Es muy bueno que Argentina esté acelerando la toma de decisiones sobre políticas orientadas a mejorar la calidad de la alimentación de la población, aunque hace falta más debate sobre la herramienta a utilizar para lograrlo. Por supuesto que Argentina necesita una ley de etiquetado frontal; pero debe ser una norma alineada con diagnósticos propios y no ajenos; que tome en cuenta la dieta de los argentinos, sus brechas alimentarias y marque un sendero de cambios hacia una real mejor alimentación.  

Si se mantiene el texto aprobado por Senadores, no habrá forma de diferenciar entre un alimento con más o menos nutrientes críticos. Todo será lo mismo, sin marcar gradualidades. Porque el 90% de los alimentos que encontrará una persona en la góndola tendrá al menos un sello negro en su frente, referido al supuesto exceso de nutrientes críticos (azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio) y calorías; sin ningún tipo de información sobre su real composición nutricional. 

De mantenerse el texto, las galletitas o el pan integral tendrán la misma cantidad de sellos negros que las galletitas dulces con más alto contenido de azúcar; un tomate triturado tendrá más sellos que una bebida azucarada; una lata de arvejas secas, con alta cantidad de fibra, será tan “negra” como un jugo azucarado, la leche descremada tendría tres sellos negros y un queso untable light sería peor que uno común.  

Más crítico aún, el proyecto prevé que en las escuelas no se ofrezca ningún alimento con al menos un sello negro: no más arroz (aunque sea integral), fideos (aunque sean con verduras) o pan, ni tampoco buenos y necesarios alimentos como legumbres. Asimismo, todos los programas sociales y la propia canasta básica tendrán alimentos con sellos negros. 

Todo modelo de etiquetado frontal debe considerar también un sistema de perfil de nutrientes, que es la clave, ya que aporta los criterios técnicos para definir qué alimentos serán desalentados con sellos y cuáles promovidos. En esa definición, es importante poner en juego aquellos déficits y excesos, sumados a las recomendaciones de nuestras guías alimentarias y la revisión de la última evidencia sobre dieta y prevención de enfermedades que realizó el Ministerio de Salud de la Nación 

La media sanción del Senado está excluyendo por completo los criterios ya definidos, consensuados y comunicados a nivel Mercosur hace dos meses entre los Ministerios de Salud, Desarrollo Productivo y Agricultura, necesarios para lograr un etiquetado alineado con diagnósticos propios y no extranjeros.  

El sobrepeso y obesidad es la pandemia preexistente en Argentina; según datos de fuentes oficiales (encuestas nacionales de nutrición y de factores de riesgo) más de 25 millones de personas padecen alguna forma de malnutrición por exceso. Es probable que esos números sean mayores en momentos en que han crecido la pobreza y la inseguridad alimentaria, ambos fenómenos que afectan particularmente la nutrición de los niños (más de la mitad de los niños son pobres y quizá casi un 20% padezca inseguridad alimentaria). 

Es evidente que, a partir de este diagnóstico asumido y conocido por todos los especialistas, existe un claro consenso de la necesidad de transitar un camino de mejora efectiva. En este sentido resulta indispensable el dictado de una ley de etiquetado frontal, cuyo texto y reglamentación esté alineado a los objetivos buscados. Estamos frente a un momento clave, una oportunidad histórica para contribuir en la salud de los argentinos.