En el marco de un debate que se inició pasadas las 3 de la madrugada, el oficialismo impuso la aprobación del proyecto, con modificaciones en la mitad de los artículos aprobados en la Cámara alta, a instancias de los diputados cordobeses.
La Cámara de Diputados aprobó este martes a las 8.14. de la mañana el proyecto más caliente de esta polémica sesión iniciada allá por las 13.45 del día anterior: el que busca recortar la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, llevándola a 1,40%, para pasar a financiar el traspaso de la Policía Federal a través de una suma fija que será actualizada trimestralmente.
El interbloque de Juntos por el Cambio intentó demorar el tratamiento de la iniciativa con más de 50 cuestiones de privilegio, la mayoría contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por haber convocado a la sesión el viernes a última hora de manera “irregular”.
Antes, legisladores de todos los bloques habían dedicado casi una hora a homenajear al ídolo futbolístico Diego Armando Maradona, fallecido la semana pasada, lo que retrasó aún más el debate del proyecto de la coparticipación.
Luego vinieron innumerables pedidos de apartamiento del reglamento, todos votados de manera nominal, hasta que, cerca de la medianoche, se desató una disputa por la vigencia del protocolo virtual, que fue saldada tras más de dos horas de discusión con una moción -que resultó afirmativa- para reencauzar el debate.
El proyecto consiguió 129 votos a favor, 118 en contra y 7 abstenciones, imponiéndose, con el apoyo clave de los diputados de Córdoba Federal, a los que el oficialismo atribuyó la autoría de las múltiples modificaciones que obligarán a su vuelta al Senado. También apoyaron los diputados del bloque de José Luis Ramón.
Juntos por el Cambio se pronunció en contra pero "con reservas", por considerar “inválida y nula” la sesión a partir de las 0 horas de este martes 1 de diciembre, por considerar que ya está vencido el protocolo de sesiones. También se abstuvieron los diputados de Consenso Federal, que consideran que el tema se definirá en el seno de la Justicia.
En el inicio del debate, pasadas las 3 de la madrugada, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo González, la emprendió contra el decreto original de Mauricio Macri de 2016, que aumentó en 167% la coparticipación porteña. “Esas diferencias entre lo que debería haber sido y lo que fue”, señaló, fue de 125 mil millones, en favor de CABA, precisó.
“Llegamos entonces a un acuerdo que el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires nunca pusieron a consideración del Congreso de la Nación”, señaló el legislador santacruceño, observando también que Nación hubiera resignado recursos en materia de seguridad “en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Más adelante afirmó que el Consenso Fiscal “de ninguna forma” avaló lo actuado entre Nación y CABA, y apuntó a continuación que “hemos estado trabajando en modificaciones al proyecto”, detallando que para las mismas se trabajó con diputados de Córdoba Federal.
“Las modificaciones son sustanciales”, aseguró, adelantando modificaciones en los artículos 2, 3, 4 y 5. “Adelanto que hay un mecanismo de acuerdo entre las partes, una intervención del CFI; las modificaciones tienen un plazo, se van a ir haciendo mientras el Estado nacional va a conservar ese cálculo del 80% en función del nivel de salarios de la Policía Federal y del Indice Nominal promedio de la Policía Federal de la Argentina, y un 20% del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, sabiendo que el salario integra el 97% prácticamente del presupuesto de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”, detalló el legislador.
González confirmó que las modificaciones habían sido hechas sobre todo este mismo lunes, y que las mismas serían aprobadas en el Senado.
A continuación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, objetó el argumento opositor de que la Ciudad aporta más de lo que percibe. Argumento que consideró “secesionista”. “Se aporta por posibilidad y se recibe por necesidad: eso es federalismo”, afirmó. También consideró “una falacia” que se le saque a la Ciudad para darle a la Provincia. Para hacerlo invocó declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli de principios de año referidas al diálogo entre la Ciudad y Nación sobre los recursos, que daban certezas de que lo que fuera a afectar fuertemente al distrito. “Pareciera que se quiere generar una situación de culpar a la Nación de una serie de cuestiones que exceden por mucho al impacto que tiene lo que se está discutiendo”, remarcó.
“Lo que se está discutiendo es un exceso de recursos que transfirió Macri ni bien asumió”, insistió el legislador porteño, asegurando que no se estaba tratando de perjudicar a la Ciudad. “Lo que ha habido es un exceso” favorable a CABA, “y eso es lo que se intenta corregir de aquí para adelante”, manifestó.
Desde la oposición, el radical chubutense Gustavo Menna consideró “un expolio” el proyecto, al que consideró “inconstitucional”. “Con esta ley se reduce la coparticipación al 1,40%, aseguró, afirmando que “el Gobierno nacional ha avanzado sin acordar absolutamente nada. La reducción de la coparticipación es absolutamente inválida, la haga el Poder Ejecutivo, la haga el Congreso, si no viene precedida de un acuerdo de parte”, puntualizó.
