Con la cuarentena archivada y sin posibilidades prácticas de reimplantarla -más allá de limitaciones a los ciudadanos que rozan lo inconstitucional-, la épica que se impulsa tiene como base la palabra “reconstrucción”. En el Congreso el relato se nutre con proyectos contrapuestos.
Por José Angel Di Mauro
“Quiero simplemente, para los ciudadanos que hoy me están escuchando, dejar un mensaje de optimismo. Vamos a estar bien en 2021. Y vamos a estar mejor cada año que pase, porque las políticas que estamos aplicando parten desde el humanismo, son racionales en un progresismo económico lógico y son posibles. Ya otras veces las hicimos y ahora va a ser muy exitoso”. Este es un párrafo del discurso del senador nacional Carlos Caserio con el que como miembro informante del oficialismo abrió el debate del Presupuesto 2021 debatido en el Senado. Más tarde haría referencia al error que impediría que fuese ley esa misma jornada, pero el detalle se corrigió cinco días después, cuando el martes pasado Diputados dio la aprobación formal en un mero trámite de la sesión de más de 20 horas de esta última semana. Pero el dato saliente es el espíritu del pasaje del discurso al que hacemos referencia.
Es lo que pide el gobierno para el tiempo que viene, ya decretada virtualmente la salida de la pandemia, aunque los casos registrados sigan en el orden de los diez mil diarios, los muertos no bajen de 200, y las clases presenciales sigan siendo una utopía. Para el gobierno se inició una nueva etapa y no hay vuelta atrás. Porque no hay margen posible, pues la economía llegó a su límite de tolerancia, como la paciencia de la gente. Por eso se aferra a la vacuna. Por eso el discurso insistente es que la esperanza que cerrará definitivamente esta pesadilla está bien cercana, aunque los especialistas se resistan a confirmar una premura que no auguran en otras latitudes.
Porque la verdad es que no hay chances para una nueva cuarentena, más allá de que el diario del lunes que representa para nosotros Europa indique lo contrario. Aunque de hecho, allí también se resisten a volver a cerrar. Con economías más robustas la decisión está tomada en ese sentido, aunque los contagios y los muertos vuelvan a sumar en grande. ¿Qué esperar entonces en nuestro país, con una economía que ya venía maltrecha sin pandemia? El déficit para el año en curso será memorable; se estima en el orden de los 12 puntos. Para el año que viene el Presupuesto aprobado hace pocos días prevé un déficit de 4,5%, pero Martín Guzmán promete que lo reducirá más. Un nuevo cierre de la economía es entonces improbable. Porque por más que Alberto Fernández haya dicho en su momento que entre la salud y la economía, no tenía dudas, lo que ahora no hay es margen.
Si bien se insiste en que el albertismo no existe, Carlos Caserio podría ser considerado un albertista. Quizá el único en el Senado. De origen delasotista, se distanció de su gobernador, Juan Schiaretti, cuando se jugó abiertamente por el candidato del Frente de Todos y trató de ser su anfitrión en esa provincia decididamente anti K durante la campaña. Fernández quiso premiarlo con un ministerio, pero sobre todo para correrlo de manera suave de la presidencia del bloque que ostentaba tras la salida de Miguel Pichetto. Luego vieron que si lo hacían asumiría un hombre de Schiaretti y por lo tanto se arriesgaban a perder un senador, así que se tuvo que quedar en la Cámara alta y le dieron la presidencia de la Comisión de Presupuesto para compensar que dejara de presidir el bloque. Su mandato vence en la próxima elección y espera tener un lugar en el gabinete nacional para la segunda parte de esta gestión.
Más cercano a Cristina que a Alberto, el senador Jorge Taiana -que reemplazó a la vicepresidenta en su banca- abonó el discurso optimista en esa misma sesión. “Creo que vamos a crecer más -confió-. Creo que un crecimiento del 5,5% es una estimación conservadora. Estoy convencido de que vamos a tener una mayor recuperación económica y, por lo tanto, vamos a contar más recursos. Vamos a comenzar a salir del pozo”.
Es el mensaje que quieren dar desde el gobierno para la etapa que viene, sostenida por dos elementos: vacuna y arreglo con el Fondo. “Reconstrucción”, será la palabra más escuchada en el tiempo que viene, y ya figura en la publicidad oficial. Es aceptable para la épica que esta gestión desea crear para el relato que construye.
