El diputado Jorge Enríquez de JxC presentó una denuncia penal contra el presidente de la Nación y los ministros de Salud y Seguridad, por abandono de persona en la gestión del Covid, según lo establece el art. 106 del Código Penal, que impone penas de hasta 15 años, por “poner en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte”(…) y de ello resulten muertes, como es el caso. Jurídicamente, se aplica la teoría de la infracción de un deber, porque la conducta está claramente tipificada y la omisión es evidente.

Enríquez sostuvo que “un millón y medio de contagios y 41.000 muertes no son el resultado de la letalidad del virus, sino de la incapacidad del Gobierno para implementar la cuarentena anunciada, que hubiera disminuido enormemente la cantidad de muertos.

La gestión de la vacuna, principal herramienta para el combate de la enfermedad ha demostrado que la incapacidad de este gobierno pone a la población en una situación de abandono de persona.

En múltiples apariciones públicas, tanto Alberto Fernández como el ministro Gines anunciaron presuntos convenios con diversos laboratorios para la provisión de vacunas. Pero finalmente ninguna de estas opciones se concretó”.

Enríquez, concluyó: “la gravedad de la incapacidad del Gobierno está llevando exponencialmente a mayores muertes. Y espero que la justicia atribuya las responsabilidades que le caben a los funcionarios, como fueron los casos de Cromañón y del Sarmiento.