En el plenario de comisiones, la iniciativa sufrió modificaciones que le permitirían al sector “verde” ampliar la diferencia a favor. El dictamen de mayoría reunió 77 firmas, y el de rechazo, 30. Hubo cuatro abstenciones.
Por Carolina Ramos
Con dos modificaciones clave que le permitirían al sector “verde” ampliar la diferencia a favor, el proyecto de despenalización y legalización del aborto recibió dictamen favorable y será tratado este jueves en la Cámara de Diputados con la presencia de casi la mitad de los legisladores y una nueva movilización en las calles, bajo la mirada atenta de los senadores, que tendrán el veredicto final.
El proyecto del Poder Ejecutivo fue despachado en el plenario de comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, que se reunió en el recinto -un escenario atípico- para poder cumplir el distanciamiento social entre los diputados.
El dictamen a favor obtuvo 77 firmas, mientras que el de rechazo recibió 30. A la hora de las firmas, se mantuvieron al menos tres incógnitas: las oficialistas Graciela Parola (Formosa) y María Luisa Montoto (Santiago del Estero), ambas conectadas desde sus provincias, se abstuvieron de firmar dictamen, con lo que mantendrán su decisión en secreto hasta último momento. La tercera abstención fue del puntano Karim Alumé Sbodio -él sí presente en el recinto-, quien en 2018 votó en contra, pero en esta oportunidad no suscribió ninguno de los dictámenes, lo cual sorprendió y abre interrogantes respecto a la postura que mantendrá esa vez.
En primer lugar, se incorporó un artículo vinculado a las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.
Según el agregado, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”.
Se aclara que “en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica” y que “las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.
El segundo cambio que sufrió el texto tiene que ver con las personas gestantes menores de 16 años que requieran un aborto. En esos casos, se establecía originalmente que “se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”.
Ahora, el proyecto se remite fundamentalmente al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”, y agrega que “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”.
Además, indica el Código, “se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.
Por otra parte, aunque se especulaba con que pudiera acotarse el plazo para la realización del aborto -de diez a cinco días desde la fecha de su requerimiento-, se mantuvo el plazo original de diez días.
La discusión arrancó con Carmen Polledo, una de las abanderadas del sector “celeste”, quien fundamentó el dictamen de rechazo. “El proyecto resulta extremadamente inoportuno por el contexto sanitario producto de la pandemia. Nos parece realmente un escándalo estar tratando la legalización del aborto con los gravísimos problemas que estamos enfrentando”, planteó.
Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud, insistió en que el aborto “no está en la agenda de nuestras mujeres” y agregó: “La solución no pasa por la legalización, sino por una adecuada implementación de la educación sexual integral y de las políticas públicas para la prevención de embarazos no intencionales”.
La porteña sostuvo que el aborto legal es “incompatible con nuestro ordenamiento jurídico”, y alertó: “Se debate como si existiera una tensión entre el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y el derecho a la vida del niño por nacer. Estamos discutiendo sobre la eliminación de un ser vivo que se está gestando en el vientre materno”.
La diputada del Pro reconoció que “no corresponde mantener la punición de la mujer”, pero consideró que “una cosa muy diferente es legalizar el aborto. Es algo que hay que erradicar, no legalizar”.
En defensa del aborto legal, Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, enfatizó qie “claramente es un tema de salud pública”.
“No estamos discutiendo si estamos a favor o en contra de la interrupción del embarazo. Seguramente todos estamos en contra. Lo que tenemos que hacer para que no haya abortos es trabajar para que no haya embarazos no deseados”, sugirió el tucumano.
A su vez, dijo que la despenalización es “un mensaje claro a todas las provincias y a los sistemas judiciales”, y finalmente, sentenció: “El aborto lamentablemente ocurre. No verlo es falso. Miles de mujeres en Argentina a lo largo de estos 100 años de Código Penal han interrumpido embarazos en la clandestinidad”.
El puntano José Riccardo (UCR), quien votará a favor, volvió a plantear lo mismo que hace dos años: la necesidad de reforzar la educación sexual integral. “Tanto en el debate de 2018 como en este, hubo una palabra que se repitió en las miles de alocuciones de todos: educación sexual integral”, advirtió, y recordó que hay un proyecto pendiente de tratamiento en ese sentido.
Romina Del Plá (PO) pronunció su último discurso como diputada y afirmó que el avance del proyecto es “el resultado de la enorme marea verde que recorre todo el país”, aunque criticó el derecho a la objeción de conciencia, por considerar que se trata de un “obstáculo” para la realización de la práctica.
“La ley que se va a votar habilita la objeción por ideario institucional al no establecer la obligación de los centros de salud a garantizar la práctica. Es una prerrogativa inadmisible que permite que clínicas e instituciones de salud vulneren la ley en nombre de la objeción de conciencia. Un bloqueo de hecho al acceso a la práctica y una concesión enorme a los agentes del clero que tienen colonizado buena parte del sistema de salud público y privado en todo el territorio nacional”, cuestionó.
En contra del proyecto, Jorge Enriquez (Pro) negó que se trate de un “clamor popular”. “Encuestas recientes han dicho que así como había una paridad en 2018, hoy hay un 70% de la gente en todo el país (la Ciudad y el AMBA no somos el ombligo de la Nación) que se opone”, reveló, aunque sin citar la fuente.
Enriquez sostuvo que “la embriología y la genética nos indican que hay vida desde la concepción y que esa vida no se puede suprimir por la decisión unilateral de una persona. Estaría disponiendo sobre un cuerpo que no es el propio, sino sobre otra vida”.
Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), otra de las opositoras a la ley, aclaró que “jamás utilizó argumentos religiosos”, sino jurídicos. “No tengo nada contra las mujeres, pero no puedo callarme ante el milagro de la vida. Nadie quiere criminalizar a la mujer, Que una sola mujer vaya presa o que tenga que transitar por el sistema penal, nadie lo quiere. Pero poder pensar que una persona puede decidir a libre arbitrio o capricho sobre otra…”.
Quien cerró la discusión fue Graciela Camaño, otra “celeste”, quien advirtió que “la sociedad que modelamos con esta legislación es una donde claramente el individuo se despoja de responsabilidades por sus acciones voluntarias que fueron asumidas libremente, incluso a costa de la vida ajena. Si es así, la ley solo va a servir como instrumento para legitimar las pulsiones, los deseos, los intereses individuales, y eso es el fracaso de la comunidad organizada”.
“Este proyecto claramente lesiona el derecho a la vida por nacer”, insistó la diputada de Consenso Federal, y remató: “Si se sanciona el aborto va a ser legal, pero jamás va a ser justo”.
