El defensor del administrado para la defensa de los derechos individuales

Por Diego Isabella. El abogado advierte la necesidad de crear una figura que se ocupe de defender en sede administrativa a los ciudadanos que no cuenten con asesoramiento legal propio.

La consolidación de la democracia, sobre todo a partir de la reforma constitucional nacional de 1994, ha llevado a la creación de figuras institucionales que procuran la defensa de los derechos que atañen a la sociedad, en particular, los derechos de incidencia colectiva, los derechos afectados a grupos vulnerables, entre otros.  

Así fue como apareció la figura del Defensor del Pueblo, cargo que actualmente, y pasados ya 10 años, sigue vacante. El Defensor del Pueblo es un órgano instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actúa en forma independiente, sin recibir instrucciones de autoridad alguna. Esta figura inicialmente fue creada por ley 24.284 (reformada por ley 24.379) para luego ser incorporada en la Constitución Nacional con la reforma de 1994 (arts. 43 y 86). 

El Defensor del Pueblo tiene como misión velar por la protección de los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos u omisiones de la autoridad administrativa nacional, e incluso frente a las empresas de servicios públicos, y entes públicos no estatales que ejerzan prerrogativas públicas por delegación. Puede recibir denuncias de particulares, las que tramitarán sin necesidad de patrocinio letrado, y son gratuitas. Pero no puede patrocinar ni defender en modo particular a un ciudadano cuando el derecho lesionado en el caso sea individual, mas no de incidencia colectiva.  

Recientemente, en Salta, se acaba de designar al primer (y único) defensor público de las víctimas, que no tiene antecedentes en todo Latinoamérica.  

La figura del Defensor Público de Víctimas se encuadra en la ley 27.372, sancionada en 2017, que consagra “el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados” de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. A través de esta nueva figura, se busca garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de delitos que no tengan recursos para hacerlo por sí mismas o que sean vulnerables por otras circunstancias, tales como ser menor de edad o mayor de setenta años o la existencia de una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación entre la víctima y el supuesto autor del delito.  

Pese a todo este entramado normativo, y figuras institucionales previstas para defender derechos de incidencia colectiva (que afectan a una colectividad), y a las víctimas de delitos, lo cierto es que existe una laguna de derecho en torno a una figura que es tan trascendente como estas, es más, hasta podría arriesgarme a decir, que es incluso tan necesaria como ellas.  

Me refiero al procedimiento administrativo que resulta exigible como paso previo para poder demandar a la administración pública, sea nacional, provincial o municipal. En todos estos órdenes jurisdiccionales, se mantiene como regla, el criterio de la exigencia de agotar la vía administrativa previamente a la acción judicial. Esto quiere decir que los ciudadanos, administrados en general, y en particular, los empleados públicos, contratistas del Estado, personas vinculadas al Estado, deben defender sus derechos ante esos mismos niveles de gobierno, como paso previo, e inexcusable, para poder acceder a defenderlos en sede judicial.  

Ese procedimiento previo, que en los tres niveles de gobierno están regulados por viejas normas de facto (decreto ley 19549/72, 7647/80 y OG 267/80), obligan a los ciudadanos a transitarlos, con la existencia de breves plazos de días para interponer las defensas recursivas, sin el necesario asesoramiento técnico de un abogado, es más, establecen como principio la innecesaridad de patrocinio letrado. Es claro que, en ese contexto, el ciudadano de a pie, los empleados públicos, quedan inexorablemente indefensos, sobre todo aquellos que carecen de recursos económicos, y/o fácticos para poder acceder a un patrocinio letrado, incluso cuando el gratuito ofrecido por los Colegio de Abogados, en general no cuentan con especialistas en esta materia tan especial.  

El anteproyecto aprobado por la Comisión para la reforma a la ley de procedimientos provincial, aprobado en el año 2019 en la Provincia de Buenos Aires, que tuve el honor de conformar, como algo novedoso, preveíamos que será obligatorio contar con abogado cuando se discuten temas jurídicos, y que el trámite en consecuencia, quedará suspendido hasta tanto el ciudadano afectado cuente con patrocinio letrado. Esto hace que el ciudadano sepa a qué se enfrenta, y puede defenderse a tiempo, no como ahora que en general se llega tarde, y el derecho no defendido en esa seda, se pierde para siempre, y con ello la posibilidad de acudir a la justicia.  

En esta idea, creo que los gobiernos nacional, provincial y municipal, deben avanzar en la creación o traslación de competencias, a una figura que se ocupe de defender en sede administrativa a los ciudadanos que no cuenten con asesoramiento legal propio, o el ofrecido sea insuficiente. No resultan suficientes para esto, los patrocinios letrados gratuitos que en la actualidad están a cargo de los Colegios profesionales, que como dijimos, muchas veces no cuentan con los recursos humanos capacitados para esta materia.  

Resulta imprescindible, para garantizar el acceso a la Justicia, y la defensa de los derechos, consagrados constitucionalmente como a través de los distintos tratados de derechos humanos, que prevea un mecanismo de defensa legal en sede administrativa, de modo institucionalizado, sea a través de la asignación de dicha competencias a organismos independientes ya existentes, o bien mediante la creación de registros de abogados creados a tales efectos, o bien por medio de la creación del Defensor del Administrado, figura que deberá ser autónoma funcionalmente, con independencia técnica y económica en la órbita de gobierno que se inserte, de manera de permitir el adecuado ejercicio de su ministerio. Deberá contar con un método de designación, estabilidad (incluso si es por un plazo determinado), y remoción ajustado a la magnitud de su ministerio y funciones. 

Esta tarea que está pendiente, exige un mayor compromiso de quienes tienen del deber de garantizarnos a todos, la oportunidad de que nuestros derechos queden a merced de la indefensión de los regímenes normativos actuales. 

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