Con la ayuda de bloques provinciales, el oficialismo se alzó con la aprobación del nuevo cálculo, que combina recaudación de la ANSeS y variación salarial, formato similar al aplicado durante los mandatos de Cristina Kirchner.
Por Melisa Jofré
Tras un debate de más 10 horas, marcado por algunos momentos picantes, el oficialismo consiguió durante la última sesión del año en la Cámara de Diputados la sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, impulsada por el Gobierno nacional. La norma cosechó 132 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención.
Para la aprobación de la iniciativa, el Frente de Todos logró el apoyo de distintos bloques provinciales. Uno de ellos fue la bancada de Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, con cuatro legisladores. Por el Interbloque Federal también acompañaron su titular, Eduardo “Bali” Bucca, y Andrés Zottos, ambos del bloque Justicialista.
El oficialismo contó, también, con el respaldo de los seis miembros del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, comandado por el mendocino José Luis Ramón; de los dos diputados de Acción Federal, y de la neuquina Alma Sapag.
Una vez más, el Interbloque Federal se dividió a la hora de la votación, ya que lo hicieron negativamente los tres diputados de Consenso Federal -Alejandro “Topo” Rodríguez, Jorge Sarghini y Graciela Camaño-; y los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez, cada uno con su propio monobloque. Los únicos a favor fueron, como se mencionó, los cordobeses, Bucca y Zottos.
Con un enfático reclamo por la ausencia de una cláusula de garantía sobre la inflación, y haciendo referencia a palabras como “ajuste” y “robo”, rechazaron rotundamente la ley los diputados del interbloque Juntos por el Cambio y los dos legisladores de la izquierda -Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano-. Otro voto en contra fue el de la tucumana Beatriz Ávila.
Durante el debate hubo varios reclamos de diputados por el tratamiento de la ley en paralelo con la discusión del proyecto de legalización del aborto en el Senado, situación que algunos definieron como “cortina de humo”.
A pocos días de haber asumido Alberto Fernández hace un año atrás, mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se suspendió la fórmula de movilidad implementada desde diciembre de 2017, cuando fue votada con incidentes en las calles bajo la gestión de Mauricio Macri.
A lo largo del 2020, los haberes de jubilados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales se actualizaron mediante decretos del Poder Ejecutivo, y en la recta final del año se envió al Congreso el proyecto de la nueva fórmula, previo trabajo de una comisión mixta especial, que contó todo el año con la participación de especialistas, pero la oposición denunció que no hubo consenso a la hora del dictamen final.
La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017 -durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y el comienzo del gobierno de Cambiemos-, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).
A partir de la nueva norma, y mediante una modificación que se introdujo durante el debate en el Senado, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año. Otro punto es que el aumento del 5% otorgado en diciembre -por decreto- no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021.
Debate con reproches cruzados
El arranque del debate estuvo a cargo del entrerriano Marcelo Casaretto (FdT), titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, quien sostuvo que “el objetivo de este Gobierno es que crezcan la Argentina y los beneficios del crecimiento lleguen a los trabajadores y los jubilados. Por eso vinculamos dos variables esenciales: salarios de trabajadores en actividad y la mejora en la recaudación”.
El miembro informante del oficialismo comparó las dos fórmulas que tuvieron vigencia en las últimas dos décadas: “La de 2008, que les permitió a los jubilados mantener el poder adquisitivo y mejorar un 26% el poder adquisitivo; y la de 2017, que hizo que dos años después los jubilados perdieran un 19% frente al poder adquisitivo, si lo medimos en términos de inflación”. “Esta es una muy buena ley para los jubilados y los argentinos, y el tiempo nos dará la razón”, defendió.
Luego le siguió el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), quien reforzó que “tenemos una fórmula que se compone de dos partes: salarios e impuestos. Ambos indefectiblemente tendrán que aumentar porque las políticas públicas llevarán a eso. ¿Alguien imagina paritarias por debajo de la inflación? Las paritarias se van a cerrar todas por arriba de la inflación”.
“El piso de esta nueva fórmula está en la garantía de las políticas públicas, en que los salarios se van a incrementar, que la recaudación va a subir y eso va a dar una fórmula virtuosa”, aseguró el porteño.
De la vereda opuesta, el puntano Alejandro Cacace (UCR) afirmó que “el concepto” de la nueva fórmula de movilidad “es el ajuste” y “el único motivo por el cual se impulsa este proyecto es ahorrar recursos”. Con críticas hacia el presidente por sus promesas de campaña sobre los jubilados, el radical señaló que la suspensión de la fórmula de 2017 “resultó en una pérdida para todos los jubilados”.
“Bajo la ley de movilidad suspendida, todos los jubilados debieran haber recibido en este 2020 un aumento del 42% en sus haberes”, resaltó. Sin embargo, el legislador agregó que “ningún jubilado recibió lo que le correspondía por ley”, sino que el incremento fue de “un 35% para la mínima, y hasta un 24% para aquellos que cobran el haber máximo del régimen general”.
