Tal cual se  preveía desde que el oficialismo anunció la intención de analizar los proyectos presentados por los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell para reformar la Ley de Ministerio Público, el Frente de Todos avanzó este viernes con un dictamen de mayoría que contempla elementos propuestos en las citadas iniciativas, como así también una del senador Alberto Weretilneck que se agregó en el transcurso del debate, pero sobre todo modificaciones elaboradas por el propio Frente de Todos. Dicho dictamen suscripto sobre el cierre de los tiempos para el tratamiento antes que finalice el período ordinario, elimina el carácter vitalicio para el procurador general de la Nación, como así también los dos tercios necesarios para su designación. Mantiene en cambio una mayoría agravada para la destitución del procurador.

Con críticas a lo hecho por sus pares del oficialismo, los senadores de Juntos por el Cambio anunciaron que presentarán un dictamen de minoría, mientras que el rionegrino Weretilneck dijo que quería leer primero el texto elaborado por el oficialismo para decidir si acompañaba el mismo, o presentaba otro dictamen de minoría con su proyecto original.

La reunión arrancó con una exposición del presidente de la comisión, Oscar Parrilli, quien se refirió al “grave error político” cometido por la gestión anterior, que “embistió” contra Alejandra Gils Carbó, quien “como el Estado la perseguía se vio en la necesidad imperiosa de renunciar”.

“Y durante el año 2018 y 2019 no se pudo resolver el problema y se recurrió a un mecanismo que voy a calificarlo simplemente de anormal, como fue apelar a un procurador interino, con todas las características que esto significa. Y sujeto a las presiones obviamente del poder político, de los poderes económicos de todo tipo”, apuntó Parrilli, reiterando entonces sus consabidas críticas al procurador Eduardo Casal.

Ante ello fue que el Senado y la comisión que él preside se abocaron a tratar de resolver el problema, señaló Parrilli, contando que habían apelado a los proyectos de Lousteau y Crexell y también al de Alberto Weretilneck presentado más recientemente. “Se debatieron aquí distintas posturas que fueron transmitidas públicamente. No se escondió absolutamente nada”, enfatizó Parrilli, que agregó que el último miércoles tomaron conocimiento de que el consejo de expertos que había designado el presidente de la Nación para emitir una opinión nno vinculante acerca de temas que hacen al funcionamiento de la justicia, entre ellas la del funcionamiento y la legislación que atañe al procurador general de la Nación. “Allí se han vertido opiniones, algunas coincidentes con lo que aquí se ha expresado, otras no, pero a nosotros nos parece como bloque que están dadas todas las circunstancias, las condiciones y fundamentalmente las necesidades de que este es un problema que tenemos que resolver y no escaparle, ni ir por acuerdos espúreos, fuera de lo transparente, e intentar resolver este problema”, señaló el presidente de la comisión.

Parrilli señaló entonces que el camino es “dictar una nueva ley, no solamente el mecanismo de remoción y nombramiento, sino también cosas que hacen a la necesidad de que exista un control de la función del procurador, igual que existen controles a otros poderes, nos parece que también las funciones del procurador también deben merecer una suerte de controles intrapoder”.

A continuación, la senadora María de los Angeles Sacnun detalló los aspectos fundamentales del dictamen elaborado por el oficialismo, con una larga exposición  en la que destacó que la necesidad de reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa “no se nos ocurrió a nosotros solamente”, y en ese sentido recordó que había un proyecto presentado oportunamente durante la gestión de Cambiemos, con las firmas de los senadores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey, dos iniciativas de Crexell, una de Lousteau y por último el presentado por Weretilneck.

Sacnun aclaró que muchos de los expositores que pasaron por esa comisión plantearon “discutir el rol de los ministerios públicos no es solamente hablar de la periodicidad en cuanto a la designación, a las mayorías para su designación, o el juicio de remoción y la posible destitución. Esa es una mirada parcial de un proyecto que debe ser mucho más amplio. Debemos incluir también el abordaje del federalismo, la igualdad de género; nos parece que es importante fortalecer los controles. Porque muchos de los expositores, cuando abordaron estos temas, entendieron que nuestra mirada era parcial, pero la verdad que la mirada tiene que ser mucho más integral, porque estamos hablando del diseño de la política criminal en la Argentina y de quienes la van a llevar adelante y cómo se van a relacionar con el resto de los podres del Estado”.

Luego se mostró contraria al carácter vitalicio que le asiste al procurador, “porque la perpetuidad de alguna manera es un resabio monárquico. Creo que no debiera existir ningún instituto desde el punto de vista jurídico e instrumental en la Argentina que se conforme con absolutos resabios de la monarquía”.