Parte de esa épica se vio en el Congreso, donde el oficialismo impuso esta semana el impuesto a las grandes fortunas. En realidad llamado “aporte solidario y extraordinario”, no deja de ser un impuesto, como enrostró durante el debate una y otra vez la oposición. Y más temprano que tarde se va a judicializar y muy posiblemente un juez lo declare inconstitucional. La advertencia se hizo varias veces durante esa larga sesión en la que a continuación se trató otro proyecto inspirado por Máximo Kirchner, no menos polémico: el que prohíbe por entre 30 y 60 años desarrollos inmobiliarios en terrenos incendiados.
El gobierno no quería tratar el aporte solidario, al menos ahora. Así se lo había hecho saber el propio presidente a los empresarios cuando le plantearon sus reparos. Como hemos dicho, la excusa para postergar su tratamiento era que primero presentarían la reforma tributaria y luego adecuarían el aporte solidario, cuestión de que “no se pisaran sus artículos”. Pero este Congreso tiene vida propia, concedida y aceptada públicamente por el propio Presidente, y así fue que cuando nadie lo esperaba en el gobierno un grupo de diputados encabezados por el hijo de la vicepresidenta pidió la sesión especial. Ya no había vuelta atrás.
Es que el kirchnerismo había advertido las dilaciones, de ahí que saliera Carlos Heller -el redactor de la norma- a apurar el tema anticipando la inminencia del debate. Pero más que el titular del Banco Credicoop, hizo ruido Alicia Castro cuando responsabilizó directamente al titular de la Cámara de Diputados por el “cajoneo”. “Hay que preguntarle a Massa por qué no se avanzó con el impuesto a las grandes fortunas”, dijo quien tiene la libertad de hablar sin filtro porque no ocupa cargos, pero suele expresar el pensamiento vivo de la vicepresidenta de la Nación.
Para muchos, la presentación del proyecto de aborto legal fue la respuesta presidencial a esa jugada. Porque habían dicho que en plena crisis sanitaria no impulsarían esa iniciativa. No es descabellado pensar que fue una respuesta de Alberto Fernández a la carta de Cristina Kirchner, que manda en el Senado, donde precisamente el aborto fracasó hace dos años y donde más difícil es su aprobación. Es otro proyecto que hace a la épica kirchnerista, pero jugado como está por su aprobación, no caería bien en la militancia propia un fracaso.
Pero números son números, y mientras en Diputados se perfila un panorama tranquilizador para los verdes, en el Senado -donde en 2018 el proyecto fue rechazado 38 a 31- hoy la diferencia es ajustada, pero con ventaja celeste: 35 a 33. Hay dos senadores que no se han pronunciado, los entrerrianos Edgardo Kueider y Stella Maris Olalla. Ha trascendido que el primero se inclina por el rechazo; la segunda, a quien señalan cercana a la Iglesia, dice que en principio no va a tomar una postura pública. La neuquina Lucila Crexell, que en 2018 se abstuvo, hoy estaría más cerca de votar positivamente. El tucumano José Alperovich, que en 2018 votó en contra, está de licencia y sin perspectivas de volver.
A priori, el rechazo tiene ventaja, pero ante una diferencia tan estrecha no se descarta tampoco que termine desempatando Cristina. Un protagonismo soñado, que podría malquistarla definitivamente con su amigo Francisco. Que el formoseño José Mayans, haya salido a decir que este debate es “absolutamente inoportuno” va más allá de ratificar su conocido rechazo a la legalización. El presidente de bloque no es un “libre pensador”, eso no existe en una Cámara manejada por CFK, de ahí las dudas respecto de la homogeneidad respecto de la oportunidad de presentar ahora el proyecto. Y encima fue el “supermartes”, en el que se esperaba que todo el protagonismo fuera para la sesión en Diputados.
Como sea, ya está hecho y el oficialismo quiere apurar el debate, aunque los tiempos no darían para alcanzar a debatirlo en ambas cámaras en diciembre. En todo caso, debiera ser a más tardar en enero. 2021 es año electoral, inconveniente para un tema que divide aguas. Y además el gobierno sueña con la visita del Papa. Sería en noviembre, después de las elecciones.
Otra discrepancia expuesta en el Congreso es la reforma de la Ley del Ministerio Público, que obtuvo dictamen contrarreloj y el oficialismo planea aprobarla esta semana en el Senado. Ya sin los 2/3 para la designación del procurador, que era lo que buscaba el kirchnerismo, y sobre todo con un control bicameral estricto, es casi una invitación a Daniel Rafecas a reconsiderar la propuesta de Alberto para el cargo.