En el mismo sentido, la porteña Paula Oliveto (CC-ARI) enfatizó: “Llámenlo como quieran, en mi barrio esto se llama ajuste”. “Me resisto como clase dirigente, como clase política, a argumentar quién jorobó más a los jubilados, si ustedes u otros; a los jubilados hace años los viene jorobando la clase política y esto nos tiene que interpelar a todos. ¿Qué tienen para festejar esta tarde?“, reflexionó.
Además, la opositora cuestionó argumentos del oficialismo al preguntarse “¿qué dicen que los jubilados están mejor? El 60% gana 19 mil pesos, una pieza en un barrio popular no baja de 15 mil, un kilo de carne no baja de 500 pesos, ¿qué dicen que están bien? ¿En qué país viven?”.
En defensa de su propio dictamen de minoría, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) dijo que “una vez más estamos asistiendo a un ajuste a millones de jubilados y jubiladas”. “Acá no hay grieta, todos los gobiernos le meten la mano en los bolsillos a los jubilados”, denunció.
Para el legislador de la izquierda, “está clara la voluntad política del Gobierno de que si los salarios y la recaudación van por debajo de la inflación, claramente los jubilados van a perder, esa es la decisión política de este Gobierno con esta ley”.
A favor del proyecto, el pampeano Ariel Rauschenberger (FdT) remarcó que el gobierno de Alberto Fernández vino “a recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de nuestros jubilados y de nuestro sistema jubilatorio”.
“Suspendimos la fórmula que le había quitado un 20% de ingreso a los jubilados en el 2018 y 2019”, destacó y sumó que “ante una ANSeS devastada, fuimos por la recuperación y el fortalecimiento del FGS”.
El oficialista consideró que la nueva fórmula se inscribe bajo los “conceptos de solidaridad y redistribución”, al tiempo que “pretende dar sustentabilidad al sistema”. Para el diputado, el nuevo cálculo debe observarse en relación con el “proyecto de país”, y comparó que en la gestión macrista éste era “atado a la inflación, a la timba financiera y a la especulación”, mientras que “nosotros queremos un país atado al crecimiento, al desarrollo y a la inversión”.
A su turno, el santafesino Luciano Laspina (Pro) opinó que “lo que tenemos que garantizar” es “un piso ajustado obviamente por inflación, que les garantice a los jubilados que no van a perder en el tiempo”. “Si después se les quiere dar más, tiene que haber una discusión política, bienvenida sea, y si les quieren dar más, pues empiecen por cumplir la fórmula de 2017 que les daba entre 5 y 18% más de lo que les dieron este año”, siguió.
“Para qué prometer que en el futuro, cuando la economía salga del estancamiento kirchnerista estanflacionario que lleva más de 10 años, ahí sí quizás les mejoremos las jubilaciones”, lanzó el macrista y añadió que “el año que viene la inflación se va a acelerar, porque este año va a terminar alrededor del 35, 40%, con una caída de 12 puntos del PBI, congelamientos tarifarios, precios cuidados que están por explotar, ¿cómo podemos decir que la inflación el año que viene no va a aumentar?”.
Por su parte, el bonaerense Jorge Sarghini (Consenso Federal) advirtió que “el sistema previsional está quebrado” y “hay que financiarlo con el Tesoro”, por lo cual “no hay forma que pueda dar sustentabilidad”.
“No se abordan las cuestiones de fondo”, se quejó, y amplió: “El sistema previsional argentino es insustentable, porque el 50% de los trabajadores privados están en negro. Tenemos que buscar como resolver eso”. “El talón de Aquiles es el grado de informalidad de Argentina”, insistió el legislador.
A favor de la propuesta del oficialismo, el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, valoró que “aun no siendo la mejor fórmula que se puede establecer, es una fórmula que mira en positivo. Y mirar en positivo es mirar una vida que se pueda proyectar, no una medida de caos”.
“La fórmula que se va a resolver en la votación es la que rigió durante ocho, nueve años, en un país que permitió que el haber de los jubilados se favoreciera en un 26%. Y la verdad que yo tengo el deseo de que la Argentina, rebote, porque esta Argentina se paralizó fruto de la pandemia… y en ese rebote tengo la visión de que los ingresos de las cajas de jubilación van a mejorar”, argumentó para anunciar su apoyo.
El mendocino manifestó que “fuere como fuere, la fórmula es una que da previsibilidad hacia adelante” y confesó su “satisfacción” por el debate, no obstante, reclamó que “lo estemos haciendo a escondidas, cuando se está discutiendo la interrupción del embarazo en el Senado”.
“Es una calamidad estar con dirigentes políticos que son cortoplacistas y que por ganar una elección son capaces, como Alberto Fernández, de prometerles 20% de aumento y luego, prácticamente, congelarles sus haberes jubilatorios”, cargó el mendocino Alfredo Cornejo (UCR).
Para el presidente de la UCR Nacional, ésta “no es cualquier fórmula, es una que está atada a la macroeconomía y a reducir el déficit fiscal”. En esa línea, fustigó que en el Gobierno “ni siquiera son capaces de decir la verdad, porque si aclararan que tenemos un problema de déficit fiscal y queremos congraciarnos con el FMI para ganar credibilidad” el debate “sería más honesto, más profundo y probablemente alcanzaríamos consensos”, señaló.
