Luego de que la empresa Metrovías renovara por 12 años la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores porteños de la oposición rechazaron que el servicio continúe a manos de esa empresa y alertaron acerca de una serie de irregularidades que ocasionaron la falta de mantenimiento en el servicio.

En ese sentido el vicepresidente primero de la Comisión de Tránsito y Transporte, Sergio Abrevaya (GEN), indicó  en diálogo con parlamentario.com que está “en total desacuerdo con la medida, para mí Metrovías es una mancha en la historia del subte, ha sido totalmente ineficiente” y recordó que “hace unos años el Gobierno de la Ciudad le incrementó el subsidio en 100 millones y Metrovías ese mismo año declara que ganaban 100 millones más, es decir, fue directo. Eso nos da la muestra del disparate que es”.

Asimismo indicó que “cuando el subte pasa a la CABA, Nación no le pasó el subsidio se lo quedó, al igual que se queda con tanto de lo que produce la Ciudad. En ese momento no había argumentos del tipo ‘Macri les pasó la policía con más plata’, como se lo dieron  sin subsidios la Ciudad tuvo una tensión muy grande y logró que Roggio baje los costos que declaraba porque eran menos” e insistió en que “el tema es que Roggio viene ganando igual, está en la casa de los cuadernos y esto debería prender otra alarma de que no puede hacerse cargo. Lo principal por lo que no puede hacerse cargo es por su gestión”.

“Yo hice dos propuestas: una es que se crease una Sociedad Anónima  nueva a manos del Estado; y la otra, está con María Rosa Muiños (FdT), de que fuese AUSA -que ya es una SA con larga tradición de gestión de intereses del Estado desde el ámbito privado- fuese la que se hiciera cargo. Además SBASE tiene el 5% de las acciones de AUSA, así que podría ser una opción”, manifestó y sentenció que “el subte siempre fue de SBASE y lo gestionó muy bien, Metrovías incumplió muchísimas obligaciones que tenía”.

Por su parte el vicepresidente segundo de esa misma Comisión, Manuel Socías (FdT), aseveró que “el Gobierno de la Ciudad termina eligiendo a Metrovías, una empresa que dio sobradas muestras de su ineficacia para proveer un servicio de calidad, porque es más fácil discutir con una empresa en sede local que litigar las condiciones del contrato en el exterior” y precisó que “después de que dos de las empresas oferentes se bajaran de la licitación como consecuencia del descalabro macroeconómico producido durante el macrismo, la Ciudad tenía otras alternativas, como la de estatizar el servicio. Sin embargo, optó lo más fácil: mantener al concesionario que viene prestando un servicio paupérrimo sin dar ninguna garantía de que esto último vaya a cambiar”.

En tanto la diputada Alejandrina Barry (FIT) recordó que desde la izquierda han “planteado nuestra oposición a que se haya renovado por 12 años la concesión a Metrovias”, dado que “hace unos días no más se sufrió el descarrilamiento de una formación de la Línea E. Esa es la expresión de la situación en la que se encuentra el subte: no hay ningún tipo de inversión ni mantenimiento por esta empresa”.

“Es una empresa que abiertamente sus directivos del grupo Roggio reconocieron haber recibido coimas, sin embargo con esto se garantiza su total impunidad; es una empresa que, junto con el Gobierno de la Ciudad, consideran al transporte público como un gran negocio y no como un derecho para los trabajadores y el pueblo en general”, advirtió e insistió en que “han aumentado el boleto aplicando latigazos, nosotras con Myriam Bregman hemos peleado contra ello y logramos frenar el tarifas hace un tiempo”.

A su vez explicó que “es una empresa que no sólo presta un pésimo servicio, sino que sigue teniendo asbesto que enferma a sus trabajadores pero que se le garantiza la impunidad y negocios millonarios” y señaló que “el subte tiene que ser un derecho, por eso debe ser estatizado y controlado por los y las trabajadores”.

Mientras que Marta Martínez (AyL) repudió “enérgicamente la decisión del Gobierno de la Ciudad respecto a que el subte siga en manos de Matrovías y del corrupto Roggio” y afirmó: “como lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, consideramos que ninguna empresa que preste un servicio público esté en manos privadas y sea un objeto de lucro empresario, y en este caso con mayor razón por los comprobados hechos de corrupción por parte de una empresa que vivió de subsidios millonarios mientras lo único que ofrecía es un pésimo servicio al pueblo”.

“Tal como lo hemos expuesto mediante un proyecto en la Legislatura, consideramos que el servicio de transporte de subterráneo tiene que ser público y administrado y dirigido por sus propixs trabajadorxs y comisiones de usuarios; dejar de ser un objeto de lucro; y al mismo tiempo llevar adelante una seria investigación para que Roggio le devuelva al pueblo todo lo que le ha robado durante tantos años, sea durante el gobierno kirchnerista, cuando estaba bajo jurisdicción nacional, como con el macrismo-larretismo luego del traspaso”, sentenció.