El Senado realiza desde las 14.20 la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de flexibilizar la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador -pasando de dos tercios a la mitad más uno-, y de acotar el mandato a cinco años.

El Frente de Todos, con ayuda de aliados, se encamina a dar media sanción a la iniciativa para girarla a la Cámara de Diputados, mientras sigue en espera el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del presidente Alberto Fernández para ocupar el cargo de jefe de los fiscales.

El proyecto recibió dictamen favorable hace una semana, unificando los viejos proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) -pese a la resistencia de éstos-, sumados al de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), más reciente.

Además de modificar la mayoría necesaria para la designación del procurador y limitar su mandato -hoy vitalicio-, el texto introduce varias reformas importantes.

Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.

Esta bicameral tendrá mayor poder con la nueva ley, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.

Otro aspecto relevante es que el procurador deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.

Por otra parte, el Senado tratará un proyecto que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos.

Asimismo, figura en el temario un proyecto -que sería convertido en ley- para declarar “Capital nacional del fútbol” a la ciudad de Avellaneda; y otra iniciativa sobre el luto en el uniforme de la Armada Argentina.

Por último, también se votará una modificación de la Ley de Bibliotecas Populares, sobre embargos y ejecuciones; y la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio presupuestario 2015, entre otros temas.