¿Saben  por qué se considera al aborto una cuestión de salud pública? se considera problema de salud pública a toda causa de muerte o morbilidad evitable,  además se produce en población joven y sana y no puedo evitar resaltar que se incluye dentro de los problemas de equidad de género, ya que el aborto sólo afecta a las mujeres y sus complicaciones se producen fundamentalmente en mujeres pobres.

En mi trabajo hospitalario he acompañado a muchas pacientes en el transcurso de complicaciones severas en casos de aborto clandestino, no así en mi actividad privada, donde habitualmente no se presentan complicaciones.   

Mi vida profesional  me llevó a ocupar cargos de ejecución y conducción  dentro de un hospital público en donde tuve que  compartir mi día a día con personas que tenían culturas diversas, historias particulares, motivos tan especiales por los que decidían y resolvían sus conflictos, que la única manera en la que yo podía ayudar era -primera premisa- no juzgar, ser profesional, ofrecer  varias soluciones dentro de las posibilidades para mejorar el conflicto,  y así quizás esa persona podía acceder a alguna forma de cuidado por parte del Estado. Aprendí que yo no podía imponer mis creencias sobre alguien que tenía una vida con experiencias tan diferentes a las mías, que nunca mi juicio podía acceder a igual análisis que el suyo ante un mismo problema, y que, a pesar de las diferencias, todos necesitamos en salud un Estado presente.

Quiero correrme del lugar de sanitarista porque, aunque no lo fuera, estaría aquí diciendo que quiero que sea ley.     

Por fin llega al recinto este tema que hace muchos años es tratado como tema tabú. Ni la pandemia pudo con la persistencia, el trabajo, la seguridad de un grupo de mujeres que no claudicó en tantos años haciendo realidad que la política inteligentemente abriera paso a esta discusión. Tenemos claro que es un tema que nos cuestiona como individuos, que nos lleva a tomar posición, que nos diferencia y al mismo tiempo (empáticamente) nos hace sentir que algunas personas son más cercanas que otras.

El aborto existió, existe y existirá. Sería ingenuo creer que la falta de legislación puede evitar una práctica que se desarrolló históricamente, en donde las mujeres tuvieron que, como en muchas otras circunstancias, desarrollar alguna destreza para poder seguir adelante. El debate, en todo caso, tendría que ser solo sobre las condiciones en que se practica el mismo.

 Un estudio del Observatorio de la Juventud (Dirección General de Políticas de la Juventud, 2017) informa estos datos sobre interrupciones de embarazo: el 11% de las mujeres jóvenes que estuvieron embarazadas alguna vez, informó haber interrumpido su embarazo, y esa proporción aumenta con la edad. Las jóvenes de entre 20 y 29 años declararon haber interrumpido un embarazo en mayor medida (alrededor del 10%) que las adolescentes de 15 a 19 (8%). Por otro lado, si se considera la zona, la proporción de jóvenes que interrumpieron su embarazo era más alta en zona norte (16,7%), menor en zona centro (13,3%) y casi 10 puntos más baja en zona sur (7,7%)

Nuestro país, dentro del código penal tiene una ley de aborto no punible, desde hace 100 años.  Esta ley ya entiende de la importancia de la intervención a mujeres con embarazos no intencionales o enfermedades que pusieran en riesgo la vida de ellas dándole al Estado la función de cuidado.

Durante estos 100 años esta ley muchas veces se ignoró, mujeres violadas o con enfermedades gravísimas no llegaban en muchos casos a poder acceder a una práctica médica segura para solucionar su estado de salud mediante un aborto. Como sabemos, existen trámites burocráticos que en forma innecesaria y enmascarando cuestiones religiosas o morales prolongaban la decisión hasta hacer imposible llegar a realizar la práctica.

 Llegó el momento. Como en tantos otros asuntos, el Sistema de Salud debe ser transparente sobre este tema. Sus avances facilitan los tratamientos, haciendo de ellos procedimientos seguros. Sabemos que tenemos equipos interdisciplinarios que tienen la formación específica para acompañar a las mujeres en cualquiera de sus decisiones, que este sistema tiene un compromiso fuerte con la salud sexual y reproductiva, asesorando e indicando educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto seguro para no morir.

Sabemos que el aborto es ejemplo de desigualdad en nuestro país.  Golpea fuertemente a las mujeres más vulnerables. Sólo fijarnos en quiénes son las mujeres que mueren o sufren prácticas clandestinas inseguras confirmamos este dato. Este tema no puede ser abordado con mirada moral o religiosa; nosotros legislamos.

Las leyes buscan equiparar a las personas ante sus necesidades. La política está para solucionar los problemas de desigualdad, no para reafirmar nuestras creencias morales. La democracia está para vivir con las diferencias.

El aborto hoy es una cuestión política. Si una mujer hoy no puede acceder a un tratamiento gratuito y seguro para realizar una interrupción legal del embarazo y otra lo realiza pagando honorarios y no hacemos algo para igualar condiciones, estamos avalando vidas de primera y segunda clase.

 En este siglo que ha tomado el tema de los derechos de la mujer como eje transversal en el mundo, no podemos perder la oportunidad de fortalecer y reafirmar el trabajo de nuestros equipos de salud con un protocolo que formalice la práctica.  Este es otro de esos momentos en que nuestros representantes tiene la oportunidad de  otorgar los mismos derechos a todas las ciudadanas de nuestro país.

Acepté participar en la política para mejorar la vida de todas y todos. Por eso, como persona humana, como mujer, madre y abuela y como médica, les pido a mis colegas que acompañen esta igualación de derechos entre quienes pueden acceder a prácticas seguras y quienes no tienen por diversas razones esa posibilidad.

Que sea ley.