La discusión de este martes estuvo centrada en el aspecto sanitario. Entre los expositores del primer turno estuvo Adolfo Rubinstein, exministro de Salud.
Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado reanudaron este martes el debate del proyecto de aborto legal, con la participación de 24 médicos y especialistas que se manifestaron a favor y en contra.
El plenario presidido por Norma Durango (Frente de Todos) pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, con la intención de escuchar a los últimos invitados y luego abrir el debate entre los senadores.
Abrió la ronda de exposiciones Stella Manzano, médica ginecóloga especialista en medicina legal, del Hospital Zonal de Trelew, quien sostuvo que “no se pueden salvar las dos vidas, porque un aborto a cualquier edad gestacional es menos peligroso que un parto”. “Es imposible evitar la aparición de las enfermedades que el propio embarazo causa en el tercer trimestre”, señaló.
La doctora subrayó que “ninguna persona debe ser obligada a sacrificar su vida para salvar la de otro”, al tiempo que defendió que el aborto “salva a niñas que fueron embarazadas por violación, al evitar que lleguen al parto. Ellas triplican el riesgo al llegar a un parto”.
“Legalizarlo evita secuelas de por vida de complicaciones del embarazo y parto, y evita sufrimiento psíquico por haber sido forzadas a tener hijos contra su voluntad, sea que se los queden o lo den en adopción”, agregó Manzano, que consideró que “negar abortos por causales es tortura” y hay “muchos profesionales que no respetan la soberanía de niñas”.
Con un discurso enfático en contra de la ley, la doctora María de Urraza, especialista en tocoginecología del Hospital de Florencio Varela, dijo que el proyecto busca “promover el aborto eugenésico; legitimar lo que ya ocurre en los hospitales, el aborto a libre demanda y sin límite de edad gestacional; ampliar la cobertura del aborto irrestricto a todo el país; aumentar la cantidad de abortos; amedrentar a los médicos que todavía nos oponemos a actuar contra las leyes de la humanidad y en contra de nuestra conciencia; y garantizar el acceso al aborto en clínicas privadas para que las mujeres de mayor poder adquisitivo no tengan que pasar por la situación de internarse en hospitales públicos”.
“En los hospitales de la provincia de Buenos Aires el aborto es libre, es decir, accesible. Cualquier mujer que quiera hacerse un aborto, se acerca a un centro de salud, firma una declaración jurada con alguna causal y aborta. Es gratuito porque se hace en hospitales públicos. Y es seguro, según el Ministerio de Salud, que directamente no se interesa en contabilizar las complicaciones existentes en los hospitales”, continuó, al tiempo que denunció que “en pandemia se guardaron camas para abortos”.
La médica aseveró que “con esta ley los médicos no podemos de ninguna manera tratar de disuadir a las pacientes de lo que por lo mínimo representa un suicidio emocional”. “Los médicos argentinos estamos en el ranking de los peores pagos del mundo, sin vacaciones, sin aumento. Tuvimos que enfrentar la pandemia, poniendo el cuerpo, vimos a colegas morir. ¿Y que en este contexto nos digan que es importante la ley del aborto? Es vergonzoso”, expresó.
Desde el Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, realizó su exposición centrada en la comparación de los “costos” entre la ilegalidad y la legalización de los abortos. De acuerdo a un estudio, aseguró que “del total de abortos que se realizan fuera del sistema” se estima que “aproximadamente un 75% tiene contacto igual con el sistema de salud”.
“Si bien la práctica se hace fuera del sistema porque es ilegal, el resto de las complicaciones que requieren un aborto terminan siendo atendidas en el sistema de salud, sea para seguimiento, control o terminar un aborto incompleto”, indicó y apuntó que un caso de shock séptico “puede costar casi un millón de pesos, como máximo, y 548 mil pesos como mínimo”, mientras que un aborto incompleto “entre 36 mil y 85 mil pesos por cada caso”.
La funcionaria precisó que “en una estimación de 457.533 abortos”, el sistema de salud tiene un gasto de “51.900 millones de pesos al año”. “Hoy estamos gastando mucho más no hacer los abortos dentro del sistema legal, sino por fuera”, insistió y afirmó que se trata de “entre 2,6 y 10,2 veces más de lo que se gastaría si se decidiera avanzar en la legalización”. “El argumento del costo no debería ser un argumento para oponerse. Es falaz creer que nos va a costar más caro”, finalizó.
Al relatar su experiencia desde Uruguay, donde el aborto está legalizado desde 2012, María González Bernardi, médica ginecóloga-obstetra del Hospital Público de Montevideo, aseveró que “la legalización no ha modificado la mortalidad materna en Uruguay, porque ya venía descendiendo drásticamente”. Asimismo, resaltó que “no disminuye su práctica” y reveló que luego de su legalización “estábamos en una cifra de 7.000, y terminado el año anterior, en 2019, tenemos una cifra de 10.300 abortos. Es decir, el aumento ha sido notorio”.
