Hemos comenzado a transitar un 2021 que continuará signado por la pandemia. En paralelo que se hace frente a la situación sanitaria, el Gobierno nacional tiene algunos frentes de batallas que no han sido más que emparchados durante el 2020, y que están resultando en bombas de tiempo sin control. Vamos con los ejemplos claros que golpean directo los bolsillos de todos.  

En la tarde del jueves, el INDEC informó sobre los nuevos precios de la Canasta Básica Total, que acumuló con el aumento de casi 5 puntos en diciembre (4,7%, para ser preciso) un aumento anual de 39,1%. Leen bien 39,1% de aumento. Acá hay dos organismos representantes del estado que, sin duda, están haciendo agua: la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de la Producción es una de ellas.  

Hay que decir, que el problema surge de la incapacidad para hacer cumplir, o controlar, a las grandes empresas de alimentos, muchas de ellas oligopólicas. No hay una política de control sobre los precios de los diferentes estamentos de la producción, y mientras a los productores se le pagan chirolas, y no se contemplan ayudas específicas a PyMes de productos alimenticios, las empresas poderosas marcan la agenda de costos.  

En todo este tiempo de aumentos constantes de precios (ojo, no me olvido de los sucesivos aumentos del combustible, que impactan de lleno en las cadenas de producción), la Ley de Góndolas, (promulgada en marzo del 2020), se reglamentó recién a mitad de diciembre. Por eso seguimos esperando la puesta en marcha total y efectiva de una ley que promovería sin dudas, que haya más variedad de marcas, impulsando no sólo a las PyMes y a la economía popular, sino que además fomentaría una mejor y más equilibrada competencia.  

Aquí, tampoco gestiona como es debido la Secretaría de Comercio Interior, que está poniendo parches a los problemas que suman a la crisis sanitaria y el descontento en la población.  

Ahora sin más, se continuará el congelamiento de los alquileres, otro parche a explotar cuando las inmobiliarias pretendan cobrar todos los aumentos adeudados sin planes Ahora 12; y ahora también, se iniciará un procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas de distribución y transporte de energía eléctrica en todo el país. Claro que el ENRE plantea que habilitará espacios de debate para construir entre todos y todas, un nuevo cuadro tarifario; pero quienes venimos de asociaciones de defensa al consumidor, sabemos cómo hacen las audiencias y cómo le/nos “consultan” a los usuarios.   

Frente a una Secretaría de Comercio sin ideas para ejecutar su trabajo, y una Dirección de Defensa del Consumidor que no resuelve, no articula posibles soluciones a largo plazo con otros organismos, es que debemos urgentemente pensar en un nuevo espacio que cumpla con las funciones de protección de los derechos de usuarios y consumidores, sin tintes políticos que lo ahoguen.  

Necesitamos constituir un ente independiente que controle y que ponga sanciones. Una nueva institución que cumpla con defender a los usuarios y consumidores, en lugar de ser un cuerpo que hace de mediador entre las quejas razonables de la población y las empresas, que nunca, llevan las perder.  

Conformar un Estado garante y presente, muy a pesar de la pandemia y la crisis sanitaria, también comprende estudiar, gestionar y aplicar estrategias que concluyan en transformaciones profundas integrales para alcanzar un mejor Estado, una mejor Nación.