Junto al senador Martín Lousteau, la senadora neuquina Lucila Crexell es protagonista involuntaria de la inédita situación que se está dando en el Senado, donde -contrariamente al pedido de los autores- están debatiendo en comisión proyectos de ambos para modificar la Ley del Ministerio Público, con el fin de modificar los tiempos de mandato y, muy presumiblemente, cambiar las mayorías necesarias para su designación y remoción.

Ahora la legisladora aliada de Juntos por el Cambio tomó la iniciativa enviando a la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, una nota en la que le pide activar los mecanismos correspondientes para “la pronta convocatoria de la comisión que preside para la consideración del pedido de acuerdo” de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación.

El pedido de acuerdo fue enviado al Senado por el Poder Ejecutivo el pasado 9 de marzo al Senado de la Nación, y Crexell le recuerda a su par de La Cámpora que las normativas reglamentarias contemplan “plazos específicos en procura de acotar en un tiempo prudencial los procedimientos para cumplimentar los pasos previos que se han considerado necesarios para el ejercicio del Poder Ejecutivo de la atribución en cuestión, de manera que no se dilate en el tiempo de manera indefinida” la situación.

Crexell sostiene que para el caso del cargo que debe ser cubierto “se impone dar una definición a tal situación que actualmente existe, toda vez que la designación definitiva de su titular hace a un efectivo mejoramiento del funcionamiento del servicio de justicia”.

La senadora neuquina se basa en los artículos 22 bis, 22 ter y 82 del reglamento del Senado, que establece que corresponde que la Comisión de Acuerdos convoque al procedimiento de audiencia pública previsto, para activar con ello el mecanismo para la intervención constitucional que le compete.

Tras recordar que al momento y a pesar de la fecha en la que ingresó el mensaje del PEN, salvo su entrada en la sesión del día 12 de marzo de 2020, “no se ha cumplido con los pasos reglamentarios siguientes”, Crexell interpreta que “surge a todas luces como evidente que es política e institucionalmente pertinente y -más aún- necesario, que se avance en la discusión de este tema. Y que se tome una decisión. La ‘no-decisión’ sobre un tema relevante no es neutra institucionalmente. Implica la ‘decisión de no decidir’, con consecuencias sobre las personas involucradas, sobre la seguridad jurídica, sobre la calidad institucional de la Nación y finalmente sobre la sociedad toda, en tanto se trata de decisiones sobre cargos públicos muy importantes para la vida y el desarrollo de las personas”.

En consecuencia, la senadora interpelante considera que “se  impone que este Senado active los procedimientos correspondientes para el cumplimiento del rol que le corresponde al respecto”.

Cabe recordar que días pasados la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Angeles Sacnun, señaló que “nadie nos tiene que considerar en la discusión” sobre ese tema.