Se trata de la sanción de la norma que modifica la ley de manejo del fuego. Los nuevos artículos desalientan los emprendimientos inmobiliarios y cambios de actividades agrícolas en las zonas quemadas.
El titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, destacó la media sanción de la Cámara de Senadores que convirtió en ley al proyecto de modificación de la ley de manejo del fuego, presentado por el diputado Máximo Kirchner. Al respecto, señaló: “Este es un gran paso para frenar las quemas intencionales producto de la especulación inmobiliaria y agropecuaria. El cuidado de nuestra casa común es el camino para un país sostenible”.
La sustitución de artículos aprobada establece que en el caso de incendios, provocados o accidentales, en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales las modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al siniestro quedan prohibidas por 60 años; mientras que en zonas agrícolas, praderas, pastizales y áreas de interfase la prohibición es de 30 años.
La estadística del Servicio Nacional de Manejo del Fuego indica que el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas; “a veces es por imprudencia o especulación productiva o inmobiliaria”, puntualizó el ministro. “Si no modificamos ciertas prácticas, lo que hoy da rentabilidad, mañana no lo hará”, consideró, y agregó que “las normas van a servir para que ese sector productivo genere más conciencia y piense en la producción como algo sostenible”.
A la vez que pidió modificar prácticas productivas, el titular de Ambiente hizo foco en el sistema judicial: “La Justicia tiene que actuar de otra manera. Tiene que poner ahínco, no puede mirar para otro lado”. En este sentido, lamentó: “Si la Justicia hubiese detenido a alguien en el delta del Paraná posiblemente no hubieran seguido quemando y hubiésemos preservado el humedal”.
Respecto de los impactos que causan las quemas, que con la sancionada ley esperan evitarse, Cabandié dijo que “hay una afectación a la salud de las personas, degradación ambiental y también el Estado utiliza recursos para apagar los incendios, recursos que son de los impuestos de todos”.
Por último, llamó a los gobiernos provinciales a “robustecer” sus sistemas provinciales de manejo del fuego.
