Por Jorge Enríquez. El diputado del Pro cuestiona la reedición de eta cuestión “sin debate” y advierte sobre una “extorsión” hacia los legisladores “celestes”.
La legalización del aborto sería una grave claudicación ética. Cuesta creer que haya personas que celebren la posibilidad de que el Estado permita la supresión de la vida de seres humanos. Pero aún si se tienen otros criterios éticos, existe una valla constitucional infranqueable.
En efecto, si bien el derecho a la vida no fue expresamente reconocido por la Constitución Nacional, ha sido siempre considerado uno de los derechos implícitos a que se refiere el artículo 33. Pero la reforma constitucional de 1994 despejó cualquier incertidumbre. Dispuso en el artículo 75, inciso 23 que el Congreso debía dictar un régimen de seguridad social que protegiera al niño desde el embarazo. Como no distingue etapas, es claro que rige desde la concepción. Asimismo, el artículo 75, inc. 22 les otorgó jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. La primera establece en el artículo 4.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño, al momento de su ratificación la República Argentina formuló algunas reservas, entre ellas la siguiente: “Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
Al abortar no se ejerce el derecho a la intimidad (la disposición sobre el propio cuerpo), que tutela el artículo 19, CN, porque el niño por nacer no es un órgano de su madre, sino una persona distinta. Que los abortos suceden tampoco parece un argumento plausible para que se los legalice. Los homicidios, las violaciones, los robos también suceden y nadie en su sano juicio sostiene que se los deba despenalizar.
Con ese criterio, el Código Penal sería un cuerpo legal sobreabundante: ninguna conducta que ocurriera podría ser penada.
La sociedad debatió extensamente este tema hace dos años. Sus representantes rechazaron la legalización del aborto. Ahora se reedita la cuestión, pero sin debate, como si fuera una emergencia que debe tratarse con la mayor celeridad. Y el Poder Ejecutivo presiona indebidamente a los legisladores con el uso indebido de los recursos del gobierno central. ¿Cuál es la urgencia? Lanzar una cortina de humo que oculte por un tiempo el salvaje ajuste que pesa sobre los jubilados y la clase media.
¿Dónde quedó el discurso del diálogo y la convivencia que el presidente pronunció al asumir el cargo?
¿Tiene algún significado que no sea meramente retórico su apelación a que termine la grieta? ¿Es una contribución a ese objetivo sostener que quienes están en contra del aborto son hipócritas?
Espero que los legisladores que están a favor de las dos vidas no cedan a la extorsión. La dignidad de los seres humanos no es una mercancía que se pueda ceder en una mesa de negociaciones.
