Resolver definitivamente el conflicto de las jubilaciones en Argentina implica mucho más que establecer una mera fórmula que contemple precios, salarios recaudación o inflación. Esa meta requiere de aquello que ningún gobierno se propuso hasta ahora: reestructurar todo el sistema de producción y de trabajo en el país, y reformular íntegramente el Sistema Previsional. 

Todos los gobiernos nacionales han hecho hincapié en la formulita de la movilidad social, desvalorizada en extremo e imposible de alcanzar robustez por vía de las herramientas económicas. Las resoluciones que se toman responden al cortoplacismo de los mandatos presidenciales, chocan ideológicamente con la realidad, prometen políticas perversas que nunca se cumplen. Los malabarismos de los especialistas en cada turno electoral sólo dejan soluciones aparentes, cada vez más complejas y mucho menos eficientes que las anteriores. 

El perjuicio es exclusivo de los jubilados, siempre. Pierden el valor de sus haberes con cada gobierno. Nada va a cambiar hasta que le estructura productiva y laboral se modifique y el número de trabajadores en blanco sea muy superior a los informales, que es donde está el meollo de la cuestión de la cual no quieren hacerse cargo los gobiernos ni los sindicatos. Le esquivan al bulto y distraen con los numeros que, irremediablemente, dan resultados negativos para los jubilados. Los usan en cada campaña electoral como caballito de batalla para traicionarlos después como a la costurerita que dio el mal paso.  

La población argentina en 2020 es de 45.376.763 personas, diseminadas en 2,78 millones de km², donde pueden vivir un poquito más de 16 personas por kilómetro cuadrado. Un país amplio y generoso con gobernantes mezquinos. Tenemos baja densidad poblacional, muy concentrada en el aglomerado Gran Buenos Aires (38,9%), con un 92% de urbanizados (al año 2011). Una gran potencia mira cariñosamente el territorio donde crece de todo sin que se haga casi nada. 

La población activa argentina (que produce y tiene sueldos en blanco) es de tan solo 12.079.103 de trabajadores que hacen aportes jubilatorios. Los trabajadores informales son 8.500.000 (al 17 de abril de 2020). De estos, 3.500.000 son cuentapropistas que no aportan a las cajas jubilatorias y son, o no, monotributistas; los restantes 5.078.000 son asalariados “en negro” que tampoco aportan para su futura jubilación. Ningún sistema previsional en el mundo puede sobrevivir con esta ecuación. Hay que cambiarla. 

Los trabajadores informales generalmente tienen empleos de mala calidad, salarios bajos, largas jornadas de trabajo, falta de acceso a oportunidades de capacitación, dificultades para acceder al sistema judicial y al sistema de protección social, incluyendo la seguridad y la salud en el trabajo. Los sindicatos nunca quisieron asociarlos a sus obras sociales con la excusa de que ellos mismos, los laburantes “en negro”, deberían ser los que “denuncien la ilegalidad en la que trabajan”. Los dirigentes sindicales ya no salen de sus escritorios para verificar el cumplimiento de las normas laborales, a menos que en una empresa aparezca algún rebelde. En las décadas del 60 y el 70 se metían en todas las fábricas y comercios para crear el cuerpo de delegados. Se olvidaron de lo que era ser dirigentes sindicales. 

Los gobiernos nacionales, por comodidad o ineficacia en sus funciones, dejaron crecer la enorme masa informal que ahora se encuentra librada a la suerte de las empresas, casi todas Pymes no registradas para no pagar impuestos laborales y sociales que les desmadran el sostenimiento de la fuente de trabajo. Los trabajadores, sin otra alternativa, aceptan las condiciones pues creen que en el futuro no habrá sistema jubilatorio cuando cumplan 60 o 65 años y se retiren. Los jóvenes, mayoritariamente, se niegan a hacer los aportes. Consideran que es una pérdida de dinero.  

La tasa de desocupación fue en 2020 del 13,1%, el registro más alto desde 2004 y refleja el impacto de la cuarentena sobre el mercado laboral. La falta de un empleo afecta a 2.300.000 argentinos, al 23 de setiembre de 2020. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) reveló que en el segundo trimestre del año la tasa de actividad fue de apenas 38,4%, y la tasa de empleo 33,4%. No hay país que aguante con estos números.  