También recordando la promesa de campaña de Fernández, el porteño Fernando Iglesias (Pro) mencionó que el aumento a las jubilaciones “lo iban a pagar con los intereses de las Leliqs”, sin embargo, “el stock de las Leliqs -este año- más que se duplicó, está llegando a triplicarse. Va a andar por el billón y medio, duplicándose el año que viene”. “Entre los bancos y los jubilados, ¿a quién eligió nuestro presidente, que no decepcionó en nada?”, disparó.
La intervención del macrista levantó uno de los momentos más polémicos en la discusión, a raíz de que se preguntó “¿a quién eligen cuando liquidan los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en dólares? Nadie vende dólares. El príncipe Massimino Dolcefarniente (en alusión a Máximo Kirchner), que no lo veo por acá, no vende sus activos en dólares; la reina Cleopatra (en alusión a Cristina Kirchner) no vende sus activos en dólares”. Y completó diciendo que “a los activos de los jubilados los están rematando para calmar el contado con liquidación”.
Avanzando el debate, la diputada Fernanda Vallejos (FdT) aseguró que la mejora de salarios, la actividad y el empleo “van a garantizar la mejora en la calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas, así como del conjunto de los argentinos y las argentinas”.
“Es ese sendero de recuperación, el que transitamos hasta 2015, el que queremos restaurar junto con esta fórmula, para que los salarios de los trabajadores activos y las jubilaciones de los trabajadores pasivos recuperen su rol vital en la economía y para que con ellos, vuelva a imperar la justicia social en nuestra Patria”, expresó la oficialista.
En su discurso, además, le recordó a Juntos por el Cambio que en 2015, cuando asumió el gobierno de Macri, la jubilación de Argentina “era la más alta de América Latina” en 436 dólares. Pero durante la gestión anterior “las jubilaciones retrocedieron desde los 436 dólares de 2015, a 224 dólares en diciembre de 2019”, indicó. “Es decir, medida en dólares -continuó-, la jubilación perdió la mitad de su valor, durante esos cuatro años. Y en el ranking regional, de ser los primeros, caímos al puesto once”.
Anunciando el voto a favor de su bloque, el titular de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, rememoró que en la votación de diciembre de 2017 los diputados de su espacio votaron a favor porque “lo hicieron pensando en la gobernabilidad, un concepto que no he escuchado en este debate”. “Por eso se votó entonces y por eso vamos a votar hoy”, ratificó y justificó: “Apostamos a la gobernabilidad”.
“¿Si esta ley fuera tan buena la estaríamos tratando hoy, entre verdes y celestes y dándoles un futuro negro a los jubilados?”, planteó el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien recordó -al igual que lo hicieron varios de sus pares- la diferencia de contexto con el que se sancionó la fórmula de movilidad durante el gobierno de Macri.
El porteño subrayó que “este año no hay ningún trabajador que haya ganado contra la inflación”, al tiempo que reprochó al Gobierno que, a los jubilados, “en vez de darles lo que le prometieron, le sacaron lo que tenían”. “Que me muestren un solo dato que no sea un relato; hoy saben que les están mintiendo, y que van a tener que poner la cara con nuestros viejos para decirles lo que hicieron”, agregó.
En el tramo de los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, exhibió en su mano una piedra -más temprano lo había hecho su par Javier Campos- y empezó: “En mi vida me he convencido que la democracia no es la violencia”. “Me parece un signo de madurez que se haya dado un salto en ese sentido”, dijo, en referencia a la votación de hace tres años atrás.
“Decidieron nuevamente actualizar sobre la recaudación impositiva y la evolución salarial”, apuntó el cordobés y aseveró que no estar a favor de la recaudación “no es un capricho”, sino que en Argentina “en 60 años hemos tenido 14 períodos de recesión” y “es impredecible” esa variable. “El año que viene van para atrás los jubilados, no van a para adelante”, exclamó el radical y habló de “incertidumbre previsional” porque “ignorar la inflación es tener una miopía sobre el grado de la crisis de la economía argentina”.
Finalmente, y con un discurso recargado, el presidente del Frente de Todos, Máximo Kirchner, enfatizó que “lo que estamos haciendo es cumplir con lo que dijimos en la campaña electoral”, para que los jubilados “puedan recuperar paulatinamente lo que hizo que perdieran la fórmula de Macri, y no solo con la fórmula sino con la política macro que se aplicó”.
Al mostrar en sus manos las “balas de gomas que ustedes usaron, y las muestro únicamente porque trajeron las piedras”, el diputado oficialista levantó la tensión en el recinto, y denunció también que en esa jornada de 2017, Cambiemos desplegó una “descarnada represión” y realizó “espionaje previo” sobre los grupos que se movilizaron al Congreso.
“No nos quieren escuchar a nosotros como no quisieron escuchar a la gente, ¿y saben por qué perdieron? Por ese tipo de situaciones. Viven agrediendo, están llenos de odio, y ojalá algún día reflexionen si quieren volver a ser gobierno en Argentina”, le disparó a los diputados de Juntos por el Cambio.
