En el marco de la discusión entre el oficialismo y la oposición por el recorte de fondos, Pablo Tonelli y Alvaro González presentaron un proyecto de ley que pide elaborar y redactar un nuevo régimen que reemplace al actual vigente.
Durante el debate en comisión realizado el viernes pasado en torno a la cuestión del recorte de fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado nacional del Pro Alvaro González adelantó que suscribiría un proyecto de su par Pablo Tonelli “un proyecto para tratar una nueva Ley de Coparticipación, y vamos a empezar a ver cómo son las cosas. Vamos a ver las provincias que viven con el 95% de la coparticipación y la Ciudad de Buenos Aires que tiene el 75% de los ingresos propios”.
El proyecto fue presentado este martes y, en efecto lleva las firmas de Tonelli y González, y modifica en primer lugar el artículo 10° de la Ley 23.548, de Coparticipación, incluyendo en el mismo a la figura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no figura en la norma original, que data de 1988, cuando el distrito autónomo todavía no existía como tal. “Ratifícase la vigencia de la Comisión Federal de Impuestos, la que estará constituida por un representante de la Nación y uno por cada provincia adherida y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se le agrega al texto original. En el mismo párrafo se incluye a CABA donde se indica que “asimismo la Nación, las provincias y la Ciudad autónoma de Buenos Aires designarán cada una de ellas un representante suplente para los supuestos de impedimento de actuación de los titulares”.
Y al final de dicho artículo se incluye este párrafo completo: “El término ‘provincias’ utilizado en la presente ley comprende a todas las provincias creadas o a crearse y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en absoluta igualdad de condiciones”.
El proyecto de Tonelli no se limita a la incorporación de CABA al texto, señala en su artículo 2°: “Encomiéndase a la Comisión Federal de Impuestos la elaboración y redacción de un nuevo régimen de coparticipación federal que reemplace al actual vigente por imperio de la Ley 23.548 y que deberá ser remitido al Congreso de la Nación para su aprobación”. El texto agrega que el nuevo régimen deberá formularse “de acuerdo con lo previsto en el artículo 75, inciso 2°, párrafo tercero, de la Constitución nacional y dentro del plazo de seis meses”.
En los fundamentos refiere el texto que originalmente la ley establece en el citado artículo que si bien se estableció un plazo determinado de dos años para cumplir con ese objetivo, el mismo continúa vigente después de 32 años.
Se recuerda entonces que “esa ley ha quedado superada por el paso del tiempo, los desparejos desarrollos provinciales y las previsiones que luego adoptó la Constitución nacional”, ante lo cual resulta imperativo modificarla para adecuarla a la Constitución. Por ejemplo, se indica que al sancionarse la Ley 23.548 “la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur era aún un territorio nacional, y que la ciudad de Buenos Aires no tenía autonomía, era un municipio sometido a la autoridad del Gobierno federal, aunque con un régimen municipal especial por ser la capital federal del país”.
Así las cosas, “la distribución secundaria que se realiza entre las provincias no incluye a la ciudad de Buenos Aires ni a la actual provincia de Tierra del Fuego. Por ende, los fondos que esas actuales dos unidades federativas reciben, provienen de la parte que, realizada la partición primaria, corresponde al Gobierno nacional. Y lo que es peor, están sujetos a la discrecionalidad del gobierno de turno”.
Recuerdan los diputados del Pro en el proyecto que esa fue la razón por la cual fue necesario formalizar convenios bilaterales entre CABA y el Gobierno nacional, cinco en total desde 2002 a 2019, a medida que la Ciudad iba recibiendo y asumiendo la prestación de nuevos servicios y funciones.
Si bien la necesidad de reformular y actualizar la actual Ley de Coparticipación Federal se planteó en el Acuerdo para un Nuevo Federalismo suscripto el 18 de mayo de 2016 entre la Nación y las provincias, que disponía “consensuar una nueva ley de coparticipación federal”, ese objetivo no se cumplió y en ese marco “se producen situaciones arbitrarias como por ejemplo el dictado del decreto 735/2020 mediante el cual el presidente de la Nación, en forma inconsulta y unilateral, decidió quitar a la Ciudad de Buenos Aires más de u n punto de la coparticipación que por convenios bilaterales le correspondía”.