Por Nancy Sosa. La periodista sostiene que interrumpir procesos judiciales ley de esas características “deja, inevitablemente, una inmensa sospecha de encubrimiento, de un brutal auto-encubrimiento”.
La vicepresidenta Cristina Fernández quiere que la perdonen. Por eso le pidió al presidente Alberto Fernández que tome cartas en el asunto y declare un indulto generalizado para todos los exfuncionarios de su anterior gobierno, comprometidos en causas de corrupción, incluyéndola, por supuesto.
Pero el presidente, que en nada se parece al protagonista de la serie de Netflix “Sobreviviente designado”, aunque pareciera estar a punto de serlo por otras causas, esquivó la responsabilidad de imitar al expresidente Carlos Menem, quien indultó sin pestañear a militares complicados judicialmente de la dictadura militar, junto a excuadros de Montoneros y otras organizaciones guerrilleras.
Menem les perdonó la pena a 1.200 procesados: militares, exmontos sin siquiera ser procesados, al exministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz que destruyó al país, colocando a todos en la misma línea, porque en verdad son lo mismo. A los guerrilleros que provocaron el golpe militar en 1976 les concedió además suculentas indemnizaciones con las que se hicieron de enormes casas y hasta de bares porteños.
Fernández 1º pateó y tiró la pelota siguiendo la línea recta que une la Casa Rosada con el Congreso de la Nación para que el Poder Legislativo haga una ley de amnistía. O ¿autoamnistía? La amnistía es más generosa que el indulto, perdona el delito además de rehabilitar a los amnistiados en derechos ya perdidos si cumplieron la pena impuesta.
La pelota está en el aire, la señora vicepresidenta coloca su índice un poquito en cada mejilla, al estilo Mirta Legrand, pensando si le conviene avanzar sobre tamaño despropósito: autoamnistiarse, para recuperar la libertad perdida.
CFK se siente entre rejas cuando ve que sus causas no avanzan -en este caso no debería quejarse-, recibe cada tanto un fallo en contra que aún la deja libre, y presiente que los lobbys judiciales no encuentran una hendija por donde colar el tráfico de influencia para obtener absoluciones. En algunas causas hay serios problemas: Claudio Bonadio murió, pero dejó la causa de los cuadernos en un grado de avance muy difícil de retrotraer. Y la Corte Suprema de Justicia, ofendida con razón, maneja los tiempos como el Dios Cronos. Cronos significa «momento adecuado u oportuno», y en la teología cristiana se lo asocia con el «tiempo de Dios». Poder divino y terrenal a la vez.
En la historia argentina muy pocos osaron “autoamnistiarse”. Uno de ellos fue Reynaldo Bignone, el último presidente militar que disfrazó una ley de amnistía con el manto de la “pacificación nacional” para cubrir la larga lista de pecados cometidos durante seis años de violencia, desaparición y hundimiento de la República Argentina.
¿A quién quería pacificar Bignone? La respuesta es una paradoja, de la misma forma que lo será si el Congreso de la Nación, con los votos del kirchnerismo puro, los aliados oportunistas que pronto pagarán el impuesto a la riqueza que ellos mismos votaron, más la alianza de algunos miembros del lavagnismo desperdigado, logran sacar esa ley para perdonar los delitos de corrupción en estado de proceso dentro del sistema judicial. Se convertirán sin duda en cómplices, por más que la ley obtenga mayoría.
Eso ocurrirá si la ansiedad vicepresidencial desborda por impaciencia y retoma la actitud enojosa con el presidente de su dependencia que no quiere firmar un indulto generalizado. Ninguno puede quedar afuera y eso hace que el mecanismo no pueda ponerse en funcionamiento.
La historia nacional suele ser más justa que la misma justicia. ¿Cómo hace un partido político que dio por tierra con las leyes de Punto Final, Obediencia Debida, y los indultos de Menem para reabrir las causas y proseguir con los procesos contra los militares, y ahora dar vuelta la torta en favor de los funcionarios sospechados de corrupción, algunos juzgados, con sentencias firmes y penas confirmadas, mediante una ley de Amnistía?
La voz griega amnistía determina un “olvido general de todo lo pasado”. ¿Cómo harán los argentinos para olvidarse de José López revoleando bolsos por las paredes de un convento con 9 millones de dólares, o a Leandro Báez tapiando agujeros de cajas fuertes, a Daniel Muñoz llevando semanalmente, según testigos presenciales, bolsos repletos de dinero en el avión presidencial a Santa Cruz, o comprando 22 departamentos en Miami y dos en Nueva York? ¿Cómo se olvidan los argentinos del sospechoso desembarco de la actual vicepresidenta en las Islas Seychelles de cuyo trámite nunca dio explicaciones? ¿Cómo se olvidan las decenas de muertes sin explicación producidas en torno de la sustracción de un Producto Bruto Interno completo durante una docena de años?
Los Derechos Humanos que tanto proclamaron desde el kirchnerismo dicen textualmente: “Ni olvido, ni perdón”.
Dirán que no tiene que ver con los Derechos Humanos ni las desapariciones. Sin embargo, hubo desaparición, no de personas, pero sí de inmensas cantidades de dinero pertenecientes a todos los argentinos. Los Derechos Humanos son válidos para todas las víctimas de avasallamiento del Estado. Y el atropello provino de un Estado conducido por doce años por la familia Kirchner. Interrumpir los procesos judiciales con una ley de esas características deja, inevitablemente, una inmensa sospecha de encubrimiento, de un brutal auto-encubrimiento.
Un mandatario en posesión del cargo o con mandato cumplido tiene la obligación de exhibir honestidad, entregarse a la Justicia para que ésta haga su trabajo íntegramente, y al mismo tiempo hacer uso del derecho a su propia defensa para consolidar su inocencia. No se trata solamente de que la Justicia encuentre las causas de culpabilidad, corresponde al político enfrentar los cargos y facilitar la conclusión de los procesos para limpiar su nombre.
