Reducción de recursos de la Ciudad: al cabo de un encendido debate el oficialismo firmó el dictamen

En la primera y única reunión de comisión para debatir el proyecto de ley que reduce los recursos que recibe CABA en materia de seguridad y lleva a 1,40% el coeficiente de coparticipación para ese distrito, se lo dejó listo para llegar al recinto.

En un extenso plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el santacruceño Pablo González, y de Presupuesto y Hacienda, que maneja el porteño Carlos Heller, se analizó el proyecto que cuenta con media sanción del Senado por el cual se aprueba el convenio de transferencia de las fuerzas de seguridad. Al cabo de más de cinco horas de discusión, se aprobó un dictamen de mayoría por 43 firmas, mientras que el dictamen de rechazo emitido por la oposición cosechó 34 rúbricas.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aprueba el convenio firmado en enero de 2016 que transfiere progresivamente a la Ciudad las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en ese distrito.

En el texto se fijan unos 24.500 millones de pesos para financiar los gastos de la Policía Federal traspasada a la Capital. La cifra es, según se afirmó desde el Gobierno nacional, el total de dinero destinado a atender la transferencia en 2020, pero el monto deberá ser actualizado cada año.

En el inicio del debate, el diputado kirchnerista Pablo González aseguró que “en manera alguna se busca perjudicar a la Ciudad, sino que se trata de ordenar y readecuar el correcto cálculo de los gastos del servicio de seguridad”. Usó como prueba los datos del Presupuesto y aseguró que “la ciudad fue la que más aumentó sus ingresos por encima de la media”.

González cargó contra el decreto original del presidente Mauricio Macri que a su juicio “modificó de manera ilegal los índices de coparticipación y estableció e incrementó esa masa coparticipable en 165%. Algunos legisladores que han sido gobernadores pueden recordar los debates que han tenido lugar en el CFI”.

“No corresponde aumentar de esta forma la coparticipación; no existían estudios, ni se determinó el porqué de estos montos. Recién después se aclaró que este aumento iba a ir a la policía, en un decreto que se dicta a posterioridad”, señaló Pablo González, que recordó luego que “había un compromiso del Gobierno nacional de readecuar esto y eso no pasó nunca. Después se readecuó ese porcentaje en un 50%”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales aseguró que la Ciudad de Buenos Aires percibió 206.758 millones; si la transferencia teórica hubiera sido 1,40% , hubiera representado 80.960 millones, con lo cual hay una diferencia de 125 mil millones. Pero además, el Estado nacional continuó ejerciendo funciones de seguridad federal en todo el país; se pactó que recién en mayo de 2017 empezó la ciudad a pagar el salario de los miembros de la Policía Federal. Los ingresos de la federal además fueron reduciéndose”.

La reunión fue presidida por Pablo González.

El primero en hablar de Juntos por el Cambio fue el chubutense Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien pidió postergar la firma del dictamen. “Dada la complejidad y trascendencia que tiene este tema, la detracción trascendente muy grande de recursos a la Ciudad, estamos hablando de una cuestión que tiene anclaje constitucional”, afirmó el legislador patagónico. A su juicio, el decreto 735 por el cual el presidente Alberto Fernández redujo la coparticipación de la Ciudad, y esta ley en discusión, dijo Menna, “terminan de completar un despojo de dimensiones inéditas a una de las partes componentes del Estado argentino y este tema no ha tenido ningún tratamiento en comisión. Fuimos anoticiados ayer de esta reunión de comisión”.

Para Menna, había que analizar los informes sobre el tema, y “de mínima” escuchar a los ministros que refrendaron el decreto 735, el jefe de Gabinete, Martín Guzmán y Eduardo “Wado” De Pedro. Por eso insistió en que “para darle seriedad a un tratamiento que de ninguna manera puede ser apresurado, no puede ser exprés, le pido se considere la moción para que previo avanzar en la consideración de esta cuestión, dispongamos una ronda de reuniones informativas”.