“Nosotros tenemos una justicia y un sistema judicial pensado en la edad media, esta es la realidad. El delito evolucionó y el Estado no ha evolucionado”, enfatizó, considerando que “para implementar el modelo acusatorio y avanzar contra el narcotráfico, el lavado de activos, es fundamental una política criminal de Estado que sea absolutamente controlada por el Congreso de la Nación”.

A continuación, la senadora kirchnerista resumió el dictamen de mayoría, planteando en primer lugar la institución en el artículo 6 de la Ley 27.148 de algunas cuestiones, “haciendo fundamental hincapié en que la relación con el Poder Legislativo se va a realizar a través de la Comisión Permanente de Control del Ministerio Público de la Nación”.

En el artículo 7 de esa ley, se plantea en el último párrafo que siguiendo los términos de la Ley de Inteligencia, que en ningún caso los integrantes del Ministerio Público Fiscal pueden requerir tareas o funciones de investigación criminal a los organismos de inteligencia. “Y lo vamos a incorporar en el ámbito de las faltas graves en que pueden incurrir los miembros y causales también de destitución”, agregó.

En el artículo 9 de la Ley 27.148, se habla de perspectiva de género, “para promover la diversidad de género como una de las apuestas importantes que también debatimos en su momento cuando debatíamos la ley de reorganización de la justicia”. Sacnun comentó al respecto que en la actualidad en las fiscalías generales hoy hay apenas un 20% ocupado por mujeres.

“Con lo cual, las procuradorías debieran tener un equilibrio”, sugirió, agregando que “allí también queremos introducir uno de los incisos planteando el federalismo por el que hay que velar claramente a la hora de las designaciones”.

El proyecto modifica el artículo 11 de la Ley 27.148, en el cual Sacnun señaló que ahí tomaron lo que se planteaba en el proyecto de ley de Pinedo, Pichetto y urtubey, de mayoría absoluta para la designación del procurador general. “Lousteau y Crexell pedían dos tercios, nosotros ahí tomamos lo que plantearon en su momento algunos expositores, como (Maximiliano) Rusconi y (Daniel) Erbetta”, reconoció la senadora santafesina, aclarando que esa mayoría absoluta debe ser tomada como “piso”. “Eso no significa que no construyamos unanimidad, por ejemplo. Me encantaría que el próximo procurador sea elegido por unanimidad, que construyamos ese consenso político que necesitamos para discutir las grandes causas, pero la verdad que me parece que el énfasis hay que ponerlo en el control del Congreso de la Nación”.

“Así que allí vamos a introducir esta modificación: van a ser designados por mayoría absoluta de sus miembros y  vamos a tomar algo que planteaba el senador Lousteau, que nos pareció correcto, que estas designaciones no se realicen en años electorales, en años en que se elijan presidentes. Nos parece eso fundamental”, comentó la senadora Sacnun.

Habló a continuación de la posibilidad de introducir algunas procuradorías especializadas, como la de Seguridad Social, una contra la violencia de género, y una de crímenes contra la humanidad. “Creemos que tiene que haber una unidad fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar, allí nos quedan todavía cuentas pendientes que saldar” destacó.

Entre las modificaciones sugeridas, mencionó el artículo 23, referido a los titulares de la procuradoría, para que pueda aplicarse la paridad de género; y el artículo 33, referido a las direcciones generales.

En cuanto al artículo 49, Sacnun habló de introducir un concurso público de antecedentes. “Allí volvemos a retomar lo que discutimos oportunamente en el ámbito de la reorganización de la justicia. Entendemos que tiene que haber una primera instancia anónima y escrita y una segunda instancia que tiene que ser pública y oral”.

En cuanto a la integración del tribunal de enjuiciamiento, citado en el artículo 50, el oficialismo plantea la necesidad de que esté formado por un fiscal, seleccionado por sorteo público; dos juristas invitados o invitadas, y un integrante de la comisión bicameral. Con relación a la estabilidad, citada en el artículo 62 de la Ley 27.148, “estamos planteando que gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y  hasta los 75 años de edad. En cuanto a la duración del cargo, allí planteamos una duración de 5 años; por supuesto que la designación no debe coincidir con el año electoral, y con una posibilidad de reelección, siempre con acuerdo del Senado y que no supere los 75 años”, explicó. Agregó en cuanto a los traslados que no p ueden ser realizados sin la conformidad cuando fueran realizados fuera de sus provincias, y se le da participación a la Bicameral para que opine respecto de esos traslados, cuestión de que no sean arbitrarios o amañados.