Menna sostuvo que el artículo 75 de la Constitución también ordena que cuando la Nación le transfiere un servicio a una provincia o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe hacerlo con la contrapartida de recursos, tal cual indica la Carta Magna reformada en el 94. “Después se llenan la boca hablando de federalismo, (cuando) tienen antecedentes sobrados de unitarismo fiscal”, afirmó. “Esta ley pretende convalidar el manotazo del decreto 735. No es cierto que al rebajarle el coeficiente a la Ciudad de Buenos Aires de 3,50 a 2,32 se haya actuado en defensa de las demás provincias. Esto no es cierto porque la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la de Tierra del Fuego, no es a expensas de la distribución secundaria de la coparticipación: es a expensas de la primaria, de la Nación, porque en 1988 ninguno de esos estados tenía autonomía”.
“Los fondos que le están quitando a la Ciudad de Buenos Aires van a parar a (Axel) Kicillof”, disparó promediando su discurso, considerando la decisión del Gobierno nacional “un antecedente gravísimo” disparado a partir “de la incapacidad de Kicillof de resolver un conflicto salarial en su provincia”.
El diputado Pablo González intervino entonces para negar que se busque desfinanciar a la Ciudad y detalló los cambios aplicados a la media sanción proveniente del Senado. En el artículo 2° de la norma contó que se estableció que “el gasto anual que demande las transferencias realizadas a CABA en el marco del convenio aprobado por el artículo 1 de la presente y sus mecanismos de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la presente”.
El párrafo siguiente indica, precisó González, “la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la CABA en el año 2016”.
El último párrafo del artículo 2° modificado dice: “El Presupuesto General de la administración nacional en cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos denunciados en el presente artículo”.
El artículo 3° también modificado prevé qué va a pasar hasta tanto el acuerdo se perfeccione. “Hasta la entrada en vigencia del acuerdo previsto en el artículo 2 de la presente, se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de $24.500 millones, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se otorgue”. El siguiente párrafo dice: “La suma prevista en el párrafo precedente será actualizada trimestralmente de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el Indice Nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el IPC elaborado por la Dirección General de Estadísticas de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al período precedente”.
El artículo 4° dice: “A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación que corresponda por la aplicación del artículo 8 de la Ley 23.548 y sus modificaciones, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado en el artículo 1 de la presente, con lo que quedará cumplida la exigencia establecida en el artículo 75 inciso 2 5to párrafo de la Constitución nacional”.
El artículo 5° con modificaciones queda así: “El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes a los efectos de la adecuación del presente.
Los artículos 6, 7 y 8 no tienen modificaciones de la media sanción del Senado de la Nación.
A través de una cuestión de privilegio, el diputado nacional Alejandro García calificó de “escandaloso” que la norma se modificara prácticamente de manera sustancial. “Recapaciten”, le reclamó al oficialismo a los gritos, afirmando que la norma “no va a resistir ningún análisis cuando se judicialice
“Todas las leyes deben tener propósitos y objetivos”, sostuvo el diputado Pablo Tonelli, para quien el propósito de este proyecto es “perverso”, por cuanto el mismo es “perjudicar, dañar y discriminar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no por casualidad está gobernada y bien administrada por un dirigente opositor”. A eso atribuyó las modificaciones anunciadas: “para atenuar un poco la perversidad de la ley”.
Para Tonelli, “lo que no puede ser discutido es la notoria ilegalidad del proyecto de ley”. Al respecto, señaló que hubo una transferencia de servicios “importantísima” ante lo cual “tiene que haber transferencia de recursos”, y según la Constitución eso se debe hacer a partir de acuerdos, y con automaticidad. “Y el único modo para que haya verdadera y real automaticidad es que las transferencias se produzcan por puntos de coparticipación, no por la firma del secretario de Hacienda, que sabemos que un día se produce y al otro no”, agregó.
“Qué extraño resulta debatir después de las 4 de la mañana una ley que no es la que vimos”, arrancó Jorge Sarghini, que cuestionó los cambios aplicados a la norma, anunciados “ligeramente”. “Cambiaron la ley”, afirmó.
“A nosotros no nos cambia nada; tenemos decidido abstenernos en esta votación, como dijimos en un primer momento”, recordó. “Hoy hay un conflicto interjurisdiccional que ya tiene un único lugar de resolución que es la Corte, nos guste o no”, anticipó, asegurando que tanto el Gobierno anterior como el actual emitieron decretos que no cumplen con el “federalismo de concertación”.
