La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reiteró su preocupación ante el proyecto de ley para establecer un “aporte solidario y extraordinario”, popularmente conocido como “impuesto a la riqueza”, que mediante una nueva carga sobre las personas humanas con grandes patrimonios incrementaría una presión impositiva ya de por sí muy elevada.  

Tal como lo señaló el 14 de septiembre último mediante un comunicado  la CAC entiende que la progresividad es una característica bienvenida de los esquemas impositivos, pero también que debe tenerse en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente, como el Impuesto sobre los Bienes Personales, que grava los mismos activos sobre los que se intenta aplicar el gravamen que se proyecta, y cuyas alícuotas se incrementaron en hasta nueve veces en el último año. Asimismo, la Entidad está convencida de que la expansión de la actividad y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen, con el riesgo adicional de generar un éxodo a jurisdicciones con un tratamiento más favorable.   

Ante las urgencias fiscales, en lugar de apelar a un nuevo impuesto, deberían buscarse alternativas superadoras, en beneficio de la inversión, la generación de empleo y el progreso económico y social del conjunto de la Nación. Esto podría incluir la reducción de ineficiencias varias en materia de gasto público, el combate a la informalidad e, incluso, en la crítica coyuntura actual, un “empréstito patriótico”, en dólares, con una tasa de interés mínima y varios años de repago, aplicable al pago de impuestos para asegurar su recuperabilidad para los inversores.  

Sin perjuicio de lo anterior, y teniendo en cuenta que la iniciativa del “aporte solidario y extraordinario” ya obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados, la CAC detalla a continuación algunas propuestas tendientes a morigerar los efectos negativos del aporte en cuestión:

• Incrementar la suma exenta –originalmente fijada en $200 millones– a un monto de entre $280 y $300 millones, considerando la inflación y la variación del tipo de cambio de los últimos meses. Caso contrario, el aporte alcanzaría a muchos más contribuyentes de lo originalmente previsto.
• Transformar el mínimo exento en un mínimo no imponible, lo que significaría una importante mejora en materia de equidad.
• Eliminar las normas propias sobre residencia que pretenden alcanzar a sujetos que residen en otros países y que generarían un alto grado de conflictividad y judicialización de esos conflictos.
• Suprimir el tratamiento diferencial entre activos en el país y en el exterior y eliminar la repatriación de fondos vinculada con ese tratamiento.
• Reducir las alícuotas aplicables.
• Gravar con una alícuota reducida (no mayor al 0,5%) las participaciones societarias y empresarias disponiendo el pago por las sociedades como responsables sustitutas, como es actualmente en el impuesto sobre los Bienes Personales.
• Eximir los títulos públicos nacionales, provinciales y municipales y la casa habitación hasta cierto límite.
• Disponer un plan de pago en cuotas no menor a 12 mensualidades.

En definitiva, la CAC ratifica su rechazo al aporte propuesto, a la par que hace un llamado a que, en caso de este se concrete su aprobación, cuanto menos se implementen correcciones que reduzcan las consecuencias adversas que generaría sobre la economía nacional.