En cuanto a los mecanismos de remoción, “allí creemos que hay una vía que upede ser la de que el Poder Ejecutivo comunique a la Cámara de Diputados y esta con la mayoría de los 2/3 de sus miembros pueda iniciar el proceso y a solicitud también de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con la aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado, por el voto de los 2/3 de sus miembros. Ahí nos pareció que era  importante mantener esa mayoría agravada para el caso de su remoción”, remarcó la senadora Sacnun.

En cuanto a las causas de remoción, señaló que la cuestión del “mal desempeño” es amplio, pero “tiene que existir la facultad de defensa, las garantías constitucionales, que se pueda defender aquel que esté sometido a una posible remoción y que pueda aportar pruebas en ese ámbito”.

“Obviamente que el hecho de que vamos a introducir una periodicidad en la extensión del ministerio público por supuesto que hace que también, al no ser vitalicio en el cargo, haya un mayor empeño y una menor delegación en las tareas que se llevan adelante, y vamos a evitar que se pierda el contacto con la comunidad, que muchos de los expositores que han pasado por la comisión lo han planteado como una de las cosas fundamentales”, agregó la senadora del Frente de Todos.

En el artículo 77 se hace referencia al tribunal de enjuiciamiento, que estará integrado por 7 miembros. “Nosotros hacemos un planteo de quiénes deben ser: 5 vocales, uno del Ejecutivo, 3 de la bicameral, dos representantes de la mayoría y uno de la minoría, y un vocal en representación del Consejo Interuniversitario Nacional. Un vocal abogado de la matrícula federal, designado por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro que deberá ser elegido por sorteo público entre los fiscales con no menos de diez años de antigüedad”, detalló.

En cuanto a la Ley de Ministerio Público de la Defensa, la 27.149, allí plantean un proyecto en espejo, sin modificar sustancialmente las faltas que se han tenido en cuenta para el Ministerio Público Fiscal.

Al concluir su exposición, Sacnun aseguro que el desarrollo de ese proyecto fue “una enorme tarea” llevada a cabo por los integrantes de la comisión y del bloque del Frente de Todos y agradeció especialmente a la vicepresidenta del mismo, Anabel Fernández Sagasti, y a Martín Doñate, presidente de la Bicameral del Ministerio Público, que trabajaron específicamente en este tema.

A su turno, el senador Alberto Weretilneck dijo esperar leer una copia del dictamen del oficialismo para decidir si se sumaba con su firma o iba con un dictamen de minoría con su proyecto. “En términos generales, hay algunas cosas que compartimos”, adelantó el exgobernador rionegrino.

“Acá se está diciendo que esta ley tiene como finalidad afectar los juicios que están en marcha, que tienen finalidad de trabar… Miren, está absolutamente claro que ninguna ley va a dar una instrucción particular puntual sobre un integrante del Ministerio Público y todos sabemos que un procurador no puede dar ninguna instrucción particular a ningún fiscal sobre  una causa puntual. Porque es un delito y puede ser denunciado. Así que desmitifiquemos que estas leyes son para garantizar ciertas cosas”.

Y continuó: “Si yo tengo un procurador de 5 años (de duración en el cargo) y un fiscal con cargo a perpetuidad, ¿a usted le parece que un fiscal le va a hacer caso a un procurador al que se le vence el mandato? Ningún fiscal de carrera que tenga 15 años por delante le va a hacer caso a un procurador al que se le vence el mandato en 3 o 4 años, carece de sentido común… Es no conocer cómo es el funcionamiento del Estado y la estabilidad”.

Luego Weretilneck defendió la designación del procurador por mayoría absoluta: “En todos los países es así, creo que hay dos países que no”, señaló, para recordar luego que cuando el 4 de abril de 2016 el entonces presidente Mauricio Macri elevó al Congreso el plan de Justicia 2020, en el mismo el mandato del procurador era de 4 años. Ese proyecto fue modificado en la Cámara de Diputados y tuvo dictamen, fijándose un plazo de 5 años. “Es decir que la temporalidad no es un tema que se le haya ocurrido a este senador o al Frente de Todos, porque nos queremos llevar puesta la autonomía del Ministerio Público”, aclaró el exgobernador rionegrino, que consideró como algo nuevo los controles de la bicameral, aunque aceptó que “no hay un órgano de la República que no pueda ser controlado”.

Desde la oposición, la radical Silvia Giacoppo aclaró a continuación que les hubiese gustado tener el dictamen, para analizarlo, porque “de esa forma podríamos quizá haber aportado, o haber dicho qué compartíamos o no”.

