Con un fuerte lobby del Gobierno, los “verdes” se alzaron con la victoria tras el rechazo del proyecto hace dos años. Las últimas incógnitas terminaron de develarse durante la noche y la votación resultó 38 a 29, con una abstención y cuatro ausencias. El Ejecutivo aplicará un veto parcial que fue consensuado con los senadores.
Por Carolina Ramos
Esta vez sí: el aborto en Argentina ya es legal. El Senado le puso el broche de oro a un debate reinstalado por el movimiento feminista y aprobó, por una diferencia de nueve votos, el proyecto que habilita a las mujeres y personas gestantes a interrumpir el embarazo hasta las catorce semanas de gestación, de forma voluntaria y gratuita y con acompañamiento del Estado.
La victoria “verde”, enmarcada en una imponente movilización en las calles, fue finalmente por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, del jujeño Guillermo Snopek (Frente de Todos), que en 2018 había votado negativamente y fue una de las grandes sorpresas de la jornada.
Pero además, para ampliar la diferencia fueron claves las ausencias de dos “celestes”, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) y la riojana Clara Vega (Mediar Argentina). Los otros senadores que no participaron de la votación fueron Carlos Menem -internado- y José Alperovich -de licencia-.
Las incógnitas que había en la previa se terminaron de despejar durante la noche, con discursos a favor por parte de tres indefinidos: el oficialista Sergio “Oso” Leavy, de Salta; la radical Stella Maris Olalla, de Entre Ríos; y la neuquina Lucila Crexell, que en 2018 había sido la única en abstenerse. Sumó también su voto favorable el entrerriano Edgardo Kueider, del Frente de Todos, que se había anotado en la lista de oradores pero luego se bajó.
Durante la jornada, varios funcionarios se mostraron en los palcos del recinto y en el Salón Azul, entre ellos las dos principales impulsoras de la ley: la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Con la sanción, el Gobierno pudo celebrar el cumplimiento de uno de los ejes de su campaña electoral.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, por su parte, se mostró poco. Asistió para abrir la sesión y luego, como suele hacer, se retiró para regresar al final, dejando la mayor parte de la conducción en manos de la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, y el vicepresidente Martín Lousteau (UCR-Evolución). La posibilidad de un desempate, demasiado extrema, se esfumó enseguida.
Antes del inicio de la sesión, una de las referentes antiabortistas, la tucumana Silvia Elías de Pérez, realizó una conferencia de prensa y denunció “presiones nunca antes vistas” por parte del presidente Alberto Fernández para aprobar la ley. Anunció que la discusión no se cerró este miércoles sino que continuará en la Justicia, donde plantearán la inconstitucionalidad.
Lo cierto es que desde la Casa Rosada participaron de forma activa en las negociaciones y así fue como se concedió un pedido clave a un senador de la oposición: el rionegrino Alberto Weretilneck. El Ejecutivo aplicará un veto parcial y de esa forma el exgobernador patagónico garantizó su voto favorable.
Se trata de una modificación que no altera el espíritu de la ley: según explicó la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, se vetará la palabra “integral” vinculada a la salud, manteniendo como hasta hoy las causales de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), es decir, aquellas situaciones donde el aborto no es punible -violación o riesgo para la salud o la vida de la mujer-.
El debate fue una nueva muestra de una grieta insalvable. Se repitieron los argumentos a favor y en contra de la legalización: por un lado, la necesidad de que las mujeres puedan tener autonomía sobre sus cuerpos y no mueran en abortos clandestinos; y por otro, la defensa de la vida desde la concepción y la noción del aborto como un “fracaso” del Estado a la hora de prevenir embarazos no deseados.
Al abrir la discusión, que se extendió durante 12 horas, Durango enfatizó que “la alternativa es aborto legal o clandestino, y si sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres”, y sostuvo a su vez que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”.
La legisladora advirtió que “las mujeres van a hacerse los abortos clandestinos a los lugares más sórdidos, solas, casi siempre sin acompañamiento de sus parejas y sus familias, y nunca con el acompañamiento del Estado. Por eso el Estado debe hacerse cargo. El Estado que durante años miró para otro lado”.
Tras insistir en que “el aborto sigue sucediendo y las mujeres siguen muriendo”, Durango planteó: “Yo no estoy a favor del aborto, nunca me hice uno, pero ¿quién de nosotros está a favor de un aborto?”. Y, tras la pregunta retórica, insistió en que “la ley no obliga a nadie a abortar: lo que habilita es una práctica segura”.
