Ya no son necesarios los golpes de Estado militares para sojuzgar a un pueblo. La autocratización dentro del sistema democrático, impulsada por los mismos líderes surgidos de elecciones libres, es suficiente para instalarse por tiempo indeterminado en el poder político. El proceso incluye el envilecimiento de la política, la destrucción de las instituciones y el despliegue de la perfidia como arma letal.  

La actual crisis de la democracia en muchos países del mundo es otra ola más en el marco del retroceso del sistema, donde los líderes políticos provocan los quiebres para concentrar el poder y deteriorar las instituciones con más potencia que los tradicionales golpes de Estado. La especialista Melis Gülboy Laebens los denomina “tomas graduales del poder”.  

En Argentina ese proceso se refleja en un contexto de pandemia con daños que no cesan en los ámbitos de la salud, la producción y la economía, y en el desmantelamiento institucional y político.  

Puede diseñarse una radiografía de este envilecimiento de la política. No sería capcioso ni caprichoso. Respondería a la gravedad institucional que amenaza al país donde son flagrantes los atentados contra los pilares que sostuvieron durante siglos el sistema republicano y democrático.  

Las reiteradas transgresiones a las normas, la manipulación de las reglas en favor de quien tiene el poder transitorio, el abandono de las formas y los protocolos, vienen erosionando persistentemente la institucionalidad mediante el abuso y la pésima aplicación de las herramientas indispensables de la buena política.  

Por ejemplo, cabe preguntarse: ¿cuánto hace que gobiernos nacionales, provinciales y municipales, no se rigen por planes de gobierno previstos para el corto, el mediano y el largo plazo? Una obviedad dentro de cualquier planificación o estrategia. De tanto aludir al pasado para justificar las barrabasadas del presente, los funcionarios se quedan ciegos frente al futuro. En el territorio argentino son escasos quienes pueden proponerse etapas en el tiempo al participar de una sociedad enfrentada al recurrente cambio de las reglas de juego.  

Se oye hasta el hartazgo reclamar diálogo y consenso como metodología lógica del entendimiento entre las partes para avanzar hacia un fin común.  

Ese deseo trasmuta en entelequia al estrellarse contra la negativa de los poderosos que no quieren compartir el poder cuando son incapaces de manejar la cosa pública.  

El mundo progresista de verdad adoptó esas dos herramientas para resolver conflictos interpartidarios y gubernamentales, pero aquí en Argentina la decisión es inversa: el conflicto es convertido en instrumento que evita los acuerdos e ignora el diálogo. Como un rezo pagano se apela a la “unidad” y nadie sabe muy bien de qué unidad se trata, para qué se la busca ni con quien. Los detiene la incapacidad de establecer, mínimamente, cinco desacuerdos para un debate civilizado. En un momento en que predominan la labilidad en los lazos, el compromiso es débil y la palabra está devaluada, más debería apelarse a la cooperación y a la integración.  

No obstante, la voluntad de acordar ha fugado de la Argentina, y a cambio se privilegia la perfidia, una maldad tan extrema como la de Aspasia, la mujer de Pericles que con su perfidia llenó de sangre las calles de Samos y Megara.  

Esa perfidia logró hasta ahora el sometimiento de los más pobres, la eliminación del movimiento obrero y los sectores medios, despojados de a poco de lo poco que tienen. La sangre de los jubilados corre por los pasillos de la Anses y el Pami, mientras el Poder Ejecutivo, por mandato del Poder Legislativo, manotea las arcas de quienes aportaron toda su vida aspirando a una vida tranquila y feliz en la tercera edad.  

Esa perfidia es la causante del goteo económico para presuntamente asistir a quienes se quedaron sin trabajo durante la pandemia o nunca trabajaron. No es derrame, es un simple y lento goteo de la distribución “de la riqueza” que se declama, porque no la hay. El goteo es injusto para los laboriosos, y gratificante para quienes consideran más oneroso trabajar que no hacerlo. Pero a su vez constituye una trampa para engordar la “servidumbre voluntaria”, designada como pobreza estructural que llegó este fin de año a la mitad de la población argentina (50%).  

En el catecismo político argentino la ley no es igual para todos, y hasta cuando es justa con los corruptos es condenada por considerársela “injusta”. Una paradoja. La Justicia en todos sus niveles es rehén de la política y de quienes gobiernan. Los políticos juzgados reinterpretan a su modo la letra fría de la ley, la vuelven opinable y caprichosa, la verdad no es única como debería serlo sino según los distintos ángulos desde donde se la vea. La bautizaron postverdad, pero no es la verdad.  

Los mencionados son apenas un puñado de signos que revelan el avance artero hacia al autocratismo más tóxico, especialmente cuando viene precedido de la tendencia de leer la realidad circundante desde un estado  

psicótico, paranoico, y de desesperación. Esto no tiene ningún punto de contacto con la política sino con la frustración de anhelos personales, pero está ligado a la responsabilidad de los dirigentes.  

La des-institucionalidad se ha convertido en el único objetivo claro de los actuales gobernantes argentinos y es evidente que todo lo que encaran tiende a derribar a las instituciones para erigir en su lugar monumentos a falsos profetas. Las armas son diversas y se cuentan entre ellas 14 toneladas de piedras, pintura verde sobre los centros religiosos, el ninguneo a las jerarquías judiciales, las misivas como torpedos con dirección solapada, el uso de la mentira como verdad, el engaño al adversario que en realidad es un enemigo, la violencia en las calles, el cierre de las escuelas, la devaluación de la historia, el castigo al crecimiento personal y al mérito, entre tantas otras.  

Sobreviven objetivos de “no Nación”, “no República”, “no oposición”, “no a la propiedad privada”, “no a la posesión de la tierra”, “no al bienestar económico”; “sí a la pobreza extrema”, “sí a las ideologías muertas”, “sí a la nostalgia de la revolución fracasada”, “sí al sometimiento de las clases medias y bajas”, “sí al FMI”; y “sí” a todas las ambiciones personales de quienes recapturaron el poder político.  

La gravedad de los hechos radica en que, ante tal panorama, Argentina se hunde sin remedio en una crisis económica de gran envergadura, pierde a tres generaciones sin educar durante un año entero, deja que desaparezcan más de 50 mil Pymes y se vayan del país -o estén por partir- enormes empresas como Falabella, Latam, Walmart, Brighstar, Danone, Glovo, Uber Eats, Curtiembre CBR, Air New Zealand, Emirates, Qatar Airways, Norwegian, Basf, Axalta, Nike, entre otras decenas. Más de 1.400.000 personas perdieron su empleo este año y sube cada día el desempleo.  

La Cuarta Revolución tecnológica partió sin los argentinos dentro de la nave. El atraso económico y cultural es y será agobiante, y las soluciones sanitarias para el Covid 19 parecen de dudoso alcance por el tratamiento de las autoridades a los laboratorios más serios del planeta.  

No hay otra explicación: dieron otro ataque a la institucionalidad, esta vez a los organismos científicos del mundo.