La Coalición Cívica – ARI se pronunció a través de un documento sobre el proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria que se pretende tratar el 29 de diciembre en la Cámara de Diputados, y denunciaron que el kirchnerismo se prepara “para un feroz y cruel ajuste a los jubilados a través de una fórmula que no los protegerá de la inflación ni de una economía sin plan o rumbo certero”.

El documento, firmado por los diputados nacionales de la CC ARI Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Marcela Campagnoli, Alicia Terada, la diputada provincial Maricel Etchecoin Moro, los senadores provinciales Elisa Carca y Andrés De Leo, el legislador porteño Hernán Reyes y el presidente de la CC ARI-Córdoba Gregorio Hernández Maqueda, sostiene que “el kirchnerismo suspendió la movilidad por ley y ahora avanza con una fórmula que viola la justicia conmutativa al retribuir los aportes con dinero depreciado. Al gobierno nacional sólo le importa cumplir un objetivo, especialmente, el de la vicepresidenta que es la búsqueda de impunidad”.

Para la CC ARI “es una maniobra perversa” del kirchnerismo dictaminar un 23 de diciembre y tratar el 29 este proyecto en el recinto, el mismo día que el Senado tratará la IVE.

“A pesar del relato del Gobierno, no caben dudas de que las jubilaciones y pensiones van a perder poder adquisitivo frente a la inflación en este año 2020, agravada con las estimaciones previstas para el 2021 del 50%, esto significa una pérdida para los jubilados de aproximadamente 20 puntos sólo en un año”, explica el documento de la CC ARI. “Si esto no es promover una cultura del descarte con nuestros adultos mayores… ¿Qué es?”

Y agrega: “El Gobierno pretende que la sanción de esta ley pase desapercibida para la sociedad y los medios, oscureciendo un debate trascendental, impidiendo una deliberación pública adecuada con tiempos y exposición de argumentos técnico”. 

Los legisladores señalan que la movilidad de las jubilaciones y pensiones tiene protección constitucional, y su objetivo es el de mantener el equilibrio entre el valor de lo que los trabajadores pagaron en su momento y lo que se les retribuye años más tarde.  

“Hoy no da respuesta a la alarmante situación social y económica que estamos atravesando y descarta a millones de jubilados -como lo hicieron en la década del 90- que se ven afectados por la crisis económica, mal manejo de la política sanitaria de la pandemia y, ahora, un ajuste utilitario”, afirma la CC ARI.  

Entre sus argumentos se recuerda que en campaña electoral Alberto Fernández prometió un aumento del 20% para todos los jubilados “con la plata de las Leliq, hecho que nunca sucedió, al contrario, fueron sujetos del más violento ajuste en sus haberes”. 

“Ese día comenzó a construirse su peor mentira que tiene como víctima al sector más sensible de la sociedad: nuestros jubilados”, dice el escrito de la CC ARI, que finalmente repasa cómo se llegó a la actual situación:  

“A fin del año pasado, a pedido del Gobierno recién asumido, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.541 de Emergencia Pública, que suspendió por 180 días la movilidad jubilatoria vigente – que contempla un 70% de inflación y un 30% del índice salarial RIPTE – y autorizó a que el Poder Ejecutivo fijara trimestralmente el incremento de los haberes previsionales. A través del Decreto Nº 542/2020, de junio del 2020, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la fórmula de movilidad vigente. El Gobierno anunció un aumento del 5% a los pasivos – dependiendo del monto de la jubilación- los incrementos otorgados por decreto este año acumularán un aumento de entre el 24,3% y el 35,3%. En caso de haberse mantenido la movilidad dispuesta en la Ley 27.426, sancionada en diciembre de 2017 durante el gobierno de Cambiemos, los haberes jubilatorios habrían aumentado en todo este año un 42%. Esto, significa que los jubilados cobraran entre el 7% y el 18% menos que lo que les corresponde por la Ley suspendida por el Gobierno Nacional. Este proyecto prevé una formula, que dicen es nueva, pero en realidad es la copia de la vigente durante la presidencia de Cristina Fernández, en el 2008, que consiste en aplicar el 50% del índice de variación salarial ( RIPTE) y el 50% de la recaudación para Anses (con el tope del 3% de la misma) dejando de lado el índice de Inflación (IPC), a esto se agrega que para calcular el índice de marzo 2021 sólo se toma el cuarto trimestre, omitiendo el tercero, por lo tanto en vez de ser un aumento de 11.9% solo será del 6.1%”.