Por Carlos Lionel Traboulsi. El secretario general del Partido Demócrata Cristiano CABA sostiene que “no es constitucional ni moralmente aceptable el impulsar un proyecto de ley de aborto”.
El proyecto que envía el Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación para establecer por ley el aborto en la Argentina bajo un nombre mentiroso de “interrupción legal del embarazo” ocultando su verdadero significado que es “abortar” (terminar, no interrumpir), ya que luego de hacer el aborto no podemos continuar con la gestación, lo hace invocando un inexistente mandato asumido por el Estado Argentino en materia de salud pública y derechos humanos.
Efectivamente para seguir su argumento del artículo Primero del proyecto, pretende crear una nueva clase de derechos humanos, que es el derecho humano de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar.
Según las Naciones Unidas los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.
Los derechos humanos son innatos a la persona y anteriores a la existencia del Estado, esto es que no es una concesión graciosa del Estado al ser humano, sino que es un atributo propio de la persona por su dignidad y esencia de tal.
El primer derecho humano sin el cual el resto de los derechos carece de sentido es el derecho a la Vida. Esta vida para la legislación argentina constitucionalmente y en todo su cuerpo normativo vigente comienza en la CONCEPCIÓN.
Por lo tanto, el presidente de la Nación al sostener en el artículo Primero del proyecto de ley que envía según él en cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y de los gestantes, está inventando una clasificación de derechos humanos para violentar el derecho humano esencial de todas las personas humanas que es el derecho a vivir. Se está apropiando para un relato militante de los derechos humanos, desvirtuando su sentido y alcance.
El siglo XXI permitió la irrupción de un derecho humano esencial que las redes sociales despertaron y llevaron a superficie que es “La Verdad”. Hoy no se puede “relatar” tan fácil e impunemente como se pretende en la redacción de este proyecto cuestionado.
Los derechos humanos son tales que no pueden ser puestos en discusión, equivalencia o comparación, y acá en la norma proyectada el Ejecutivo Nacional pretende colocar por encima del derecho de todo ser humano a la vida el “supuesto y específico” derecho humano de mujeres y personas gestantes para impedir la vida de un tercero.
No contento con ello nos habla que es por un tema de salud pública, pero lo cierto que la salud implica el cuidado de la vida y sanación de las dolencias de las personas. Llevar adelante un aborto significa que una persona muere y otra corre riesgos su vida o su salud de acuerdo a los antecedentes científicos e incluso pudiendo perderla, ya que no hay tratamiento quirúrgico alguno seguro, de allí que para la extracción de una simple muela es necesario
suscribir un consentimiento informado para saber cuáles pueden ser las consecuencias de ese procedimiento.
Por tanto, vemos que no es cierto que sea un tema de salud pública ni menos de derechos humanos.
Ahora bien, el artículo analizado termina diciendo “… a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2018 fallecieron por embarazos terminados en aborto 35 mujeres, sin distinguir entre los abortos espontáneos y los procurados. Una vida es importante, pero ¿cuántas miles de vida se pierden y se perderán con una liberalización del aborto? ¿Se justifica violentar los derechos humanos de las personas por nacer por la negativa caprichosa del Estado a llevar adelante políticas públicas activas que garanticen la vida de todos los argentinos?
La respuesta es clara y contundente. No es constitucional ni moralmente aceptable el impulsar un proyecto de ley de aborto, mintiendo en las razones, ocultando el verdadero sentido ideológico y militante que es la reducción del gasto público y profundizar la desertización poblacional de nuestro país y la banalización de la familia y la muerte. Jubilados y los pobres que engendran hijos son gastos innecesarios para ciertos gobiernos.
La Argentina necesita una ley poblacional que lleve la cantidad de habitantes a no menos de 100 millones de personas armónicamente distribuidas en todo el territorio nacional para ser un país viable económicamente. Sin embargo, pensamos en cómo matar a los nuevos argentinos. Es hora de afrontar la realidad con decisión y coraje compatriotas.