El Gobierno explicó ante Diputados el proyecto de los mil días

Funcionarios nacionales exponen ante un plenario de comisiones sobre la iniciativa de “Atención y cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia”.

Foto: Ministerio de las Mujeres

En lo que representó el inicio formal del tratamiento de la legalización del aborto y el proyecto conocido como de “los 1.000 días”, en la Cámara de Diputados, funcionarios nacionales exponen por videoconferencia brindando detalles de esta última iniciativa, que es la novedad que incluye este debate que ya se dio en el Congreso en 2018.

Para eso se presentaron ante un plenario de las comisiones de Salud Pública y Acción Social, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; la directora Ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta; el secretario de Interior del Ministerio del Interior, José Lepere,  y la directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación, Gabriela Bauer.

Desde la Casa Rosada, la ministra Gómez Alcorta consideró que tanto el proyecto de los mil días como el del aborto legal “dialogan entre sí”, por cuanto hacen a la salud pública y precisó con relación a la formalmente denominada “Atención y cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia” un proyecto “estratégico” por cuanto “pone en la centralidad de la agenda pública un tema fundamental para la salud colectiva”.

PAE

“Toda mujer que curse un embarazo tiene que contar con un Estado presente”, señaló la funcionaria, afirmando que ninguna mujer debe sentirse sola en esas circunstancias, y que “nadie se vea obligado a hacer algo que no quiera hacer”, en referencia al aborto, por razones económicas.

“El cuidado integral de la salud y en especial de las mujeres gestantes es una cuestión de salud pública”, enfatizó.

Gómez Alcorta remarcó que el proyecto “amplía derechos, crea una institucionalidad, a la vez que asegura un abordaje integral de la atención y el cuidado”. Habló de “políticas públicas que tienen como objetivo alcanzar el bienestar social bajo un enfoque de derechos”.

El proyecto se enmarca en dos leyes, la de protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente, y la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y amplía derechos en distintos capítulos. “Pero todos los capítulos se deben leer según una serie de principios rectores”, dijo la funcionaria, entre los que mencionó la simplificación de trámites necesarios para el acceso a una serie de derechos, el diseño de política públicas que brinden la asistencia apropiada para que las familias puedan asumir adecuadamente las responsabilidades del cuidado de la salud, el interés superior del niño… “Todas cuestiones que garantizan centralmente una mejor calidad de vida”, sintetizó Gómez Alcorta.

“Pretendemos alcanzar con los beneficios de esta ley un mayor número de personas gestantes y de niños y niñas en sus primeros años a fin de efectivizar el pleno goce de sus derechos”, precisó sobre el final de su exposición inicial.

A continuación, la directora de la ANSeS, Fernanda Raverta, consideró que esta ley “va a ampliar derechos” para “el nuevo tiempo” que viene para la Argentina, que es “el de la reconstrucción”. “Vamos a poner en pie de igualdad a los chicos y chicas que van a nacer en la Argentina con los que nacen en familias asalariadas; esto quiere decir ampliar la cobertura de la asignación universal por embarazo”, señaló.

Raverta habló de una nueva transferencia de ingresos a las familias que tienen chicos de entre 0 y 3 años: 3 pagos anuales de una prestación para el cuidado de la salud integral. Esto es, los chicos que tengan ya una asignación, van a tener una asignación universal más al año durante sus primeros tres años de vida. La segunda prestación tiene que ver con poner en pie de igualdad a las mamás que cursan un embarazo y son mamás de una familia asalariada; a partir de esta ley, la asignación universal por embarazo se cobrará los 9 meses.

La tercera cuestión elimina un requisito que tenían las madres para cobrar la asignación por nacimiento y adopción, que tenía que ver con antigüedad, el requisito de 6 meses de manera registrada en un empleo formal y continuo. Esa antigüedad se elimina y ahora las madres con trabajo en relación de dependencia van a poder cobrar esa asignación sin importar la antigüedad que tengan.

La cuarta tiene que ver con ampliar la asignación por nacimiento y adopción, incluyendo a los padres que no tengan trabajo registrado: los trabajadores de la economía informal o desocupados podrán contar con la asignación por nacimiento y por adopción una vez que los tengan.

Por su parte, el secretario de Interior, José Lepere, explicó que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) trabajará sobre cuatro artículos incluidos en el proyecto que están vinculados con el Derecho a la Identidad y que apuntan a que todos los argentinos y argentinas cuenten con su DNI. “En estos cuatro artículos se pretende abordar una problemática que, si bien no es masiva, sí afecta a un porcentaje importante de población que no accede debidamente a su documentación. Esa falta de registro impide acceder a esas familias, a esos niños y niñas, muchos de los derechos que ya garantiza el Estado nacional y que se está ampliando a partir de esta ley”, señaló el funcionario nacional durante su exposición virtual realizada desde el Salón Norte de Casa Rosada. 

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