Con la presidencia de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FdT – Mendoza), los integrantes de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal realizaron un balance de la implementación del mismo en el distrito federal Salta. Durante la reunión expusieron el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Alejandro Castellanos; el presidente del Tribunal Oral Federal Nro.2 de Salta, Domingo Batule; el director de la Oficina Judicial de Salta, Joaquín Ruíz de los Llanos; el fiscal coordinador de distrito del Ministerio Público Fiscal, Eduardo José Villalba; la defensora pública coordinadora de distrito del Ministerio Público de la Defensa, Ana Clarisa Galán Muñoz.

El primero en hacer uso de la palabra fue Alejandro Castellanos, quien manifestó que “hay alta satisfacción por parte de los operadores del sistema” y que “la implementación del Sistema en esta jurisdicción Salta-Jujuy ha logrado superar las expectativas que teníamos en un comienzo”. A continuación, señaló que “no se pudo lograr lo que se denominó en su momento la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal” y que “entonces se acudieron a dos modificaciones: una normativa y una distribución de roles en función de tareas predeterminadas”.

“Lo más importante es como se ha verificado la consecución de los fines o los objetivos y principios sobre los que se apoya esta estructura”, prosiguió, al tiempo que destacó que “la resolución de los casos tiene tiempos que eran impensados antes de la puesta en funcionamiento de este Código”. 

Luego Santiago French, de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Salta, informó sobre el “porcentaje alto de soluciones de conflictos en la etapa previa al juicio” y resumió que “me parece que el control de acusación hay que dejarlo como está”.

“Creo que si ustedes piensan analizar algo vinculado al Colegio de jueces habría que analizar la cuestión vinculada a los jueces de juicio”, agregó, para manifestar a continuación su preocupación por la carrera judicial.

A su turno, Joaquín Ruíz de los Llanos resaltó que “es un logro de manera conjunta” ya que, a diferencia del sistema anterior, “acá el problema es de todos y nuestro principal problema es que el ciclo de la audiencia se cumpla en forma correcta y de manera eficiente respetando siempre el Código Procesal”. Además, apuntó que “resulta muy difícil desde el punto de vista del Poder Judicial cuando no están creados cargos normativamente y asignados a una determinada sección administrativa, secretaría o juzgado para poder integrar esto” y, desde el punto de vista funcional, resumió “ventajas y desventajas”.

Domingo Batule sostuvo que “todos los actores y actoras estamos consustanciados con las bondades del sistema acusatorio” y que “sin embargo en el caso de los tribunales orales federales la implementación del Código no vino acompañado de los recursos y las necesidades”.

En ese sentido, subrayó que “los tribunales orales federales de Salta, que son dos, como el de Jujuy no cuentan aún con las oficinas judiciales” y que “en el mes de septiembre ya empezaron a llegar las causas a los tribunales de juicio”.

“Hasta tanto no tengamos creada la oficina judicial, tengamos el director, esta implementación sigue deficitaria para los tribunales orales”, concluyó al tiempo que resumió también que “todo el tema de ejecución se ha incrementado notoriamente y no tenemos aún respuesta”.

En tanto, Ana Clarisa Galán Muñoz se refirió al “cambio de rol y de la postura que tiene que tener la defensa en el proceso penal” y detalló que “tuvimos que adaptar nuestros nuevos sistemas de trabajo”.

“Necesitamos, para llevar adelante el acusatorio, tener un sistema de contrapesos y para eso se requiere este principio de igualdad de armas”, prosiguió y señaló que “creemos que para que este sistema funcione realmente se necesita de una defensa pública o una defensa realmente empoderada”.

También consideró esta experiencia como “altamente positiva” por “la capacidad de respuesta del servicio de defensa en cuanto a la atención temprana, la continuidad de gestión que tratamos de tener de un mismo caso desde el inicio hasta el final del proceso por parte de un mismo defensor, creemos que también tenemos mejores respuestas de calidad hacia el sistema penal”.

Por último, Eduardo José Villalba se refirió a “las cuestiones que quedarían por mejorar” y afirmó que “la experiencia que yo puedo señalar es, desde todo punto de vista, satisfactoria”.

“En ningún caso se suplantó la audiencia oral por un escrito, este es un primer mérito innegable, incuestionable, y que con orgullo podemos replicar hacia las demás jurisdicciones”, destacó. “Hay dos cuestiones que deben prevalecer: la garantía del imputado y que el Ministerio Público debe ser más eficaz en la resolución del delito”.

Luego de las exposiciones de los invitados, algunos legisladores pidieron la palabra a la presidente de la comisión, Fernández Sagasti, para brindar sus opiniones respecto a la instrumentación del Código Procesal Penal Federal en el norte del país y en algunos casos realizar alguna consulta puntual sobre lo expresado en las exposiciones.

Los legisladores que tuvieron participación en la fase final del encuentro fueron los senadores santafesinos María de los Ángeles Sacnun (FdT) y Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio), el jujeño Guillermo Snopek (FdT) y el formoseño José Mayans (FdT), y los diputados María Gabriela Burgos (Jujuy-Juntos por el Cambio), Lucas Godoy (Salta-FdT) y Martín Soria (Río Negro-FdT).