La Argentina tiene una población avejentada, como tantos otros países del mundo. Son 3.800.000 quienes tienen entre 60 y 69 años, y 3.500.000 ya superan los 70. Son más de 7.000.000 los adultos mayores, es decir el 20% de la población total. En las dos últimas décadas esta franja etaria decidió seguir trabajando porque con la jubilación no les alcanzaba. Ese acto de desesperación humana construyó un contrapeso: los jóvenes no pueden ocupar esos lugares. Pero, existe una alternativa peor: a los más viejos no se les permite trabajar aunque puedan porque se prioriza a los más jóvenes que son los que no aportan a las cajas previsionales.  

El Sistema Previsional argentino debe aspirar a ser autosustentable, las leyes deberían defender esa independencia económica de las cajas de jubilaciones, y los fondos recaudados deberían destinarse solo a mejorar los haberes jubilatorios, no a cubrir otras necesidades sociales ni a servir a la especulación financiera del Estado con representantes en empresas privadas donde con plata de los jubilados compran acciones sin informarles de las maniobras. Los aportes jubilatorios deben ser para bancar las jubilaciones, nada más. 

Los fracasos económicos y las pésimas administraciones estatales hicieron que los argentinos se quedaran sin fuentes de trabajo, sin puestos laborales, sin futuro. No hay inversiones, se gasta más de lo que entra a las arcas del Estado, la corrupción de la clase política ayuda notablemente a esa debacle. Y el populismo agrega más problemas a los ya existentes generando decisiones demagógicas que atentan contra los sistemas previsionales: conceden falsas “moratorias” para que quienes nunca aportaron puedan cobrar una jubilación mínima. Una miseria de 19 mil pesos que en el próximo diciembre tendrá un aumento de 900 pesos. La titular de ANSES Fernanda Raverta dijo sonriente: “tenemos una buena noticia para los jubilados: el 5% de aumento”. Para llorar. 

La estructura de más de 160 cajas previsionales voló por los aires alrededor del 2010 gracias a la dadivosidad de la entonces presidenta Cristina Fernández que quedó muy bien con más de tres millones de personas manoteando plata ajena. La estrategia apuntaba a estimular el consumismo, como regla de recuperación económica fomentada por las potencias capitalistas. La diferencia está en que Argentina no tiene status de potencia ni el gobierno que adhirió al consumismo adora al capitalismo. 

El uso del poder político, lo sabemos, exige generosidad para con los menos provistos de oportunidades y respaldos económicos, pero también inteligencia y responsabilidad en quien adopta medidas sin tomar en cuenta las consecuencias. La política existe para transformar la realidad, siempre y cuando se favorezca a todos por igual, con métodos y soluciones novedosos que signifiquen progreso y acumulación de recursos para repartir. Especular con el favoritismo es propio de mentes estrechas. Utilizar los dólares de los fondos del ANSES para disimular el fracaso monetario de un gobierno, como ocurrió hace semanas atrás, es por lo menos un asalto a los bolsillos de los jubilados.  

Quedó desde el primer y segundo gobierno de Juan Perón, cuando se generalizaron las jubilaciones para todos los sectores de la producción y los servicios, la idea de que los trabajadores debían formar parte de la pirámide de la Movilidad Social Ascendente, concepto referido a un premio al esfuerzo realizado en el cumplimiento del trabajo y el deber. Caracterizaba al anhelo de crecer económicamente, permitir que los hijos se educaran y tuvieran la posibilidad de concurrir a una universidad, ser profesionales. Finalmente, acceder a un puesto de trabajo desde el cual mejorar cada día, contar con capacidad de ahorro e invertir en el crecimiento del clan familiar, para poder jubilarse y ver hacia atrás con satisfacción un camino de realización. 

Actualmente la razón de existir de la movilidad es la inflación, y lo seguirá siendo si continúa la tendencia kirchnerista a ignorarla, como lo hizo en los tres mandatos anteriores. Cuando los índices comiencen a molestar el INDEC dejará de darlos para evitar “estigmatizaciones”. La cuestión de la inflación está en el corazón de las reestructuraciones señaladas para resolver la problemática de las jubilaciones.