La diputada nacional Graciela Camaño (Consenso Federal – Buenos Aires) consideró que todos los temas puestos a consideración para tratar en extraordinarias “están en línea con las necesidades del Ejecutivo”, pero “excluyendo los temas que hacen a la reforma judicial”.

Respecto de esa referencia, estimó que “Argentina necesita una justicia en la que un vicepresidente condenado no esté cómodamente en su casa y un curso de organización de eventos le permita descontar pena”.

“Sí necesitamos una reforma judicial”, aclaró, pero advirtió que “las reformas judiciales, al ser el Poder Judicial un poder no electivo, requieren de un enorme consenso. Tiene que haber muchas voces que se escuchen, pero el consenso parlamentario no puede ser la cantidad de manos que se consigan”.

Entrevistada en Diputados TV, la diputada opositora comentó que hacia los finales del Gobierno de Cristina Kirchner “se planteó una reforma judicial sumamente ambiciosa, realmente interesante para la discusión política y parlamentaria, pero como el kirchnerismo tenía el número para poder sacarla sin necesidad de los demás partidos políticos, la votó. Y bueno, la Justicia, en algunos casos le falló en contra. Y la inconstitucionalizó (SIC)”.

En ese marco, agregó Camaño que el gobierno siguiente, de Cambiemos, “cometió el tremendo error de paralizar el cambio del sistema inquisitorio al acusatorio”.

“Los consensos que hacen falta son muy amplios”, señaló siempre a cuento de una reforma judicial, y puntualizó que durante el debate reciente “se requirió la opinión de mucha gente valiosa, pero no se les dio cabida a lo que se opinó. Tampoco fueron tenidas en cuenta opiniones de gente relacionada al propio oficialismo. “Hay falsedad cuando se dice que se consulta -expresó en ese sentido-. Los invitaste, pero no los escuchaste”.

Consultada sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal, Camaño aclaró que “no es irregular el nombramiento” del procurador general actua. “Es lo que prevé la propia ley; lo que no hay es un procurador que esté  nombrado, este es el problema. Pero la sucesión en el cargo está prevista ante la ausencia de consensos”.

Con relación a la reforma que cuenta con media sanción del Senado, consideró “correcto que existan controles sobre la acción de los fiscales”, sobre todo en el marco de un sistema acusatorio como es al que se va. “Pero en la medida justa: que no se vulnere el principio constitucional de un órgano independiente”, apuntó.

Lamentó entonces que durante el Gobierno anterior, por lo que atribuyó a “vanidades personales dentro del propio Cambiemos” se perdió “la oportunidad de poner el Ministerio Público Fiscal en equilibrio”.

Recordó que en el Gobierno de Macri se dio “una embestida muy fuerte” contra la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y en ese marco se constituyó la Comisión Bicameral de Control y de Asistencia al Ministerio Público Fiscal, que ella presidió. “La procuradora se fue del cargo, pero antes la revisamos de pie a cabeza en la comisión, determinándose que durante esa gestión se hizo todo ajustado a lo que la ley de Cristina Kirchner había propiciado.

“Sí, es necesaria una reforma a la ley de Ministerio Público, para tener un mejor control, pero tiene que ser muy sano el control, no de comisariato, que la política maneje la procuración”.