El diputado nacional Jorge Enríquez afirmó que el llamado “impuesto a las grandes fortunas” que impulsa el Gobierno podría ser confiscatorio y puso en duda su carácter “excepcional” al anticipar su rechazo al proyecto que comenzará a debatirse esta semana en la Cámara baja.

“No se trata de ningún aporte solidario, como lo denomina el kirchnerismo, sino de un nuevo impuesto porque quienes estén alcanzados deberán hacer una contribución obligatoria, aunque se lo disfrace con otro nombre”, subrayó Enríquez, quien advirtió además que “los impuestos directos casi siempre han nacido como gravámenes de emergencia, que luego de pasada la referida emergencia, se instalan de manera permanente en el sistema tributario”. En ese sentido recordó el impuesto a los Réditos, que se creó en 1932 como un “gravamen de emergencia” y que sigue hasta hoy con la denominación de impuesto a las Ganancias, así como el impuesto sobre los bienes personales de 1991 y el impuesto a los débitos y créditos bancarios del 2001, implementados bajo una supuesta temporalidad que no se cumplió.

El diputado consideró, además, que de aprobarse este impuesto supondría una doble imposición tributaria, ya que el objeto imponible, el patrimonio, ya se encuentra alcanzado por el impuesto a los bienes personales. “Esta doble imposición puede llevar a la confiscatoriedad, ya que absorbería una parte sustancial de la renta o del patrimonio gravado –estimó Enríquez, y agregó–. Ambos tributos tendrán el mismo efecto nocivo sobre la inversión, el ahorro y además alentará la fuga de emprendedores con capacidad de generar empleo”.

Por otra parte, Enríquez cuestionó firmemente que el proyecto del Gobierno “de manera novedosa y llamativa introduce como elemento adicional de capacidad contributiva el de nacionalidad, ya que se establece que también estarán alcanzados, por sus bienes en el país o en el exterior, aquellas personas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de la ley de impuesto a las Ganancias”.

Por último, el diputado opositor objetó que se gravarán las acciones y participaciones societarias de empresas argentinas, desalentando así la inversión en momentos en que ésta resulta indispensable para superar la gravísima crisis que atraviesa el país y que ha disparado los índices de pobreza e indigencia a niveles sin precedentes.