los presidentes de bloques, funcionarios de los ministerios de Trabajo y Economía, y de la ANSeS.

El encuentro, que fue anticipado a este medio por una alta fuente legislativa, sería la única actividad oficial de la que participarían los legisladores este lunes en el que fueron suspendidas todas las reuniones de comisión por celebrarse el Día del Trabajador Legislativo.

Sobre lo que se resuelva en esa reunión decisiva se elaborará luego el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo al Parlamento, donde antes de fin de año tendrá que emitirse una ley que entrará en vigencia a partir de enero, aunque el primer aumento se aplicará en marzo del año próximo.

Según transcendió, el nuevo esquema para el ajuste de los haberes del régimen general y otros beneficios, como la Asignación Universal por Hijo, estaría compuesto en un 70% por la variación de los salarios (RIPTE) y en un 30% por la recaudación de los recursos de la seguridad social.

De esta manera, la nueva fórmula será similar a la utilizada entre 2009 y 2017. Sin embargo, los aumentos serán trimestrales y, además, la ANSeS podrá otorgar un bono extraordinario en caso que la inflación supere la variación de la Recaudación Total (RT) del organismo.

La bicameral, que finalizó hace semanas atrás las reuniones informativas con especialistas, se conformó por legisladores del oficialismo y la oposición y funcionarios del Ejecutivo, según lo dispuesto por la Ley de Solidaridad Social.

De acuerdo con esa norma sancionada en el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, se suspendió la fórmula establecida en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y a lo largo de este año todas las actualizaciones se realizaron por decreto.

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