Además, citó un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que indica que “1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto en 17 provincias”. “La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado entre las mujeres pobres y las de clase media y alta, que van a un médico, pagan el misoprostol o se hacen la práctica segura”, afirmó.
Por el rechazo, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, sostuvo que la ley demuestra “un fracaso estrepitoso del Estado” y aludió al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que “la existencia de las personas humanas comienza con la concepción”. “Nosotros no titubeamos con las palabras, no buscamos eufemismos para referirnos a la vida”, reprochó.
Asimismo, explicó que “este proyecto deja solas a las mujeres, porque solo se les ofrece el aborto y nada más”, y negó que el Programa de los Mil Días brinde un acompañamiento, porque -consideró- “solo es declarativo y a tiempo futuro”.
“Aprobar este proyecto es reconocer el fracaso estrepitoso del Estado: como no pudimos garantizarle la seguridad a las mujeres, como fuimos incapaces de evitar que niñas y adolescentes sean abusadas, como no pudimos asegurarles el acceso a los servicios de salud de calidad, como no nos vamos a ocupar de garantizar las condiciones para que ninguna mujer muera por una hemorragia en una sala de partos… entonces, les ofrecemos el aborto”, sentenció.
En el recinto se respetaron las medidas de distanciamiento social: como establece el protocolo de funcionamiento remoto, tuvieron sus lugares asegurados los vicepresidentes Lousteau y Laura Rodríguez Machado (Pro); dos senadores por el Frente de Todos; otros dos por Juntos por el Cambio; y uno por cada bloque minoritario.
Los legisladores se las arreglaron para turnarse en las bancas y de ese modo varios tuvieron su postal en el recinto. Oficialistas como María Inés Pilatti Vergara y Ana Almirón, ambas con discursos de alto voltaje, lucieron atuendos y pañuelos verdes. La puntana Eugenia Catalfamo -que en 2018 fue la única ausente por un embarazo- se tomó revancha y esta vez estuvo presente. Y dos fueguinos, Matías Rodríguez y Eugenia Duré, viajaron desde Tierra del Fuego para participar físicamente de la sesión.
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Por el Congreso pasaron, además, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti; las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Cecilia Nicolini; la titular de AySA, Malena Galmarini; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz; y referentes históricas de la lucha por el aborto legal como Nelly Minyersky y Marta Alanis. También se vio a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, que cruzó desde la Cámara de Diputados, donde presenció el debate sobre la nueva movilidad jubilatoria.
Al momento de los cierres, Weretilneck ratificó su voto a favor y el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) lo hizo en contra. Luego fue el turno de Elías de Pérez, que insistió en que “toda vida vale, sin discriminación entre deseados o no deseados, sin que importe el color de piel, la clase social, si es una persona del interior o de la capital. Por lo tanto, toda vida tiene que ser cuidada y protegida”.
La tucumana repitió que el aborto “significa que el Estado ha tirado la toalla” y que el proyecto enviado por el Ejecutivo “no trae nuevas libertades, tampoco nuevos derechos: lo que sí nos trae es la negación del acceso a la vida”.
A continuación, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff remarcó que la ley no alienta a las mujeres a abortar. “¡Se aborta en nuestras narices, ocurre, es un dato de la realidad!”, exclamó, y con ese mismo tono enérgico, aseveró: “¡Nadie quiere el aborto! ¡No lo quiere la ley! La ley protege las desigualdades, y el punto de partida son la clandestinidad y la pobreza”.
“Estamos hablando de un Estado cómplice que deja hacer”, advirtió el formoseño, y subrayó que “no es un tema menor garantizar a todas las mujeres argentinas el acceso a la salud pública”.
En el mismo sentido, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dijo que “lo que realmente molesta” al sector antiabortista “es la libertad de las mujeres” y el “poder de decidir”. “No tienen empatía con las miles de mujeres que toman la decisión de abortar”, lamentó.
Además, señaló que “no solamente es la revolución de las hijas, sino también de las madres, de las abuelas, de todas. Gracias al debate nos enteramos que nuestras madres abortaban y nuestras abuelas abortaban, y de la peor manera. Y hoy lo pueden decir”.
Fernández Sagasti también destacó que con la sanción de la ley “nos queda un horizonte muy bueno porque vamos a demostrar que la dirigencia política es capaz de ponerse de acuerdo sin mezquindades, poniendo por delante los intereses de las mayorías”.
De todos modos, la senadora coló la cuestión partidaria: “Soy feminista porque soy peronista, y que el Ejecutivo nacional peronista haya mandado esta ley hace la alquimia perfecta entre el feminismo y el peronismo”.
