El Poder Ejecutivo promulgó parcialmente la Ley 27.591 de Presupuesto Nacional 2021, al vetar siete artículos de la norma, que se sancionó el pasado 17 de noviembre en la Cámara de Diputados.

De acuerdo al decreto 990/20, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno observó el artículo 28, que sustituía el artículo 15 del decreto 1382/12, estableciendo el porcentaje de afectación de los ingresos provenientes de la enajenación de los inmuebles, de la constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o personales sobre los mismos y de locaciones, asignaciones o transferencias de su uso, “generando una reducción en los ingresos proyectados para el Tesoro Nacional en 2021”.

En los considerandos, el Ejecutivo señaló que la actual legislación “resulta más eficiente en tanto los fondos del Tesoro Nacional se destinan al financiamiento integral de las necesidades presupuestarias del Sector Público Nacional”.

Por otra parte, se vetó el artículo 65, que sustituía el artículo 49 de la Ley de Solidaridad Social (27.541), sobre una afectación específica del 10% de lo recaudado en concepto de tasa de estadística para destinarlo a programas de créditos para la inversión y el consumo.

“Dicha afectación genera una pérdida sobre los recursos proyectados para el Tesoro Nacional”, se argumentó y se agregó que “debe tenerse en cuenta que existen programas presupuestarios del Ministerio de Desarrollo Productivo destinados a la misma finalidad”.

También se observaron los artículos 112, 113, 114 y 115, referidos a la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de MiPyMES Tecnológicas (PyME-Tech), con la finalidad de financiar dicho sector. El Gobierno justificó que “el aumento de impuestos internos” establecido por esos artículos “podría derivar en un incremento de los precios internos de productos electrónicos”.

Además, la creación del Fondo “genera rigideces en la administración y financiamiento del Presupuesto Nacional, resultando más eficaz que la recuperación de la recaudación de ingresos por mandato de los artículos 110 y 111 tenga como destino el Tesoro Nacional”.

Asimismo, “se superpone con otros fondos fiduciarios vigentes que tienen como beneficiarias las MiPyMES, así como con las asignaciones presupuestarias en programas dirigidos al sector”.

Otro agregado que salió de la Cámara de Diputados, como parte de las negociaciones con la oposición para lograr apoyos a la ley, fue la creación de un régimen especial aduanero para la provincia de Misiones, que a través de este decreto se vetó.

“La creación de zonas francas y áreas aduaneras especiales en gran parte del territorio argentino no resulta aconsejable en tanto significa una inestimable caída de la recaudación dada la consecuente merma de las transacciones comerciales, las producciones locales y el consiguiente impacto desigual en las economías regionales”, se resaltó en los argumentos.

Y se agregó que “la habilitación de tales espacios podría generar el incumplimiento de los compromisos asumidos en el orden internacional, en particular en el ámbito del Mercosur”.

Finalmente, otro de los artículos observados fue el 126 que suspendía hasta julio de 2021 el artículo 23 de la Ley N°25.997 -sobre los fondos del Instituto Nacional de Promoción Turística-, al tiempo que facultaba al presidente del organismo “a destinar hasta el 35% de su presupuesto a los fines establecidos” en la Ley de Solidaridad Social.

“Para el ejercicio 2021 el Ministerio de Turismo y Deportes contempla en su presupuesto incrementos crediticios para atender la creciente necesidad del sector turístico”, se expresó, además de aclarar que “las facultades establecidas en este artículo atentan contra las funciones conferidas a la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía, relacionadas con la coordinación y aplicación de las políticas de administración presupuestaria y financiera del Sector Público Nacional”.