Por Melisa Jofré

Se largó este viernes en la Cámara de Diputados el debate del proyecto de etiquetado frontal de alimentos con exceso de azúcares, sodio y grasas, con una primera reunión informativa a la que asistieron funcionarios de distintos Ministerios.

Los representantes del Poder Ejecutivo coincidieron en avanzar con la ley, salvo la advertencia aportada desde Cancillería sobre la importancia de "armonizar" las normas con el Mercosur.

Los diputados de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; e Industria, escucharon a los funcionarios y realizaron preguntas en un encuentro que duró más de dos horas.

El primero en exponer fue el representante de Cancillería, Jorge Neme, quien remarcó la necesidad de "tomar todos los recaudos necesarios para preservar" el "proceso de armonización de las normas" con el Mercosur y "evitar generar obstáculos innecesarios" en el comercio internacional.

El funcionario recordó que en diciembre Argentina asumirá la Presidencia Pro Tempore del bloque regional, que en marzo del año que viene cumple 30 años. En ese sentido, apuntó que desde sus inicios se planteó "el compromiso de los socios de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración".

Por ello, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales reveló que el país transmitió el pasado 6 de noviembre "la preocupación" por la norma de etiquetado que se aprobó en Brasil, y que va a comenzar a regir dentro de dos años.

Para Neme, el término "complementar" -que se utiliza en dos artículos de la iniciativa para referirse a este tema- "no la resuelve completamente la disyuntiva a la que nos enfrentamos en este momento". Al respecto, sugirió esperar que Argentina asuma la Presidencia Pro Tempore e impulse la necesidad de "alcanzar una norma totalmente armonizada" para el bloque.

Luego fue el turno de Victoria Tolosa Paz, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien centró su alocución en la cuestión de la mal nutrición infantil en la población más vulnerable y manifestó: "Debemos trabajar para igualar a todos los sectores en este tipo de alimentación".

La funcionaria dijo que tiene que haber "un Estado que, de manera inteligente, empiece a comprar alimentos que no dañen y no produzcan más daño en la curva de los indicadores de la mal nutrición en Argentina". Asimismo, resaltó el "drama de la baja talla" en la que niños de 0 a 5 años tienen "la carencia más grande del consumo de frutas, verduras y lácteos".

"Es una ley que busca ni más ni menos que hacernos cargo de algunos indicadores y dar respuesta a una población que necesita que el Estado garantice alimentos sanos", agregó.

A su turno, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, ponderó el "consenso" entre distintos Ministerios para avanzar con esta norma y habló de un "momento histórico". También afirmó que existió "diálogo con todos los sectores", pero "fue fundamental la voluntad del Ejecutivo".

"El etiquetado es importante, pero es parte de una política integral", sostuvo y enfatizó que "este proyecto no es en contra de nadie y no busca demonizar nada, es un proyecto a favor de todos".

La funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo explicó que se trata de que los consumidores puedan contar "con la información necesaria para poder tomar decisiones", la cual debe ser "clara, precisa y simple". "Es responsabilidad del Estado garantizar que la sociedad pueda tomar las decisiones con información", insistió.

Por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Alós aclaró que la iniciativa se discutió teniendo en cuenta que "este proceso sea también cuidando al sector productivo, porque nosotros somos un país que produce alimentos; cuidando sobre todo a nuestras PyMEs, y a los productores de alimentos que vienen de la agricultura familiar".

El secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional expresó que la ley "es una necesidad para toda la población argentina en términos de cuidar la salud", pero coincidió con Leme en que "hay que armonizarla con Mercosur". "Si no hacemos ese proceso podríamos tener algún riesgo de barreras comerciales", alertó.

Desde el Ministerio de Salud, Arnaldo Medina expresó el "beneplácito" con el proyecto y aseguró que "estamos ante una pandemia mundial que es la obesidad y el sobrepeso, una pandemia silenciosa que produce muchas más enfermedades y muertes que la de Covid-19".

Sobre ello, el funcionario precisó que en Argentina hay un 60% de adultos con sobrepeso y un 30,6% de niños en edad escolar con sobrepeso. "En nuestro país se consume aproximadamente 11 gramos de sodio por habitante, por día. Estamos prácticamente en más del doble de lo que el organismo tolera y más de diez veces de las necesidades que tiene nuestro organismo", señaló.

El secretario de Calidad en Salud advirtió que el sobrepeso y la obesidad producen "enfermedades cardiovasculares; metabólicas, como la diabetes; y el cáncer". Además, indicó que "los patrones de consumo han empeorado" y más de un 50% de los adultos llevan una vida sedentaria.

Finalmente, destacó que "es la primera vez en la historia que en el Poder Ejecutivo hay un acuerdo entre los Ministerios" sobre el tema, y afirmó que la propuesta -similar a la que se votó en el Congreso- fue presentada ante la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos) y ante el Mercorsur. Durante su presentación estuvo acompañado por Mónica López, directora del Instituto Nacional de Alimentos, quien también respondió consultas de los legisladores.

La cuestión Mercosur

Al momento de las preguntas, el diputado Alejandro García, titular de la Comisión de Industria, señaló que no le había quedado "claro" la posibilidad de "supeditar o no" el tema, o "en qué términos avanzaríamos", respecto al Mercosur. "¿Cómo sería la implementación (de la ley) si no hubiera un acuerdo en Mercosur?", se preguntó.

En el mismo sentido, la diputada Brenda Austin dijo estar "un poco confundida con las intervenciones del Ejecutivo", y consultó al funcionario de Cancillería si la intención es "posponer el debate, esperando que Mercosur defina y avance, o modificar la redacción".

Jorge Neme respondió entonces que el acuerdo del bloque regional "no suprime la soberanía nacional" y "estamos en condiciones plenas de resolver sobre cada una de las cosas". Pero la cuestión pasa por "si la política que prevalece es una decisión de construir una integración regional, o si cada país va decidiendo aisladamente cuáles son las normas que va a ejecutar".

"No está en juego la capacidad del Gobierno argentino resolver sobre todos los hitos", reiteró y subrayó que se trata de que "si esa capacidad no se pone en línea con la capacidad del resto de los países para tratar de resolver cuestiones conjuntas, se debilita absolutamente el proyecto y la política de integración".

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales mencionó que existen resoluciones del Mercosur relacionadas al etiquetado de alimentos, e incluso "desde el año pasado se viene discutiendo en el Mercosur la actualización del etiquetado".

Sin embargo, "si vamos con una ley (propia), la discusión queda absolutamente coartada" y "si se tiene que ir a defender nuestra ley para que los demás países adhieran, eso crea un problema", aseguró.

El funcionario explicó que el caso de Brasil se hizo a través de una resolución de un organismo competente, en la que se plantea un plazo de dos años y "expresamente que hay que ir hacia una armonización en el Mercosur".

"El Mercosur en términos de regularizaciones de integración está muy pobre y nosotros necesitamos consolidar eso", continuó y concluyó: "Tengamos las manos libres para, por lo menos intentar, durante la Presidencia Pro Tempore de la Argentina, que comienza el 16 de diciembre, la posibilidad de lograr una norma armonizada. Ese es el planteo de Cancillería".