El último discurso quedó para el titular del bloque, José Mayans, que una vez más no ocultó su malestar por el tratamiento de este proyecto. Interpretó que para habilitar el aborto voluntario “hay que modificar la Constitución o hay que renunciar a los tratados internacionales”, porque de lo contrario “es un país sin ley donde cada uno hace lo que quiere”.
“El presidente, los legisladores y los miembros del Poder Judicial están obligados a cumplir la Constitución”, aseguró, y continuó: “Estamos de acuerdo con la ampliación de los derechos de las mujeres, con la autonomía y las libertades, siempre y cuando no dañe a terceros, como dice el artículo 19 de la Constitución, porque en todo derecho hay un límite, que es donde empieza el derecho del otro”.
Mayans denunció que “hay distintos estatus: para el niño deseado, todo; para el niño no deseado, ni justicia. Para el niño no deseado es la pena de muerte. El Estado no puede hacer eso, porque en Argentina no existe la pena de muerte”.
Con el correr de la noche, tres senadores indefinidos confirmaron su voto verde. La primera fue la radical Olalla, quien habló de “estadísticas preocupantes” de embarazos no deseados y señaló que “cabe preguntarse qué ha hecho el Estado en ese sentido para corregirlo, cómo se ha protegido el derecho a la salud”.
“Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden en la clandestinidad para resolver el problema de los embarazos no deseados”, aseguró la legisladora.
Finalmente, expresó: “Entendemos que se trata de una cuestión de derechos, que el Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no de acuerdo con la autonomía de la voluntad de la mujer. En definitiva, se conquistaría una nueva causa”.
Poco tiempo después fue el turno de Crexell, que reconoció haber “reflexionado profundamente” después de abstenerse en la anterior votación: “No cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto. Cambié el enfoque: no se trata de feminismo o religión, es una causa silenciosa que mata y escribe historias muy tristes en nuestro país”.
“Los abortos no deberían existir, pero existen. Entonces, ¿qué es lo que falló? La estrategia punitiva”, sentenció la neuquina, y en ese sentido afirmó que “nada cambió” desde que se rechazó la ley por primera vez: “Las mujeres siguieron abortando, y muchas en condiciones de soledad y ocultamiento”.
Al sumar razones a su voto positivo, coincidió con Olalla en que “estamos ante un tema de salud pública” y “una cuestión de justicia social”, ya que “es un hecho insoslayable que aquellas personas que no cuentan con recursos se exponen a condiciones de precariedad” a la hora de realizarse la práctica.
Por su parte, el salteño Leavy manifestó: “Personalmente me opongo, odio el aborto y creo que nadie de los aquí presentes está de acuerdo con el aborto. Ninguno de todos los argentinos lo queremos, pero existe”.
Al comparar este debate con el de 2018, cuando votó en contra, dijo que “esta vez tenemos un proyecto diferente” y confesó: “Me di cuenta que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres”.
“Hoy tenemos que poner blanco sobre negro, tenemos que acompañar a esas mujeres que ya tienen decidido que quieren abortar para que lo hagan en los hospitales y seguras. No las dejemos que lo hagan de manera insegura. He comprendido a las mujeres que deciden abortar. Esta ley no promueve el aborto, solo les da un marco seguro para que no mueran en el intento”, sintetizó.
Por último, subrayó: “No se trata de estar a favor del aborto, se trata de estar a favor de la vida de las mujeres. Si mi voto hace que una mujer no muera por aborto, entonces lo voy a hacer”.
Entre los “tapados” estaba ni más ni menos que el jujeño Snopek, que si bien no acompañó el proyecto, decidió abstenerse y así facilitó la sanción de la ley. Una señal política que fue leída, en parte, como un contraste con el gobernador Gerardo Morales, decididamente “celeste”.
En un breve discurso, Snopek aclaró que sigue creyendo en que “la vida comienza desde la concepción”, pero reconoció que “en los últimos dos años no hicimos absolutamente nada” para resolver la cuestión. El senador advirtió que “Jujuy tiene uno de los niveles más altos de suicidios por embarazos adolescentes, por arriba de la media del país, y el gobierno provincial no trabaja para prevenirlo”.
El oficialista pidió, entonces, una consulta popular, y dejó un mensaje para Fernández: “Él tiene la responsabilidad, se apruebe o no, de que en el próximo proceso electoral sea el pueblo, a través del voto, el que decida si esta ley es legítima”.
La norma sancionada legaliza el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud de la persona gestante.
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Por otro lado, se autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo. En caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente a otra institución sin dilaciones y asumiendo los costos de la intervención.
El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
