La mesa del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados se reunió este miércoles en el Congreso y, tras el encuentro, se resolvió solicitarle al presidente del cuerpo, Sergio Massa, que se conformen las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión en la provincia de Formosa, para constatar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Gildo Insfrán.

De la reunión participaron el presidente de la bancada, Mario Negri (UCR); el vicepresidente primero de la Cámara baja, Omar De Marchi (Pro), el titular del bloque de la CC-ARI, Juan Manuel López; y los diputados Silvia Lospennato (Pro), Brenda Austin (UCR), Álvaro González (Pro) y Miguel Bazze (UCR).

Tras el encuentro, los legisladores difundieron un comunicado en el que revelaron que analizaron “la grave situación en la que viven las personas confinadas por el gobierno de Formosa en los centros de aislamiento y las múltiples violaciones a los derechos humanos que éstos padece”.

Entre las más graves, los opositores destacaron “la situación de menores de edad encerrados, quienes conviven -según las denuncias recibidas- hacinados, compartiendo camas con familiares y baños con adultos que no son de sus propias familias”.

Este martes, los miembros de JxC de las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión recibieron denuncias de las dos concejalas que fueron detenidas por hacer públicos estos hechos y varios testimonios de periodistas formoseños “a los que se les cercenan sus libertades y se los intimida para que no informen, así como los de otros ciudadanos que contaron sus experiencias”, aseguraron.

Según indicaron desde el interbloque, “los testimonios dan cuenta de situaciones que remiten a las épocas más oscuras de nuestro país: traslados nocturnos de personas a centros de alojamiento, seguimientos y causas penales contra las personas que expresan una opinión disidente en medios de comunicación o redes sociales, censura, denegación de la tramitación de hábeas corpus, personas que son sometidas a aislamiento por Covid durante más de 20 días pese a haber dado negativo en los test, impedimento de derecho de circulación y libre tránsito, detención ilegal de opositores, entre otros hechos actuados por agentes estatales, todos ellos absolutamente violatorios de garantías consagradas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que nuestro país es parte”.

Los testimonios serán incorporados a las denuncias ante la Justicia nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que los diputados han presentado en los últimos días. También se los pondrá a disposición de las organizaciones nacionales de DD.HH., a los que se insta a visitar los centros de aislamiento de la provincia de Formosa para constatar las denuncias y acompañar los reclamos judiciales.

Los diputados de JxC pidieron “la inmediata reunión en la provincia de Formosa” de las comisiones de Derechos Humanos, que preside el diputado Hugo Yasky, y de Libertad de Expresión, que preside el diputado Waldo Wolff. Para esto, informaron que se pedirá al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que “arbitre los medios para que los legisladores puedan ingresar a la provincia y que se respeten los fueros parlamentarios de los miembros de la delegación”.

Por otra parte, los diputados del Pro, la UCR y CC-ARI volvieron a insistir con el reclamo por las clases presenciales. “Luego de haber reclamado durante meses que se considere a la educación como una actividad esencial y se declare la emergencia educativa para hacer frente a la crítica situación, el interbloque de Juntos por el Cambio demanda que se tomen las medidas necesarias para garantizar en todo el país el retorno a la presencialidad, con protocolos sanitarios adecuados, para resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a una educación de calidad”, señalaron en el comunicado.

Y agregaron que “volver a las aulas expresa el compromiso de poner a la educación en el centro de la escena. El Gobierno nacional debe garantizar la presencia de los alumnos en las aulas y acompañar a las jurisdicciones provinciales con los recursos y medidas necesarias para ello. Una hoja de ruta clara es imprescindible para que las familias y la comunidad educativa conozcan, a poco de comenzar el año escolar, en qué condiciones empezarán las clases”.

Por último, a pedido de los diputados de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy y Tucumán, entre otros, se insistirá para que “el oficialismo incorpore la prórroga de la ley que beneficia la producción de biocombustibles en la primera sesión a la que se convoque, tal como fue comprometido por el presidente del cuerpo en el mes de diciembre”.