“Creo que este es un problema político”, aseveró Facundo Suárez Lastra, para quien “la Ciudad de Buenos Aires no es solamente una ciudad”, aclarando que “duplica todos los días sus habitantes, que es algo que no pasa en otro territorio”. Por otra parte advirtió que “la Argentina para levantarse necesita que nos respetemos. Lo que está haciendo el presidente es dividir a la Ciudad del interior”.
“Hablan de unidad y no hacen más que alimentar la grieta. El único plan económico de este gobierno es quitarle recursos a todos los sectores que no los votaron para dársela a los clientes -disparó en su intervención Fernando Iglesias-. A los que han reducido a la condición de súbditos de un país medieval que es el que gobiernan ustedes”.
Sobre el final del prolongado debate, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, invitó a los diputados del oficialismo que hablaron de las diferencias entre el norte y el sur de la Ciudad a “caminar por el sur”, donde se instaló la Jefatura de Gobierno y donde se construyó la Villa Olímpica, por ejemplo. Elogió en ese sentido los avances de la Ciudad a partir de la llegada del Pro al poder, y atribuyó entonces el “ataque” del oficialismo al distrito a una cuestión política contra su jefe de Gobierno.
“Se puede construir de otra manera, se puede discutir en la Legislatura. Yo no creo que esto sea casual, que nos denuncien penalmente, los ataques, y la verdad que el Gobierno de la Ciudad merecía más respeto”, afirmó, recordando el papel cercano que tuvo su jefe de Gobierno durante la pandemia. “Hoy estamos asistiendo a un robo a la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá que sepan recapacitar”, y terminó con un mensaje a los diputados cordobeses sugiriendo que en pocos días se podría ver en los boletines oficiales “qué los hizo preocuparse tanto por la Ciudad de Buenos Aires”,
Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, quien aludió de entrada a las cuestiones de privilegio impulsadas por la oposición. “Son herramientas políticas; hay que tener paciencia y tenemos toda la paciencia del mundo”, señaló, agradeciendo a sus pares el comportamiento “a pesar de la catarata de agravios”. Cuestionó de paso que JxC no hubiera habilitado el tratamiento de la ley de etiquetado frontal.
Luego se refirió al incremento de la coparticipación porteña “para mantener solo a su policía”, advirtiendo que “fue casi una metáfora perfecta de lo que sucedió en el Gobierno de Mauricio Macri”, señalando que “la deuda de la Ciudad de Buenos Aires a diciembre de 2015 estaba en el 80% en dólares; cuando se empieza a desarrollar, ¿qué hace el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Reduce inteligentemente al 60% la deuda en dólares. Pero a nivel nacional hicieron exactamente al revés”.
Para evitar hablar de discriminación, Kirchner detalló la asistencia del gobierno nacional en materia de ATP y en política sanitaria, beneficiando a la Ciudad. Detalló además el endeudamiento de la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que “el expresidente Macri le dio más a la ciudad que más tenía”.
“Todas las culpas las tiene el peronismo… Es preocupante que haya sectores sociales que se crean superiores al resto. De la Rúa era abogado y volcó al país en dos años… Y un tornero en Brasil sacó al país adelante”, apuntó, en un pasaje.
Tras mencionar que en un discurso otro diputado recordó la cantidad de habitantes de personas de otros distritos que utilizan los hospitales porteños, Máximo Kirchner señaló que entonces “están mal puestos los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires”, disparó a las 8 de la mañana: “Han esquilmado constantemente a los argentinos para sostener un proyecto político y tienen que hacerse cargo de que fracasó a nivel nacional, y sino miren cómo votaron las provincias argentinas a pesar de todos los aprietes en estos cuatro años”, agregó en uno de sus pasajes más encendidos.
“Yo no sé si el actual jefe de Gobierno será o no presidente de todos los argentinos; ojalá sea el primer jefe de Gobierno en hacer algo diferente a De la Rúa o a Macri, porque cada vez que nos gobernó un jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el país terminó endeudado y patas para arriba”, concluyó Máximo Kirchner.
El texto sobre la coparticipación, enviado por el presidente Alberto Fernández y aprobado en el Senado, establece que el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad se financiará a través de una suma inicial estimada en 24.500 millones de pesos, que serán actualizados de forma trimestral según una combinación del índice salarial promedio de la Policía Federal y el índice de inflación.
El monto estipulado se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro nacional hacia la Ciudad, dejando de formar parte del porcentaje de coparticipación.
De esta manera, se convalida el convenio de transferencia firmado el 5 de enero de 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El Frente de Todos logró abrir la sesión con el quórum justo, 129 presentes, gracias al aporte del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón; dos de los cuatro diputados de Córdoba Federal -Paulo Cassinerio y Alejandra Vigo-; Nicolás Del Caño, del PTS; Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino; y Felipe Álvarez, de Acción Federal.
