Se trata de una iniciativa del senador rionegrino Alberto Weretilneck, que acota la duración del funcionario al frente de la Procuración General de la Nación.
En medio de la polémica generada en torno al cargo del procurador general de la Nación, que se instaló en el Senado con el debate -impulsado por el oficialismo- de dos proyectos de legisladores opositores, apareció terciando otro legislador opositor, que suele votar alineado con el Frente de Todos.
Se trata del exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien propone una reforma integral del Ministerio Público para reforzar el sistema acusatorio, el cual contaría a priori con la anuencia del oficialismo.
El proyecto del senador de Juntos Somos Río Negro tiene el objeto de modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, con miras a la próxima y urgente aplicación del sistema penal acusatorio en todo el país.
El propio legislador explicó que este sistema será pronto una realidad en todo el país y requiere una serie de modificaciones en torno a la legislación orgánica de uno de sus actores principales: el Ministerio Público.
La iniciativa presentada este miércoles en la Cámara alta establece un plazo de cinco años de duración de ambos cargos -que en la actualidad tienen mandato vitalicio-, con posibilidad de reelección por un único período consecutivo, que la designación sea por una mayoría absoluta y modificar el mecanismo de remoción tanto para el procurador como para el defensor general.
“El sistema acusatorio nos impone una serie de medidas en relación al funcionamiento del Ministerio Publico. En primer lugar, que las funciones de procurador general de la Nación y del defensor general de la Nación tengan un tiempo determinado. Hasta el momento, quienes ocupan estos cargos son los únicos funcionarios con mandato vitalicio que dirigen un órgano estatal no colegiado”, sostuvo.
Para Weretilneck, el carácter vitalicio en estos cargos no solo genera un desgaste en el funcionario sino en la institución, tendiendo a la burocratización y la falta de agilidad en la implementación de la política criminal pública.
En la actualidad el procurador general sólo puede ser removido por mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones. El senador rionegrino propuso establecer un plazo para la duración de cinco años en el cargo. No obstante, se prevé asimismo la posibilidad de reelección en el cargo por un único período consecutivo.
Cabe señalar que este plazo es el mismo que está determinado en la Constitución para otro órgano de control, el Defensor del Pueblo, y similar al sistema utilizado por España -4 años- y Brasil -2 años con posibilidad de reelección-. La iniciativa coincide con otros proyectos presentados por varios senadores nacionales, que propusieron 5 o 6 años.
Weretilneck dijo que “estos plazos permiten por un lado establecer y solidificar una política criminal, y que la misma pueda continuar en el próximo gobierno, para en caso de ser efectiva y conteste con los lineamientos del nuevo gobierno, proseguir por otros 5 años más. Hay provincias como Santa Fe, Salta, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires ya tienen procuradores con plazos determinados”.
Mayoría absoluta
Otra de las propuestas del proyecto de ley implica la modificación en la forma de selección del procurador general y del defensor general, específicamente en la mayoría exigida para su designación. Al abandonar el carácter vitalicio de los cargos, los mismos ya no requieren la mayoría calificada originalmente planteada, y que es facultad plena del Congreso la modificación.
El exgobernador rionegrino propuso que la designación sea por una mayoría absoluta para reconocer la importancia de la figura del procurador y del defensor respecto de los demás funcionarios que, por ejemplo en el caso de los fiscales, son designados por mayoría simple de los miembros presentes.
Esta modificación contaría con el visto bueno del Frente de Todos, que hoy por hoy no tiene los 2/3 en el Senado para hacer ninguna designación, tal cual le anticipó hace meses Juntos por el Cambio para el caso del procurador elegido por el presidente Alberto Fernández, Daniel Rafecas. Recordemos que el actual juez federal ha adelantado que no está dispuesto a asumir si se modifica la ley en lo que hace a las mayorías necesarias para elegirlo.
Tribunal de Enjuiciamiento
Como tercer punto, se modifica el mecanismo de remoción tanto para el procurador como para el defensor general, entendiendo que por las características de estos ministerios deben tener un proceso propio y mantener las mayorías que se exigen para su designación.
Se propuso modificar artículos referentes al tribunal de enjuiciamiento, su composición e intervención. Así como los órganos del Estado están sometidos a los controles republicanos internos o externos definidos en la ley, el Ministerio Público no es la excepción.
“Aquí es donde entra en juego el Congreso y la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación creada en 1998. Este control viene a cerrar las anteriores modificaciones efectuadas en torno a la limitación temporal en el cargo y la designación por mayoría absoluta”.
“Entendemos que para cumplir acabadamente el rol de seguimiento y control es menester que la mencionada Comisión forme parte tanto del Tribunal de Selección como del de Enjuiciamiento, encabezando uno de sus miembros la Presidencia de este último estamento y que su intervención revista funciones que impliquen su involucramiento real en el seguimiento y control del Ministerio Publico de la Nación”.
Propuso que la Comisión sea parte central ante procesos de selección y remoción de fiscales y defensores, como así también en la construcción y seguimiento de la política criminal publica implementada por el Ministerio Publico. “Es crucial que el Ministerio Publico presente informes anualmente como lo propusieron oportunamente otros senadores, de similar forma a como sucede en Estados Unidos, donde el fiscal debe publicar anualmente un informe sobre su desempeño”.
Detalló que en Australia, el Fiscal General también se desempeña como asesor jurídico general del Gabinete y se encarga de la legislación sobre derechos de autor, derechos humanos y una variedad de otros temas. En Italia el Fiscal General es el asesor del Gobierno en materia de Derecho y doctrina jurídica. En Alemania, el Fiscal General del Tribunal Federal de Justicia es la máxima autoridad fiscal en materia de seguridad nacional, es nombrado por el presidente del país, por recomendación del Ministerio de Justicia, con el consentimiento de la Cámara parlamentaria de representación territorial.
Con el mismo objetivo de fortalecer el control y seguimiento parlamentario, prevé que la Comisión sea consultada ante las solicitudes de traslados y ante las propuestas de creación de procuradurías especiales y direcciones generales. Se propone introducir en la ley la obligación de comunicar a la Comisión las resoluciones de creación, modificación, o disolución de todas las dependencias de la Procuraduría y la Defensoría de la Nación, para poder ejercer un mejor seguimiento y control sobre el Ministerio Público Nacional.
Finalmente, en consonancia con otros proyectos ya presentados, y con la finalidad de agilizar y desburocratizar la justicia, se fijan plazos para el cumplimiento en relación tanto a los concursos como a las denuncias efectuadas y el registro en soporte digital. Asimismo, en relación al Tribunal del Enjuiciamiento se propone la integración por un abogado de la matrícula del distrito del fiscal o defensor denunciado.