La doctora manifestó que en el país vecino “el acceso a métodos anticonceptivos es universal e irrestricto, por lo que el aborto debería ser cero”. “La legalización no eliminó la clandestinidad”, añadió, al sostener que “mujeres por fuera del plazo legal terminan en la clandestinidad” y “existe todavía un mercado negro de misoprostol”. Por otra parte, González Bernardi dijo que “no se respeta el derecho de objeción de conciencia, especialmente de los médicos ginecólogos” y se los “discrimina” en las instituciones.
También en contra, Gabriel Flores Ciani, médico especialista en neurociencia y pastor evangélico, explicó que “inmediatamente cuando el cigoto se forma envía señales al cerebro de la mujer” y “las neuronas registran que hay una nueva vida”. En ese sentido, señaló que la mujer “va a llevar por toda su vida la sensación, el recuerdo de que existió esa vida por nacer en su vientre”.
“La mente humana de la mamá, el sistema biológico y la genetica esta preparada para ser una persona gestante”, siguió y remarcó que “no hay una diferencia desde la neurociencia de un aborto legal o ilegal. Las consecuencias a nivel psicológico y de estructuración de la psquis de la mujer se van a ver dañadas de la misma manera”.
Además, argumentó que “el neurodesarrollo de un niño o de una púber, el cerebro, no está preparado para tomar una decisión de la magnitud de abortar. Es empujada por el entorno, esto es clarísimo”.
Al igual que lo hizo en 2018 cuando era ministro de Salud, Adolfo Rubinstein defendió la legalización del aborto al expresar que “el existía en 1921 cuando se hizo la reforma del Código Penal, hace casi un siglo. Existía en 2018 cuando el presidente Macri habilitó por primera vez el debate. Y sigue existiendo ahora que el presidente Fernández envió el proyecto de ley al Congreso”.
“El aborto ilegal sigue estando presente en la agenda social de nuestro país como una asignatura pendiente que debe ser de una vez por todas resuelta”, destacó y opinó que el Estado debe aparecer como “garante de un bien público que no se desentienda de las consecuencias sanitarias del aborto clandestino”.
El médico indicó que “las complicaciones del aborto inseguro son una cuestión de salud pública”. “Las estimaciones basadas en estudios bastante rigurosos arrojan aproximadamente 350 mil abortos ilegales por año, es decir, casi un aborto cada dos recién nacidos vivos”, informó y agregó que “si bien han disminuido en los últimos años por las políticas de educación sexual y reproductiva”, las hospitalizaciones por aborto inseguro “siguen rondando las 35 a 40 mil hospitalizaciones por año”.
“Si incluimos a los prestadores privados, estamos estimando aproximadamente 65 mil”, continuó y detalló que “las muertes maternas por aborto ilegal siguen rondando las 20 muertes anuales”, aunque “este número probablemente se mayor, porque no se registran adecuadamente por su condición de clandestinidad”.
Sean “muchas o pocas muertes”, Rubinstein enfatizó que “son todas muertes evitables y una sola importa”. En referencia a los países donde el aborto ya es legal, el exministro habló de una “evidencia contundente” de baja de abortos, mientras que en los países con restricciones “la proporción de abortos inseguros aumenta dramáticamente”.
El aborto “es un problema de salud pública porque produce muertes, morbilidad evitable y serios problemas psicosociales en población joven y sana. Pero también es un problema de equidad, porque solamente afecta a las mujeres y adolescentes, y sus complicaciones afectan fundamentalmente a las mujeres más pobres”, sostuvo.
El dirigente lamentó que en 2018, tanto “verdes” como “celestes” se “comprometieron a bregar por prevención del aborto, promoción de la educación sexual integral, prevención del embarazo adolescente, ampliación de la anticoncepción, cumplimiento de la ILE en las causales tipificadas por el Código Penal en el marco del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. Y lamentablemente nada de esto ocurrió”.
“No vivimos en un Estado confesional, vivimos en un Estado laico que debe legislar para todos”, sentenció.
Además expusieron, en el primer turno, Evelyn Rodríguez, docente y fundadora de 0800 provida; Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora de CEDES-CONICET; Analía Messina, médica integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro; Noelia Vera Ruiz-Herrera, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género de España; Angélica Sarmiento, médica y especialista ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción; y Alejandro Barceló, médico y director del departamento de Bioética de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló.
Por la tarde fue el turno de la ginecóloga Cecilia Ousset, quien a pesar de ser católica apoya la legalización del aborto y enfrenta una causa por homicidio agravado por practicar una ILE a una niña de 11 años que fue violada y tenía riesgo de vida.
“Yo creo que las creencias personales no pueden superar los derechos de las personas. No alcanza con la despenalización, ustedes tienen que legalizar el aborto. Los médicos, médicas y las personas gestantes necesitamos leyes claras y regulación del Estado”, dijo Ousset.
También disertaron, entre otros, María Cecilia Avila, especialista en obstetricia y ginecología; Gabriela Luchetti, especialista en ginecología; el doctor José Jalil Colomé; Ruth Zurbriggen, activista e investigadora de La Revuelta; y Graciela Moya, médica genetista.
