A las voces que provienen tanto desde la oposición como del propio oficialismo, diputados nacionales por Jujuy, que forman parte de Juntos por el Cambio, se sumaron este martes al pedido por el pronto tratamiento de la prórroga de la Ley de Biocombustibles.

En un comunicado titulado “Por las economías regionales, por el país y por el planeta”, los radicales Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti y el macrista Osmar Monaldi sostuvieron que “profundizar la política de promoción y producción de biocombustibles es una necesidad que expresamos por el futuro del país”.

“Es urgente la aprobación de la prórroga de la Ley 26.093 de Biocombustibles, por eso exigimos su inmediato tratamiento en sesiones extraordinarias en Diputados, con la convicción de que su promoción y producción configuran la posibilidad de un crecimiento sostenido y equilibrado del Noreste y Noroeste argentino y, consecuentemente, en el desarrollo equilibrado del país”, expresaron.

Los legisladores explicaron que “los biocombustibles resultan de vital importancia para la diversificación de la matriz energética, cumpliendo de esa forma con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático del año 2015, aprobado en nuestro país por Ley 27.270”.

“En nuestra provincia, desde 2016 transitamos el camino hacia Jujuy Verde, un programa con el que hemos establecido una meta de desarrollo con una política pública integral dirigida a mitigar el cambio climático, que tiene eje en las energías renovables, la gestión de residuos urbanos y el concepto de ciudadanía ambiental, y propone llegar a una huella de carbono neutral en la provincia para el año 2030”, destacaron.

Burgos, Rizzotti y Monaldi señalaron que “las bioenergías proponen un modelo de economía circular, en concordancia con la reciprocidad entre las personas y el ambiente que nos enseña la Pachamama, y que puede enmarcarse en el artículo 41 de la Constitución Nacional”.

“Tampoco puede desconocerse su impacto sobre las economías regionales y la creación de fuentes de trabajo, ya que hay 300.000 empleos directos e indirectos que dependen de la industria de los biocombustibles, con 54 plantas distribuidas en 10 provincias a lo largo del país. El régimen de promoción de la Ley 26.093 significó una verdadera política de Estado de industrialización de la ruralidad. Los biocombustibles sustituyeron importaciones de nafta y gasoil por más de 10.800 millones de dólares en el período 2010-2019, convirtiéndonos en los primeros años en el principal exportador a nivel mundial de biodiésel”, continuaron.

En ese sentido, los jujeños consideraron que “la prórroga del régimen no puede esperar, y por ello el proyecto en tratamiento es un paso adelante en el marco de esa transición. Estamos hablando de un recurso energético renovable que no busca reemplazar al diesel o a las naftas, sino complementar nuestra matriz energética mediante el aporte de un combustible de origen vegetal, menos contaminante y de producción nacional”.

“El desarrollo de la agroenergía y de los biocombustibles representa oportunidades en términos económicos, ambientales, sociales, laborales y estratégicos para toda la Argentina. Nos corresponde a nosotros como legisladores y legisladoras brindar las bases que puedan cimentar el desarrollo de estas nuevas fuentes energéticas”, concluyeron.