Entre debates calientes y sesiones eternas, se dispuso la extensión de las sesiones extraordinarias durante los meses de enero y febrero en el Congreso de la Nación. En vistas de la continuidad de la pandemia y la urgencia con la que se tenían que tratar algunos temas, creímos, ilusos nosotros, que la asiduidad laboral que sostuvo el Congreso el pasado 2020 se replicaría en los meses de verano. 

De más está decir que el trabajo realizado se basó en los proyectos oficiales, y que pocos, poquísimos, fueron los proyectos tratados de diferentes bloques de la oposición. Pero los auges de convergencia duraron poco, y al mismo tiempo que se profundiza la presión por realizar sesiones presenciales, también se alarga el stop general del trabajo legislativo. 

Estamos pisándole los talones a febrero, y ninguna de las cámaras de honorables ha dado comienzo a las sesiones extraordinarias, ni siquiera a los debates en comisiones. Esta disfuncionalidad la resuelve el oficialismo desde el Poder Ejecutivo con Decretos de Necesidad de Urgencia, relegando el papel del palacio de leyes, y la fomenta la oposición mayoritaria no dando a lugar a nuevos consensos. 

Sin ir más lejos, la presencialidad absoluta debería ser ya un debate caduco, puesto que el pueblo entero ha observado cómo con sesiones mixtas la labor parlamentaria resulta igual de fructífera. Pero además, quienes pregonan la vuelta de la presencialidad total no concuerdan con la premisa de vacunación a trabajadores/as de la HCDN – y del Congreso en general –, porque no auspician el carácter de esencial que tienen, y han tenido desde el inicio de la pandemia, los y las legisladores así como un número mínimo de trabajadores/as para garantizar el funcionamiento del Congreso. 

El poder legislativo es una de las tres patas esenciales del gobierno nacional, y tiene que funcionar sin trabas. No se puede ser adalid de la constitución, y consentir tan sueltamente que uno de los tres poderes del Estado quede cerrado, como nos tuvo acostumbrado tan a menudo el gobierno anterior. 

Entonces, la decisión caprichosa es no dejar trabajar. Mientras desde la oposición mayoritaria no se brindan ni apoyan pedidos para conseguir ese normal funcionamiento del Congreso que tanto reclaman, se permite al oficialismo conquistar avances a partir de DNU sin limitaciones. Pero aquí también juega el oficialismo en el Congreso, que con mayorías dadas para llamar a sesionar sin la necesidad de tener que contar con esa oposición obtusa, se queda cómodo bajo el manto de decisiones de Alberto Fernández y sus súper ministros. 

Pregunto yo: ¿Cuánto tiempo más deberemos los bloques pequeños y minoritarios, sostener la avanzada de trueques entre los grandes, mientras observamos sin más como nuestros proyectos duermen en los archivos de las comisiones, y nuestras provincias entran en crisis con cada parche irresoluble del Gobierno Nacional? 

¿Cuánto más deberemos esperar a que la necedad opositora deje de enceguecerlos, para que de una buena vez se sobrepase el papelón de argumentos repetidos sin sentido, llenos de cólera y trabas, para que se puedan abordar los problemas que sí impactan en las personas que representamos? 

Si ningún aspecto cambia, seguirá reinando la disfuncionalidad del Congreso con acuerdos tácitos entre perros y gatos, mostrando esa cara de un sistema de instituciones republicanas y autónomas sólo puestas para la foto de la modernidad.