Contrarreloj, el oficialismo apuró el último día hábil de la semana pasada el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley del Ministerio Público, con el obvio objetivo de llevarlo al recinto antes del final del período ordinario. Fue al cabo de varias reuniones que contaron con exposiciones de invitados que analizaron las reformas sugeridas a dicha norma, mientras paralelamente iba redactándose el proyecto que el Frente de Todos terminó presentando el viernes pasado a través de la senadora santafesina María de los Angeles Sacnun.

Para respetar los siete días de emitido el dictamen, la sesión deberá realizarse entonces el viernes que viene, antes del cierre de sesiones ordinarios previsto para el lunes 30 de noviembre. Presidido por Cristina Fernández de Kirchner, el Senado venía sesionando todas las semanas hasta que la que pasó alteró esa seguidilla que se extendió durante tres semanas consecutivas.

El dictamen de mayoría que será puesto a consideración se realizó en base a los proyectos presentados por Lucila Crexell, Martín Guzmán y Alberto Weretilneck, como así también se tuvo en cuenta uno que en tiempos de Cambiemos impulsaron los senadores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey.

El proyecto plantea que en ningún caso los integrantes del Ministerio Público Fiscal pueden requerir tareas o funciones de investigación criminal a los organismos de inteligencia, como así también introduce la perspectiva de género para promover la diversidad en las fiscalías.

El detalle principal figura en el artículo 11 de la Ley 27.148, que establece que a partir de su sanción los procuradores van a ser designados por mayoría absoluta de los miembros del Senado. Se establece que las designaciones no se realicen en años en los que se elija presidente.

El proyecto elimina el carácter vitalicio del cargo de procurador general de la Nación, y establece la vigencia de su mandato como 5 años, con posibilidad de una reelección. Gozarán de estabilidad mientras dure su buena conducta y  hasta los 75 años de edad.

En cuanto a los traslados que no pueden ser realizados sin la conformidad cuando fueran realizados fuera de sus provincias, y se le da participación a la Bicameral para que opine respecto de esos traslados, cuestión de que no sean arbitrarios o amañados.

En cuanto a los mecanismos de remoción, se plantea que el Poder Ejecutivo comunique a la Cámara de Diputados y esta con la mayoría de los 2/3 de sus miembros pueda iniciar el proceso y a solicitud también de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con la aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado, por el voto de los 2/3 de sus miembros. Se mantiene entonces esa mayoría agravada para el caso de su remoción.

En cuanto a las causas de remoción, señaló que la cuestión del “mal desempeño” es amplio, pero tiene que existir la facultad de defensa, las garantías constitucionales, que se pueda defender aquel que esté sometido a una posible remoción y que pueda aportar pruebas en ese ámbito.