Diputados dio dictamen al proyecto para declarar 24 capitales alternas

La Comisión de Asuntos Constitucionales avaló favorablemente la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado. Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría.

comision asuntos constitucionales 10 noviembre 2020
El Frente de Todos, con acompañamiento de Graciela Camaño (Consenso Federal) se alzó con el dictamen de mayoría.

El Frente de Todos en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se alzó este martes con el dictamen de mayoría (18 firmas) del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo -con media sanción del Senado- que declara 24 capitales alternas en todo el país.

Al oficialismo lo acompañó la diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio suscribieron un dictamen de minoría (con 15 firmas).

El titular de la comisión, el oficialista Pablo González, precisó los detalles del proyecto y sostuvo que se trata de “una ley que descentraliza” y que “formó parte de la campaña del Frente de Todos”, ya que “el presidente (Alberto Fernández) se comprometió con esta ley”.

En tanto, el radical Gustavo Menna hizo un repaso histórico sobre la cuestión del federalismo y señaló que “hubo un lugar del país que se desarrolló mucho más que el resto”.

“A lo largo del siglo XX hubo muchos proyectos del traslado de la Capital”, recordó, y destacó que “el proyecto concreto lo tuvo el padre de la democracia, Raúl Alfonsín” con la Ley 23.512 que declaraba a las localidades de Carmen de Patagones, Viedma y Guardia Mitre como “la nueva Capital Federal de Argentina”.

Para el chubutense, “tenemos un federalismo herido, que está afectado de centralismo y sobre todo de discrecionalidad en el sentido fiscal”. “Acompañamos la iniciativa por un carácter simbólico”, afirmó, no obstante advirtió que “los problemas de federalismo no se van a resolver porque le pongamos a 24 ciudades un cartel de capital alterna”.

Menna sugirió una modificación al artículo 6 del proyecto de modo que se establezca un plazo de dos años para las relocalizaciones. Pero González reveló que el oficialismo dejará esa cuestión en manos del Ministerio del Interior a la hora de la reglamentación de la norma.

A su turno, el radical Fabio Quetglas remarcó que “tenemos asimetrías muy profundas que no se resuelven por la vía simbólica”, y opinó que se debe tener una “visión” de “oportunidad de desarrollo, de gestión sofisticada, de cohesión social”, que no excluya “la complejidad”. “Ninguna de las agendas sectorizadas es suficiente”, agregó.

Desde el oficialismo, la diputada Carolina Gaillard ponderó que hay “una clara vocación de construir en conjunto con las provincias de este país federal”. Más allá de que el fortalecimiento del federalismo tiene que ver con “la discusión de la distribución de los recursos” y con “políticas que incentiven el arraigo en el interior del país”, la legisladora aseveró que “esto sin dudas es un paso”.

La entrerriana valoró que con esta ley se abre la posibilidad de que “antes que se diseñen políticas públicas se miren otras realidades”. “No es la solución pero es un paso importante para poder acercarse al territorio”, reiteró.

Por su parte, el macrista Pablo Tonelli pidió una serie de cambios al texto. Entre ellos, recomendó que en las reuniones del “Gabinete Federal” sean convocados a participar los senadores y diputados nacionales.

Por Consenso Federal, la legisladora Graciela Camaño expresó que es un proyecto “inspirado en un propósito loable, no podemos estar en desacuerdo, es el acercamiento nada más y nada menos de las autoridades nacionales a las provincias”. “En lo práctico resulta sumamente interesante”, observó y consideró que “es bueno avanzar hacia un proceso de descentralización”.

Durante el debate habló también el santiagueño Ricardo Daives, quien aclaró que “al ser una capital alterna no es una continuidad de la Capital Federal, sino un complemento”. “Es un punto de partida. No se le puede pedir a ese Gabinete realizaciones inmediatas, porque en definitiva lo va a tener que tratar con cada una de las fuerzas de las provincias”, explicó el oficialista y destacó el “protagonismo superlativo” que tendrán los municipios.

En tanto, el macrista Alberto Asseff dijo que “van a ser mucho más los costos operativos del traslado del Gabinete que los resultados efectivos”, aunque “siempre el contacto personal” de los funcionarios con los habitantes de las provincias “va a ser útil”. Sin embargo, manifestó que “da la impresión que estamos gambeteando el tema pendiente” que es “la descentralización del país a través del traslado de la Capital”.

Finalmente, la fueguina Rosana Bertone argumentó que la iniciativa “busca ir mitigando, en parte, lo que Alberto Fernández planteó en campaña” sobre “la migración interna de nuestro país”. “Es muy difícil una realización (personal) para muchos argentinos si tienen que migrar del lugar donde nacieron”, aseguró y agregó que la ley también “busca reparar en parte lo que quizás a Alfonsín, con toda su impronta y su fuerza política, le resultó tan difícil” que era que “la capital se hubiera trasladado al frío, al mar y al sur”.

Qué establece la iniciativa

Según el proyecto, se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional el “Programa Gabinete Federal”, destinado a realizar reuniones de trabajo en las provincias entre ministros/as, secretarios/as, funcionarios/as de Nación con autoridades locales y representantes de la sociedad civil, con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas necesarias.

Asimismo, se dispone que el jefe de Gabinete convocará las reuniones de trabajo con un periodicidad no mayor a 30 días, y considerará prioritariamente a las capitales alternas para definir el lugar de los encuentros.

De acuerdo a la iniciativa, el Ministerio del Interior de la Nación coordinará el proceso de evaluación y selección de los organismos y entidades del sector público nacional, cuyas sedes centrales o delegaciones serán relocalizadas o instaladas en territorio provincial, así como la definición de la locación específica de su asiento.

Finalizado este proceso, la cartera deberá elevar, junto con los titulares de los organismos y las autoridades provinciales y municipales, una propuesta integral a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el Ministerio del Interior estará facultado a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias. Y se establece que las partidas presupuestarias necesarias serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto.

El artículo 6 del texto se refiere a la descentralización de los organismos del Estado Nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.

Las 24 capitales alternas serán: La Matanza y Mar del Plata (Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Concordia (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Pedro de Jujuy (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), San Ramón de la Nueva Orán (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán).

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