Comenzaron a debatirse en Diputados los proyectos de “ficha limpia”

Por impulso de Juntos por el Cambio, la Comisión de Asuntos Constitucionales empezó a tratar alrededor de 15 iniciativas, que buscan que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a la función pública.

A pedido de Juntos por el Cambio, comenzaron a debatirse este martes en la Cámara de Diputados alrededor de 15 proyectos de ley de “ficha limpia”, que buscan que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos.

La discusión se dio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo González (Frente de Todos), donde el oficialismo rechazó las iniciativas, luego de que en 2019 fracasara el tratamiento en el recinto por falta de quórum.

Tras ese intento fallido, Juntos por el Cambio recurrió al artículo 109 del reglamento de la Cámara baja, que indica que a pedido de por lo menos tres diputados la comisión debe someter a tratamiento los temas solicitados.

Así, González se vio obligado a incluir los proyectos en el temario, pero decidió retrasar el dictamen y encomendó a los asesores de la comisión trabajar para unificar los distintos textos presentados.

Los fundamentos de la oposición

Silvia Lospennato (Pro), autora de uno de los proyectos, destacó que la ficha limpia “ha movilizado a una enorme cantidad de ciudadanos en todo el país a través de una petición en Change.org organizada por el ciudadano Gastón Marra”, que lleva más de 366.000 firmas.

Lospennato explicó que su iniciativa busca “evitar que personas que hayan cometido delitos por corrupción, que aun sin sentencia firme hayan sido revisados en segunda instancia, puedan convertirse en candidatos para cargos públicos nacionales”.

La legisladora aclaró que se trata de una “inhabilidad temporal”, desde que se dicta la condena hasta el final, o bien hasta que sea revocada en una instancia superior.

“Esta es una garantía adicional para la República y para la administración del erario público”, sostuvo Lospennato, y agregó que su proyecto “no es proscriptivo ni discrimina”.

Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal), expresó: “La experiencia brasilera me llevó a indagar sobre el tema y a corroborar que si efectivamente tenemos una Constitución que califica de ‘infames traidores a la Patria’ a quienes cometen algún tipo de delito en la función pública, no podíamos no animarnos a legislar en torno a este tema”.

Camaño cuestionó que la última vez que se trató el tema fuera en la previa de las PASO, y celebró que se haya puesto ahora a consideración, para que la ley comience a regir en la elección parlamentaria del año que viene.

En tanto, el radical Gustavo Menna advirtió que “hay un vacío legal” ya que “la legislación electoral y la de partidos políticos no establece inhibiciones para las candidaturas, sino que lo hace por la vía de la remisión al Código Electoral, que lo trata desde las inhibiciones al elector”.

“Que una persona condenada quede fuera de la competencia electoral es un vacío notorio de nuestra legislación que nos obliga a incursionar en el tema, porque además hay mandatos constitucionales y compromisos internacionales asumidos en la materia”, señaló Menna.

El artículo 36 de la Constitución Nacional establece que “atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Otra radical, Brenda Austin, dijo que “no hay dudas de que el marco constitucional permite avanzar en una restricción para ser elegido a aquel que tiene una condena, aun en primera instancia” y no en segunda, como propone Lospennato.

Austin argumentó que en el caso de los delitos de lesa humanidad, “solo con un auto de procesamiento” es suficiente para inhabilitar la candidatura, y esa reforma, aprobada en 2009, “ha pasado los test de constitucionalidad”.

A su vez, la cordobesa recordó que la Ley de Empleo Público exige la presentación de un certificado de antecedentes penales, y “si la persona tiene un proceso penal abierto -no una condena- contra la Administración Pública, no puede entrar, y sin embargo aquella persona que se postula para ser su jefe sí puede”, lo que significa “una violación al principio de idoneidad y de igualdad”.

Pablo Tonelli (Pro) enfatizó, por su lado, que “existe un mandato constitucional muy claro y muy explícito para el Congreso”. “Más importancia que ésta, no puede tener un tema. No podemos desoír el mandato constitucional ni el pedido de tantos argentinos que reclaman que el Congreso trate el proyecto de ficha limpia”, insistió.

Por la Coalición Cívica, Juan Manuel López advirtió que “el Congreso ha sido refugio de delincuentes a través de los fueros”.

“Con procesos tan largos, muchos funcionarios van a permanecer con fueros en las dos Cámaras, y eso no está bien para reconciliarnos con la sociedad, en momentos donde hay tanta intolerancia sobre la política”, manifestó, y remató con un mensaje al oficialismo: “No les pido que se hagan cargo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero sí de Carlos Menem”.

El rechazo del oficialismo

Desde el Frente de Todos, Gabriela Cerruti alertó que “en Brasil la ficha limpia permitió que un juez persiguiera y encarcelara a un presidente (Lula Da Silvia) que era candidato a presidente para terminar siendo ministro de Justicia del gobierno que dio el golpe. Si hay un lugar donde no funcionó la ficha limpia, donde fue un instrumento del golpe de Estado, fue en Brasil”.

Asimismo, Martín Soria habló de “acting publicitario” de la oposición y recordó que “este proyecto ya tuvo su oportunidad en 2019, cuando cinco días antes de las PASO lo llevaron al recinto y quedaron solos despotricando y bajándole el estándar a un principio constitucional básico, como es el de la inocencia”.

“¿Será que pretenden resolver su propia interna en esta comisión?”, se preguntó el rionegrino, al apuntar que Mauricio Macri “tiene más de 114 causas penales en su contra y fue el único presidente que asumió procesado”.

Leopoldo Moreau coincidió con Cerruti en que “es muy mal ejemplo traer el caso de Brasil como antecedente: ese fue un accionar repudiable que impidió que un hombre como Lula Da Silva, que cambió la historia de Brasil, pudiera competir en una elección. Y lo hizo un juez que confesó que había condenado a Lula porque tenía la íntima convicción de que era un corrupto, por un departamento cuyo valor es equivalente al de un departamento en Caballito, y que nunca se comprobó que fuera de Lula”.

Jerarquía constitucional

Antes del debate sobre ficha limpia, la comisión también aprobó por unanimidad dos proyectos para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptado por la 45° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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