Adelantó entonces que Juntos por el Cambio presentaría un dictamen de minoría, y admitió que compartían algunas cosas del nuevo proyecto y otras no, según lo que había escuchado, pero advirtió que “de los 16 expositores solo dos estuvieron de acuerdo con uno de los temas que hacen al debate político de esta reforma en lo que hace a la designación por los dos tercios. Catorce dijeron que no debía tocarse la composición actual de una mayoría agravada  para la remoción”.

A su vez, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez se sumó al reclamo de Giacoppo por la falta de acceso al dictamen y advirtió que era la primera vez que participaba de una comisión en la que “todos los que son autores de los proyectos, incluido Weretilneck, no conocían lo que ahora nos están proponiendo como dictamen”.

Reconoció de todos modos que había cosas que compartían, por ejemplo que el cargo de procurador tuviera una limitación de tiempo, mas criticó que sacaran la necesidad de los dos tercios. “Hasta un exprocurador de la Nación ha dicho acá que le quita la fuerza necesaria a quienes queremos poner en ese lugar, y esto es absolutamente innecesario. Creo que es necesario un verdadero consenso”, expresó.

La senadora tucumana alertó a continuación que lo que consideraba más grave era la propuesta de lo que consideró un “cogobierno” con la bicameral. “Porque una cosa es control y otra es cogobierno, y lo que ustedes nos están proponiendo como dictamen es la enorme cantidad de atribuciones que le dan a la bicameral, que pone en jaque no solamente al procurador, sino también a todos los fiscales. La verdad que los van a poner a tiro de este nuevo tribunal de enjuiciamiento, donde ponen juristas amigos. No sé, realmente le quita la estabilidad a todos los fiscales”, sostuvo.

Se alegró en cambio de que hayan mantenido los dos tercios en cuanto a la remoción.

Por su parte, el correntino Pedro Braillard Poccard, también de Juntos por el Cambio, consideró “fundamental” la necesidad de llegar a un acuerdo, pero observó en cambio que recién esta semana terminaron de escuchar los testimonios en esa comisión, “y ya estamos hoy votando un dictamen de mayoría que seguramente va a ser el que va a tener todos los votos necesarios, y seguramente lleguemos a sesión la semana que viene”. Cuestionó entonces semejante prisa “en este contexto en que la ciudadanía está preocupada y angustiada por otras cosas”.

“Escuchamos a especialistas, pero viendo el día de hoy, es muy difícil pensar que el resultado no estaba puesto de antemano”, observó Martín Lousteau, autor de uno de los proyectos en los que se basó el proyecto transformado ahora en dictamen. Empero, consideró que de los proyectos puestos a debate, el resultado “tiene que ver poco” con los mismos. Lo cual lo llevó a decir que “está claro que había un trabajo por otro lado mientras estábamos escuchando a los expositores”.

Destacó en ese sentido que solo dos expositores coincidieron en reducir la mayoría agravada.

A su turno, el cordobés Ernesto Martínez hizo un irónico reconocimiento a Oscar Parrilli, al que le encontró “alguna característica común conmigo: que no se enoja cuando dice las cosas. Y otra cosa, su sinceridad. El se plantea objetivos políticos, transita hacia ellos, busca lograrlos, y las anécdotas, irse por las ramas, no le interesan, porque va directamente al arco a hacer un gol. Eso es bueno, porque a mí me facilita la sinceridad en lo que tengo que decir”.

“Se habló de organismos especiales, de paridad de género, lo que no se ha discutido y mucho menos reforzado es la independencia de actuación del procurador general de la Nación -observó-. Y tengo para mí que en política no se llora, se lucha, y cuando del otro lado, como es su caso senador Parrilli y el actual oficialismo, no se da cuartel, yo tampoco puedo venir en un tono lastimero a decir porqué pasó esto y porqué no pasó lo otro… Aquí y ahora opino y contesto: este proyecto transforma al procurador general de la Nación en un empleado del Ejecutivo. Que en cualquier momento puede ser puesto en crisis, ya sea por el presidente de la Nación, o por cualquier diputado que tenga las mayorías de la Cámara de Diputados. Y esto se evitó hacerlo central en las exposiciones, no todos son como usted Parrilli, pero este es el eje. Es lo que se quiere buscar, una persona que a tiro de la presidencia, de inmediato con una comunicación se encuentra en la picota y pongamos en el fango de la política a aquellos que no están acostumbrados ni con el cuero duro como ustedes a soportar aquellos condicionamientos y desmedros justos o injustos”.

Para Martínez, “con esta manera de remoción, la acusación será lo que quiera el Poder Ejecutivo siempre, y la defensa o mismo. Simplemente tendrá que contar con su mayoría ocasional en Diputados y alcanzarla en el Senado de la Nación, que por otro lado ya parte de una base desde 1983 que le facilita las cosas”.