Los diputados se reúnen desde las 11.57 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que buscarán darle aprobación a una ley que reglamentaría la utilización e investigación de esa hierba que se utiliza con fines terapéuticos.
En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se reúne desde las 11.57 para darle sanción a una iniciativa de ley que busca establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro al cannabis medicinal y sus derivados, además de establecer parámetros de investigación al respecto.
La ley que se pondrá a votación refiere a esa planta herbácea “como recurso terapéutico, para la investigación y el uso científico, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”, según el despacho conjunto de las comisiones de Salud –presidida por Patricia Vischi (UCR-Ev) y de Presupuesto -a cargo de Claudio Romero (VJ)-.
Una iniciativa de María Rosa Muiños (FdT) propiciaba la adhesión a la ley nacional sobre el tema y una posterior propuesta de Leandro Halperín (UCR-Ev) y el resto de su bancada derivó en la elaboración de una normativa regulatoria propia para la Ciudad de Buenos Aires, incorporando a la vez lo aprobado en el Congreso de la Nación (Ley 27.350).
Lo que se debatirá es la declaración “de interés sanitario para la CABA las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante la investigación y uso científico de la planta de cannabis y sus derivados”, a cuyos efectos se plantea normatizar sobre investigación, autorizaciones para el cultivo personal de marihuana, atribuciones de la autoridad de aplicación, creación de un Consejo Asesor y la habilitación para firmar convenios con instituciones, asociaciones u organismos.
Según el texto despachado para la sesión, la ley dejaría a cargo de la reglamentación, que corresponde a la Jefatura de Gobierno, la definición de detalles técnicos y operativos.
Por otro lado se debatirá un régimen de “integridad pública” y su marco normativo para la prevención y el control de irregularidades, anomalías, incumplimiento de deberes o ilícitos en el ámbito de los tres poderes constitucionales de la CABA se propone que sea incorporado a la ley de ética pública (N 4.895, de 2013)-
El asunto tuvo despacho conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales -preside Hernán Reyes (VJ)-, de Legislación General -Guillermo Suárez (VJ)- y de Presupuesto. Había al respecto siete proyectos en consideración y se concluyó elaborando un texto respaldado por la mayoría de Vamos Juntos y otros bloques afines.
También se proyecta crear una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), “las que actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención”, se explicó en las comisiones.
El objeto de la norma es “trabajar sobre los principios y deberes éticos, las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y la aplicación de sanciones por incumplimiento de los deberes”, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder en materia judicial y manteniendo las funciones de los organismos de control ya creados y en funciones.