Pablo González le aclaró que reglamentariamente el oficialismo tenía la facultad para establecer el temario. “Lo vamos a someter a consideración y queremos hoy emitir un dictamen”, aclaró, admitiendo que la posición de Menna había sido “muy bien fundada, pero con argumentos que no son atendibles, teniendo en cuenta que esa modificación de coparticipación trae un vicio de origen: el decreto 193/16”.

“Nuestra posición es avanzar hoy en la emisión del dictamen”, dejó claro el diputado santacruceño.

A continuación, el diputado porteño de JxC Alejandro García sostuvo en el mismo sentido que “no puede avanzar esta comisión a las apuradas y empujones sin contar con los elementos informativos. Estamos discutiendo sobre datos absolutamente falsos. Le pido por favor que no nos haga cargo de los números que hace, no podemos avanzar sobre este tema con argumentos falsos”.

“Usted está simulando una reunión, esta situación no se merece una simulación”, advirtió García.

Intervino entonces Carlos Heller, que aclaró que contrariamente a la aseveración de la oposición de que habían accedido a la información con 24 horas de antelación, en realidad el 5 de octubre la información había sido subida y estuvo a disposición de todos los diputados. “Por lo tanto, aducir que no hubo tiempo para informarse suena a argumento no sustentable con la realidad”, remarcó. Y agregó: “Yo no creo que tuvieran que esperar a que los convoquen a la reunión para abocarse al estudio de todo lo que estamos hablando”.

Y concluyó señalando que en el Senado estuvieron especialistas y ministros, y toda información está disponible, por lo que consideró que los argumentos de la  oposición “son argumentos que buscan dilatar el debate”.

Desde el  plano institucional, el diputado Pablo Tonelli rechazó el proyecto oficialista por razones institucionales, constitucionales y jurídicas “que determinan la inconstitucionalidad de este proyecto”.

“El problema mayor se presenta en el artículo 5°, a partir de la entrada en vigencia de esta ley”, aseguró el legislador del Pro, para quien el Poder Ejecutivo “modificará de manera unilateral, inconsulta, como ya lo ha hecho por dereto el porcentaje de coparticipación de la ciudad, y esto es inconstitucional, porque nuestra Constitución en materia de coparticipación tiene establecidos principios que son muy claros y fáciles de entender, que no se respetan en este caso”.

Tonelli explicó que “el único modo de modificar los acuerdos es mediante acuerdos. Y en este punto, hasta el dictado del decreto 735, que claramente es inconstitucional, hasta el momento ese en cada una de las oportunidades en que se estableció el porcentaje de coparticipación que le corresponde al a Ciudad se lo hizo mediante acuerdo entre Nación y Ciudad. Hasta entonces nunca había habido decisiones unilaterales de esas que la Corte Suprema tacha de inconstitucional”.

“Cuando se estableció el primer porcentaje, de 1,4, después del acta complementaria del convenio de financiamiento, ratificada luego por ley y por decreto. Posteriormente, cuando en 2016 se incrementa al 3,75% ese incremento luego de celebrarse el convenio de traspaso de competencias en materia de seguridad no federal; poco tiempo después se redujo al 3,5% como consecuencia de un acuerdo para un nuevo federalismo, el 18 de mayo de 2016. Es decir, hasta el decreto 875, que es claramente inconstitucional, todos los decretos que habían establecido los porcentajes eran sobre la base de un previo acuerdo. Es lo que establece la Constitución. Ni hablemos del 875, que ni siquiera cumplió con el acuerdo. El 194 no es inconstitucional, porque es el reflejo de un previo acuerdo”, concluyó en tono doctoral.

Lucía Corpacci consideró “justa” la medida adoptada por Nación contra CABA.

Desde el oficialismo, la catamarqueña Lucía Corpacci cuestionó los argumentos de la oposición, y como exgobernadora se refirió al Consenso Fiscal, señalando que una de las cláusulas para que los gobernadores lo firmaran era que si no lo hacían les quitaban el Fondo Sojero. Sin embargo un día el gobierno de Macri se los quitó y se enteraron por los diarios. “De la misma manera que nos enterams que entraba el Fondo”, deslizó.

