De cara a la firma del dictamen, Diputados continuó con el debate en comisiones del aborto legal

Los legisladores reanudaron la discusión este viernes, en el marco de una reunión informativa, aunque las exposiciones de invitados ya concluyeron. El próximo jueves se convocará a la sesión. Un día antes, el despacho.

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Foto: HCDN

Un plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud, y Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados continuó este viernes con el debate en comisiones del proyecto de legalización del aborto, impulsado por el Gobierno nacional.

Según lo acordado entre los bloques, el dictamen se firmará -de forma presencial- el próximo miércoles, para llevar la discusión al recinto un día después, el 10 de diciembre.

La jornada se realizó en el marco de una reunión informativa, dado que todavía no existe renovación del protocolo de funcionamiento de la Cámara baja, y aunque las exposiciones de invitados ya concluyeron este jueves.

Durante el primer período, realizado por la mañana hasta pasado el mediodía, todas las expresiones fueron de legisladores del Frente de Todos, salvo la de Romina Del Plá, de la izquierda. Además, un solo diputado que está en contra de la iniciativa hizo uso de la palabra.

La reunión empezó con la intervención de la salteña Verónica Caliva (Frente de Todos), quien destacó que el proyecto “vino a cumplir con la palabra de nuestro presidente” y “a dar cumplimiento con el contrato electoral”.

En referencia a las mujeres con bajos recursos, aspecto saliente del debate por parte de todos los oradores, tanto a favor como en contra, la oficialista dijo que “cuando las pobres deciden abortar quedan en riesgo de vida” porque “deben hacerlo en la clandestinidad absoluta, con el tallo de perejil o los métodos más crueles que encuentran”. “El Estado tiene la responsabilidad de acompañar a las mujeres más vulneradas”, resaltó.

También desde el oficialismo, pero en contra del proyecto, el puntano Karim Alume Sbodio (Frente de Todos) recordó su posición a favor de “la despenalización total de la persona gestante ante la interrupción voluntaria del embarazo”, por eso cuestionó la redacción del artículo 17, “que mantiene la penalización de la mujer”, en referencia a que la práctica estará penada luego de la semana 14.

En lo que respecta a materia penal, el legislador consideró que en la iniciativa “se mantiene al Estado en el rol inquisitorio” en lugar del “rol asistencial” que es el que se requiere cuando se refiere al “acceso al derecho de salud”. Además opinó que con este proyecto “se exacerban las desigualdades existentes en nuestro país” respecto de los diferentes sistemas de salud y de justicia.

Por su parte, el bonaerense Leonardo Grosso (Frente de Todos) remarcó que el debate del aborto legal “no se da por iniciativa de un sector político, no solo por iniciativa de nuestro Gobierno”, sino que “es un capítulo más de una larga lucha de los feminismos en nuestro país, que empezó hace mucho tiempo”.

El diputado criticó a los “sectores que tratan de meter al aborto en la grieta, en el River-Boca”, cuando en realidad “la política llega de atrás” con este tema. Al repetir que no está en discusión si “aborto sí, aborto no”, Grosso sostuvo: “Estamos debatiendo si siguen los abortos realizándose en la clandestinidad o si los abortos se hacen en forma segura en el sistema de salud pública”.

“Hay miles de abortos por día en Argentina”, enfatizó e instó a como Poder Legislativo “hacernos cargo de esta problemática” porque “el Estado tiene que legislar para proteger a las mujeres”.

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Foto: HCDN

La rionegrina Ayelén Sposito (Frente de Todos) manifestó su apoyo al proyecto como “una militante transfeminista”, pero también como “médica y profesional de la salud”, que le ha tocado “afrontar situaciones con mujeres o cuerpos gestantes acudiendo al consultorio porque tenían un embarazo no deseado”.

La legisladora oficialista pidió a sus pares “no pararnos desde lo ético, desde lo moral, desde lo religioso; tenemos que pensar en las mujeres y los cuerpos gestantes sobre su deseo a maternar, y tenemos la responsabilidad de acompañar esa decisión”. “El aborto existió, sigue existiendo, y nosotros tenemos que garantizar que sea legal”, aseveró.

Otra diputada que habló a favor fue Romina Del Plá (Frente de Izquierda), quien expresó que “este debate tiene una urgencia y una necesidad absoluta”, al tiempo que llamó a “destrabar todos los obstáculos para que la educación sexual integral sea realmente sea laica y científica”.

La bonaerense reclamó que hace dos años atrás “aquellos bloques que se subordinan a los acuerdos con las iglesias bloquearon que se trate ese dictamen”. Y apuntó entonces contra argumentos del sector “celeste”: “No es real que aborto no y educación sexual sí”.

También, Del Plá negó que el pedido esté concentrado en el epicentro porteño, sino que “en todo el país” hay presencia de “marea verde”. “Hay decenas de mujeres presas o con procesos penales porque no solo se aplica lo del Código Penal correspondiente, sino el artículo 80 de homicidio agravado por el vínculo”, agregó.

En tanto, el pampeano Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) hizo referencia al Código Penal de 1921, “que fue sancionado por hombres blancos” y “solo se refería a la mujer como sujeto de derecho para estigmatizarla o castigarla”. En ese sentido, señaló que es necesario adaptar la legislación “a los cambios que han devenido en la sociedad”.

Para el diputado, el tema “no es cuestión de mayorías, encuestas, plebiscitos, es cuestión de derechos”. “A nosotros los varones nos compete una tarea de acompañamiento lisa y llana. Tenemos que acompañar a la mujer en su decisión”, sumó.

Con cifras de la organización Socorristas en Red, la bonaerense Jimena López (Frente de Todos) detalló que en este año se recibieron “13 mil llamadas” de mujeres o personas gestantes con la decisión de abortar. De ese número, el 53% vivió situaciones de violencia que no denunciaron; 12 mil personas tenían entre 20 y 40 años; el 22,3% no tiene trabajo remunerado; y el 28% mujeres que están informalizadas; puntualizó.

La diputada indicó además que el 56% no llega a cubrir un Salario Mínimo, Vital y Móvil; que el 30% de esas personas cobran la AUH o algún tipo de plan; y que el 70% no posee cobertura médico-asistencial u obra social.

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