La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, fue la primera oradora en abrir este martes el debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, enviado por el Gobierno nacional, y sostuvo que en Argentina “ha fracasado la política de penalización del aborto”.

La funcionaria, quien estuvo a cargo de la redacción del texto, destacó el envío de la iniciativa junto a otra, la del “Programa de los Mil Días”. “Son dos proyectos que dialogan, que van conjuntamente”, señaló y, sobre el referido a acompañar a la madre y los niños en los primeros años de vida, expresó que tiene como objetivo mostrar que “el Estado está allí acompañando los proyectos de maternidad, que el Estado los valora”.

“No queremos que ninguna mujer decida interrumpir su embarazo por condiciones de vulnerabilidad o escasos recursos”, resaltó.

Ibarra recordó que el proyecto de aborto legal fue una promesa electoral del Frente de Todos y, además, se anunció en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso este año. “El presidente de la Nación recoge una lucha histórica de miles de mujeres que nos precedieron”, valoró.

En su exposición, la secretaria Legal y Técnica hizo un especial reconocimiento a las “mujeres pioneras” en el tema y a las militantes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que “han llevado adelante una lucha importantísima en nuestro país”.

La funcionaria destacó que el proyecto “fue redactado en una comisión interministerial” y “es fruto de un trabajo en equipo”. Al enviar esta iniciativa al Parlamento, el Poder Ejecutivo busca “visibilizar el enorme problema que tenemos en la Argentina con los abortos clandestinos”, indicó.

“Para abordar este tema no va a alcanzar con esta ley solamente”, aclaró y enumeró que será necesario también “reforzar la educación sexual integral en todo el territorio en forma accesible”, al tiempo de implementar políticas de prevención de la violencia de género y el abuso, y de acceso acceso a métodos anticonceptivos.

Ibarra subrayó que “ha fracasado la política de penalización del aborto, la política de amenazar a la mujer de cárcel ante la decisión de tomar la decisión de interrumpir su embarazo”.

Asimismo, habló de “un mundo clandestino de miles y miles de abortos que se suceden día a día en Argentina” con “mujeres allí invisibilizadas con sus cuerpos, sus embarazos, sus miedos”, y que incluso algunas de ellas recurren en condiciones de clandestinidad con “límites insospechados”.

“Sabemos que en Argentina el aborto puede ser seguro si uno tiene forma de costearlo”, manifestó, pero hizo hincapié en aquellas que “no pueden, están más solas y más vulnerables de derechos”. “Hay un nivel de crueldad del que queremos hacernos cargo”, aseveró la secretaria de Legal y Técnica y agregó: “Queremos recibirlas en los sistemas de salud, tratarlas, cuidarlas; que tengan el derecho de ser atendidas y recibir información”.

En otro tramo, la funcionaria apuntó que “en los países donde se ha legalizado, después de un período los abortos empiezan a disminuir notoriamente”, y mencionó a Alemania, España, Italia, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, entre otros. “Acá nadie puede promover el aborto, lejos de ello, queremos disminuirlo”, insistió.

También se refirió a puntos centrales del proyecto, al que calificó como “un texto cuidado, que recoge consensos históricos y es respetuoso de derechos”.

“Si se aprueba este proyecto todos podrán seguir pensando y decidiendo según sus convicciones”, sostuvo, al tiempo que observó que “algo habrá cambiado: podremos disminuir la cantidad de embarazos no intencionales, los abortos, ahorrar sufrimientos a miles de mujeres y evitaremos muertes evitables”.