Al defender la iniciativa de aborto legal en el Senado, el ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo que el proyecto “no está hecho en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en Argentina”.

“El proyecto para mí gusto es un proyecto que ha tenido en cuenta la experiencia mundial”, dijo el funcionario, y destacó que a su parecer es “extraordinario” porque “baja la mortalidad materna, baja la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres”.

Al igual que en su exposición en la Cámara de Diputados, el titular de la cartera de Salud habló de los “ejes” de “prevención, justicia social y salud pública”. Defendió que hay “evidencia mundial de países” que hace “muchos años” tienen ley de aborto y han registrado un “efecto inmediato sobre la mortalidad materna, la morbilidad y los ingresos hospitalarios como consecuencia de abortos inseguros”.

González García recordó que en el año 2002 se sancionó la Ley 25.673, de Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y “en aquellos años el debate fue parecido”.

“Estamos intentando hace muchos años disminuir los embarazos no deseados”, señaló y mencionó la implementación de distintos programas que hay al respecto. Sin embargo, “el 80% de los embarazos en adolescentes son embarazos no intencionales”.

“En el día de hoy están sucediendo mil abortos en Argentina y 100 internaciones solo en los hospitales públicos, producto de complicaciones en aborto”, aseguró y diferenció que “esto sucede, pero no sucede igual en todas: hoy una mujer argentina que tiene educación, tiene dinero, estructura, sistema, familia, en realidad en gran parte está accediendo a una innovación tecnológica, que es una droga, un medicamento”.

En ese sentido, el ministro afirmó que “si una mujer tiene hoy entre 6.800 pesos y 10 mil pesos” puede “acceder al misoprostol y es ambulatorio, con alguna consejería de un médico”. Mientras que “hay otro sector social, que son las vulnerables, y si bien la ley es para todas, tiene que ver específicamente con mejorar desde un aspecto de equidad”.

Entonces, el funcionario defendió que la ley apunta a quienes “no tienen ni el dinero, ni la educación, ni la consejería, ni la familia, ni el entorno”.