La catamarqueña sostuvo que ese dinero que recibió CABA era  parte de la coparticipación de la Nación. “Ese porcentaje es muy superior a lo que necesita la Ciudad de Buenos Aires. Y el distrito más poderoso del país solidariamente tiene que ceder algo que le está sobrando y que además viene de fondos nacionales, para otro distrito que la está pasando mal y que además tuvo una dificultad con las fuerzas policiales”.

Y concluyó: “Cuando a nosotros nos retiraron el Fondo Sojero no escuché a otros diputados que dijeran nada. Esta fondo le está quitando lo que sobra, no se dio para las fuerzas de seguridad, sino para otras cosas, yo la verdad considero que esto es justo”.

Habiéndose rechazado la moción de postergar el debate, Gustavo Menna volvió a intervenir para señalar que “acá lo único que motiva a esto es la revancha y favorecer discrecionalmente a un solo distrito, mientras se abandona a otro. Que alguien me explique cuál es la razón para salir corriendo a ayudar a un distrito para que pueda aumentarle los sueldos a la policía, y no a otro cuando piden no un aumento sino que les paguen el sueldo”.

Por su parte, el diputado Jorge Enríquez anticipó el rechazo de la media sanción proveniente del Senado al considerla “inconstitucional, improvisada y unilateral, que atenta contra el federalismo”. Y agregó: “Los gobiernos kirchneristas borran con el codo lo que está escrito en la Constitución, se inclinan siempre por los gobiernos amigos y no los contrarios”.

El oficialista Martín Soria sostuvo en cambio que “este proyecto viene a poner equidad a una situación generada por Macri sin análisis alguno, sin ningún consenso, sin debate… Por eso hoy nos llama la atención que algunos vengan a plantear que este tema no haya tenido debate, cuando viene debatiéndose desde 2016. Por eso llama la atención que algunos al principio hayan querido entorpecer el tratamiento con argumentos infantiles”.

Laspina recordó la persecución que sufrió Macri.

Más adelante, Luciano Laspina habló de una “evidente persecución política, n ataque al federalismo, porque la Ciudad de Buenos Aires forma parte de ese federalismo”, y advirtió que esta decisión opera como “un antecedente nefasto para otras provincias”.

Sobre el final, recordó “la persecución que sufrió Mauricio Macri, y a pesar de todo ganó las elecciones… Como decía Perón, con los medios en contra ganamos, con los medios a favor perdimos; con los recursos en contra ganamos, con los recursos a favor perdimos… Así que por ahí nos están haciendo un favor”.

“Si Matías Lammens hubiese ganado las elecciones, esta discusión no se hubiese llevado a cabo”, señaló a su turno Paula Oliveto, para quien “es muy triste que te discriminen por votar distinto”.

A su turno, Graciela Ocaña subrayó que “esta decisión de Alberto Fernández es sumamente errónea y significa un retroceso en los servicios de la Ciudad” y añadió que “el Gobierno castiga a los porteños porque le han dado la espalda electoralmente”. La legisladora nacional señaló ejemplificó además que “la Ciudad ya ha dejado de percibir 13 mil millones de pesos y el año que viene serán 53 mil millones, lo que significan 10 meses de sueldo del personal de la salud u 8 meses de los costos de la salud y más de la mitad de las inversiones en seguridad para los porteños”.

“La realidad indica que hoy se está corrigiendo una enorme inequidad”, afirmó sobre el final Leopoldo Moreau, porque “cuando Macri cedió estos recursos supuestamente para favorecer el traspaso de la policía para que se transformara en Policía Metropolitana, nadie pidió planillas para saber si se estaban dando los recursos necesarios o se estaba utilizando este pretexto para darle a la Ciudad más recursos de los que realmente se necesitaban”.

Financiamiento de la Ciencia

Previamente, la Comisión de Presupuesto y Hacienda aprobó un dictamen de consenso que incrementa progresivamente el presupuesto destinado al financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia. La norma tiene por objetivo la federalización, la generación de empleos de calidad, el desarrollo integral de la ciencia y tecnología, la igualdad de género, la integración institucional y la promoción de la participación privada. Además, se dictaminó con disidencias el proyecto de presupuestos mínimos para implementación de la educación ambiental en la Argentina, entre otras iniciativas. 

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