Réplica a los CEO de las Comunicaciones

Por José Luis Ramón. El diputado se expresa a favor de encaminarnos hacia una regulación integral de los servicios públicos, fijando los pisos de derechos y obligaciones.

El domingo 20/12 en un diario de Mendoza, apareció una nota titulada: La Argentina estrangula a uno de sus sectores más competitivos, que sin argumentos y en pocos párrafos estipula una supuesta incapacidad de seguir produciendo el servicio de telecomunicaciones, específicamente de la empresa Telecom, en los términos en los que se venía dando.

Primer punto en conflicto, si esta según Telecom, es la forma acertada de llevar un producto, o mejor dicho, de brindar un servicio público, están equivocados. La pandemia instaló la cuestión de los servicios de comunicación y sus problemas, y los impuso como derecho; para estudiar, para contener, para trabajar, para reconocer, para unirse en la distancia.

Por eso era necesario y urgente situar a estos servicios como públicos, promoviendo el acceso de ellos a todo habitante de la nación, en cualquier región. Ahora bien, el primer paso ha sido dado; ahora son servicios públicos, pero no alcanza con eso si a la gestión estatal le tiembla el pulso cada vez que debe pararse junto a la ciudadanía y defenderla de los monopolios.

Es necesario encaminarnos hacia una regulación integral de los servicios públicos, fijando los pisos de derechos y obligaciones, la participación de los consumidores en el control y en la mecánica para establecer los precios y que aseguren el acceso, permanencia y calidad de los servicios esenciales.

Instalar una tarifa mínima, pero al mismo tiempo permitir el aumento de los servicios es el juego amigo-enemigo de nunca acabar. ENACOM no enfrenta del todo a las empresas, pero permite que se quejen en diarios, instalando una posición desventajosa para la ciudadanía y en pos de seguir acrecentando sus arcas. 

Ni hablar, que como servicio debería haber tenido una audiencia pública para debatir y estipular el aumento del precio. Los consumidores tienen derecho a ser oídos, y tampoco se está intentando cumplir con los recaudos que el mismo gobierno nacional planteó para defender a los usuarios.

Las tarifas y el servicio mínimo son una consecuencia directa de la esencialidad de este: nadie puede sostener que el servicio es esencial, y a la vez querer olvidarse de asegurar el acceso. El mismo que se asegura con un piso de prestaciones para los que menos tienen, y esto sí se está ajustando y entregando a beneficiarios AUH, desempleados, monotributistas sociales, jubilados y quienes ganen menos de dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Pero como dije, el juego amigo-enemigo se instaló de tal manera que la base de los precios establecida es altamente moderada. Un gran ejemplo de esto es el precio establecido por el gobierno nacional para los 10 megas ($700), mientras Fibertel el de 25 megas lo tiene en su página 1375 pesos.

Las grandes empresas, casi oligopsonios, no se pueden quejar para así imponer modelos de servicios a costa de sacarle a los que menos tienen. Debemos establecer parámetros y reglas claras que auspicien la competencia, que ayuden a las PyMes del sector que llegan donde las grandes no consideran rentables, porque hoy las telecomunicaciones son un derecho humano.

Diputado Nacional José Luis Ramón

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