La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que encabeza Oscar Parrilli (Frente de Todos) avanzó este martes con una nueva ronda de exposiciones sobre los proyectos que buscan reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, para modificar el mandato, la designación y la remoción del procurador general.

Los senadores escucharon a especialistas y pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando se realizará la última reunión informativa.

Las iniciativas que el Frente de Todos utiliza para el debate son las de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), y proponen acotar el mandato del jefe de los fiscales.

El oficialismo también analiza flexibilizar la mayoría con la que se designa al titular de la Procuración, cargo para el cual se propone a Daniel Rafecas.

El primero en exponer este martes fue Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral e investigador de la UCA, quien consideró que para analizar estos temas “hay que remitirse a la Convención Constituyente de 1994, la cual no terminó de diseñar al Ministerio Público de la Nación, sino que lo delegó en el Poder Ejecutivo”.

“Hay una enorme responsabilidad del Poder Legislativo de completar la reforma”, agregó.

Sagués sostuvo que “la misión de la Convención del ‘94, respecto del Ministerio Público, fue la de darle autonomía, terminar con la servidumbre, erigirlo como un órgano extrapoder y dotarlo de funciones de contralor”.

Asimismo, manifestó que “tener los dos tercios en el Senado es indispensable para mantener una Procuración General robusta y cúspide de uno de los órganos extrapoder fundamentales del Estado e indispensable para el fortalecimiento del Ministerio Público”.

Por su parte, José Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exdiputado provincial, expresó que el artículo 120 de la Constitución Nacional, que habla del Ministerio Público, “tiene muchas omisiones, porque no hubo suficiente acuerdo para una norma completa”.

Heredia consideró que “la remoción debe tener un consenso político tan amplio como para la designación”. “El derecho no lo puede todo y estas son situaciones que la política debe resolver. Uno puede instaurar una práctica parlamentaria que se vuelva jurisprudencia según la cual el origen más legítimo para el procurador debe ser el mayor consenso político posible”, aseguró.

A su turno, Marcela Basterra, doctora en Derecho y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, destacó que “es necesario reforzar los mecanismos de control, que son los que hacen que se pueda investigar al Poder Ejecutivo”.

“Yendo a un sistema acusatorio, es directamente proporcional la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal. Respecto a la remoción, me parece coherente el mecanismo propuesto que requiere dos tercios de los miembros del Senado”, agregó.

Mirta López, exjueza vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, consideró respecto de la política criminal que “se ha perdido mucho tiempo en la persecución del delito infraganti, un tema que no se soluciona con más cárceles sino con menos desigualdad”.

También expuso Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal de la Unidad Fiscal Salya y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), que preside Carlos Rívolo.

Toranzos coincidió con que “el Ministerio Público Fiscal es un cuarto poder o extrapoder con una independencia propia” y afirmó que “la necesidad de los dos tercios del Senado es importante y está relacionada también a la función que va a desarrollar el procurador”.

“Mantener la independencia y autonomía del procurador general es lo que ha llevado a la gran mayoría de los fiscales que han participado en los debates en nuestra asociación a sostener que los dos tercios son fundamentales para su designación”, insistió.

Por último, Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y docente de la UBA, advirtió que “actualmente el procurador y el defensor de la Nación son los únicos funcionarios unipersonales de carácter vitalicio, siendo este último aspecto de origen infraconstitucional”.

Por eso, Espina opinó que sería “atinado” un plazo de seis años, una de las variantes que analiza el oficialismo.