La iniciativa de legisladores radicales mendocinos busca fortalecer la gobernanza de las empresas estatales, incrementar su competitividad y que puedan brindar servicios más eficientes para los ciudadanos.
Los diputados nacionales Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, junto a la senadora nacional Pamela Verasay, elaboraron un proyecto de ley que establece un régimen de Buen Gobierno y Gestión para las empresas con participación estatal mayoritaria. El objetivo es disponer mejoras en los estándares de prácticas, procesos y estructuras a partir de los cuales se dirigen y controlan las empresas públicas del país.
La iniciativa busca fortalecer la gobernanza de las empresas estatales, incrementar su competitividad y que puedan brindar servicios más eficientes para los ciudadanos.
Se implementará a través de distintos ejes como la transparencia en el manejo de la información, la rendición de cuentas, el establecimiento de un código de conducta y la necesidad de contar con una política de sustentabilidad para elevar estándares ambientales, sociales y de gobernanza.
En cuanto a los directores y gerentes, deberán cumplir con la calificación apropiada para ocupar sus cargos, no poseer condenas por delitos y se deberá cumplir con el cupo femenino mínimo de 50% para garantizar la paridad de género en el directorio, entre otras medidas.
Las empresas con participación estatal mayoritaria incluye a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Existen en la actualidad 36 grupos empresarios donde tiene el control y una participación total o mayoritaria el Estado argentino. Según el presupuesto nacional 2021, el conjunto de estas empresas administra $829.826 millones, con un gasto estimado de $861.712 millones, arrojando un déficit financiero de $31.886 millones.
“El escenario económico, político y social actual demanda en forma permanente actualizaciones que posibiliten y acompañen transformaciones en las estructuras empresariales, permitiéndole a nuestras empresas y en consecuencia a nuestro país mejorar su competitividad aún en tiempos de crisis. Es necesario generar espacios de mayor certidumbre para potenciales inversores y para una ciudadanía ávida de creer en sus instituciones. En este sentido, las empresas públicas pueden contribuir al crecimiento del país, administradas con profesionalismo y transparencia, brindando los mejores servicios e infraestructura posibles”, destacó Jimena Latorre.
Por su parte, Alfredo Cornejo expresó: “Durante los últimos años nuestro país ha hecho un gran esfuerzo legislativo e institucional por reducir los niveles de corrupción, elevar los estándares de transparencia y control y reducir los niveles de opacidad en la administración pública. Por ello, es necesario avanzar hacia mejoras superadoras en la organización de las empresas del estado, a partir de la aprobación de una ley nacional que establezca un régimen de buen gobierno”.
El proyecto de invita a las provincias a adoptar este modelo de gestión en sus empresas.
La gestión de este tipo de empresas define un modelo de país, la transparencia y la gobernanza con la que se administren sus recursos y sus planes estratégicos impactan en la salud y las condiciones de vida de millones de argentinos.
Transparencia
El Estado es administrador de los recursos del conjunto de la sociedad, por lo que se vuelve imperativo el derecho de acceder a la información y planificación de lo que éste realiza en nombre del interés público. La transparencia posibilita a los ciudadanos la ventaja institucional de conocer cómo, por qué, dónde y cuándo las autoridades actúan para dar vida a las políticas públicas. El proyecto impulsa la aplicación de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública aprobada en el año 2016.
Las empresas deberán publicar en su página web sus objetivos estratégicos, un informe anual de gestión que indique el grado de cumplimiento de tales objetivos y demás políticas y acciones ejecutadas durante el año.
Integridad
Las empresas deberán elaborar e implementar un programa de integridad consistente en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos, en un todo coherente con la Ley de Responsabilidad Penal para las Empresas sancionada en el año 2017.
Será un código de ética o de conducta que contenga políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos
Sustentabilidad
Las empresas deberán contar con una política de sustentabilidad clara, a través de la cual se comunicará la estrategia de cumplimiento de estándares sociales, de gobernanza y ambientales. Deben resultar modelos a seguir para el resto de las empresas del país.
Se apunta a que las empresas mejoren sus procesos para lograr una mayor eficiencia energética, incorporen conceptos como el de economía circular y que logren la máxima reducción de riesgos vinculados al ambiente, al manejo de recursos y desarrollo humano, y que incorporen la responsabilidad social de la empresa de forma integrada y transversal a toda la organización, participando activamente en el desarrollo de la comunidad.
Desempeño económico
Las empresas con participación estatal mayoritaria deberán elaborar un plan estratégico consistente con los recursos asignados a la empresa en el presupuesto nacional.
Alta gerencia
Las empresas deberán poseer un código de requisitos previos al que deberán ajustar la designación de su presidente, los miembros del directorio y los gerentes.
El código de requisitos previos de miembros del directorio y la gerencia deberá incluir requisitos de elegibilidad del candidato de acuerdo a la experiencia, conocimientos previos en la materia y capacidad de liderazgo.
No podrán ser contratados como presidente, miembros del directorio o gerentes de las empresas con participación estatal mayoritaria, aquellas personas que tengan vínculo de parentesco, tanto en línea recta como en línea colateral, hasta el segundo grado, el cónyuge o conviviente, con: el presidente de la Nación Argentina, el vicepresidente de la Nación Argentina, el Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, Ministros de la Nación y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro de la Nación.
Tampoco aquellas personas que posean algún cargo de funcionario público en el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal, o que hayan sido condenadas por delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y orden constitucional, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración, entre otros.
Los directorios y/u órganos de administración de las empresas con participación estatal mayoritaria, deberán estar conformados como mínimo, en un cincuenta por ciento (50%) por mujeres.
La Alta Gerencia deberá contar con un mecanismo de evaluación anual de gestión por resultados, además de otro u otros medios de evaluación que la empresa decida adoptar.
Auditoría interna
Las empresas con participación estatal mayoritaria deberán contar con un área de Auditoría Interna profesionalizada. Se encargará de monitorear el Plan de Gestión y Prevención de Riesgos aprobado por el Directorio, reportando de forma directa al Directorio, lo que le brindará mayor independencia y permitirá un mejor control de la plana gerencial.
Control interno
La empresa deberá contar con un área encargada de velar por el impulso de mejoras, el seguimiento, y cumplimiento efectivo del régimen de Buen Gobierno, asegurando el desarrollo ordenado de los procesos dispuestos en la presente ley.
Remuneraciones
Con el objeto de la eliminación de cualquier diferencia salarial existente entre varones y mujeres, toda empresa con participación estatal mayoritaria deberá respetar el derecho de toda mujer a percibir una igual remuneración por igual tarea.
